Salvador Mazza es una localidad ubicada al norte de la provincia de Salta. Hasta la semana pasada ese lugar era popularmente conocido como “Pocitos”, hoy lo es porque su intendente, Carlos Villalva, fue demorado en un prostíbulo en el marco de un procedimiento contra la trata de personas.

La Auditoría General de esa provincia realizó un análisis en el ahora famoso municipio que tiene 106 observaciones de toda índole: legal, financiera, contable y presupuestaria. Se destacan los pocos días de trabajo del intendente y su asesor en la Dirección de Cultura, pagos de sueldo fuera de la normativa y eximición del pago de impuestos sin justificativo. Además, hay deudas a cobrar por casi $9,5 millones. Para dar una idea de lo que esa suma significa, el Municipio necesita para mantenerse $10 millones al año.

Parece ser que el municipio de “Pocitos” tiene problemas de dinero, o al menos eso deja en evidencia los “11 cheques emitidos por un total de $1,7 millones que fueron rechazados por falta de fondos entre enero y septiembre de 2011” y que derivaron en numerosos juicios.

Pese a ello, el equipo de auditores detectó un gran número de “condonaciones impositivas” ¿De qué se trata? Es el beneficio de no pagar algún impuesto o deuda. La medida se respaldó en una Ordenanza (016/09) a la que se hace referencia en el Código Tributario Municipal en donde se trataba a las "condonaciones". Sin embargo, con posterioridad se descubrió que ese punto “no había sido reglamentado por el Concejo Deliberante”.

La gravedad de la situación financiera de Salvador Mazza aumenta si se tiene en cuenta que, según la información brindada por el responsable de la Sección Contribuyentes ”el total de deudas a cobrar era de $9,4 millones de los cuales $1,6 millones eran por impuestos inmobiliarios, $6,7 por Servicios Retributivos y $1,1 eran por Automotores." Es decir, que pese a que hay un pasivo por casi $9,5 millones en concepto de impuestos el municipio se dio el lujo de exceptuar del pago a algunos ciudadanos sin ninguna normativa que lo avale. Como parámetro es importante mencionar que Salvador Mazza necesita para mantenerse $10 millones anuales.

Lo que el viento se llevó

El Municipio informó a la auditoría, que en el periodo comprendido entre julio de 2009 y agosto de 2010, la recaudación por la tasa de Reconstrucción de Pavimento fue de $2.3 millones. Además, expresó que ese dinero se destinó a varias obras por un total de $1.7 millones, aunque “no precisó más que el monto y el trabajo, por ejemplo ´bacheo´". Los auditores explicaron que “no solo no consiguieron documentación que respaldara esas sumas” sino que encima “entre lo supuestamente invertido y lo recaudado hay una diferencia de casi $635 mil”.

Sobre los subsidios otorgados con “Fondos Sociales”, la Auditoría “no pudo hacer un análisis” porque la intendencia de Salvador Mazza “no los registraba en sus Balances”, pese a que es una obligación según la Ley de Contabilidad. De un informe de la Contaduría General de la Provincia se desprende que entre mayo y agosto de 2010 se usaron $430 mil en concepto de pago a beneficiarios. Pero en cuanto a documentación y respaldo, a donde habrá ido ese dinero o bajo qué concepto estarán anotados es, por ahora, un misterio.

De casa al trabajo y del trabajo a casa

Para el intendente de Salvador Mazza y para su asesor de la Dirección de Cultura, Juan Carlos Aguirre, este precepto peronista no se cumple. Principalmente porque entre los meses de Junio y Julio de 2010 “fueron a trabajar solo 13 días”. Mediante diez resoluciones aprobadas con un mes de posterioridad se autorizó a ambos a “ausentarse del Municipio” por motivos como “la realización de gestiones inherentes a su cargo”.

Contrataciones que no cierran

Una es la de un asesor contable de apellido Acosta. Su contratación estaba aprobada por la resolución 3992/10 que desde el municipio modificaron para la auditoría. Como si fuera un juego, en el siguiente cuadro se pueden observar las diferencias, principalmente la de la retribución mensual.

Más de 100 dolores de cabeza en el municipio salteño de Salvador Mazza

Por otro lado, el Municipio firmó con el estudio jurídico Calvo Gainza y Asociados un contrato en donde “se acordaba canalizar a través de esta firma las causas judiciales y consultas legales, entre otras cuestiones”. El convenio estimaba el pago de $567 mil en total. Los auditores salteños encontraron dos detalles no menores: En primera instancia que “la intendencia estaría obligada a pagarle a un abogado de apellido Calvo Moscoso además de los aranceles pactados, los regulados por las costas fijadas”. En segundo lugar, se pactó que el mismo letrado “por el cobro de cada proceso judicial o extra judicial con grandes contribuyentes recibirá el 22% de lo recaudado”. Esto último, según destaca el informe aprobado en octubre de 2011, va en contra de la Ley de Aranceles de Abogados de la Provincia, además de no cumplir con el requisito de estar aprobado por el Concejo Deliberante.

Pago de sueldos

Pese a que “se dieron en concepto de Adelanto de Sueldo $ 505 mil, no había una reglamentación que autorizara ese beneficio”. Tampoco se había legislado sobre la posibilidad de que haya “personal con resolución”. Sin embargo, “en febrero de 2010 eran 58 las personas que estaban empleados bajo esa categoría, mientras que para septiembre de ese año eran 84”.

Y si de desbarajustes en cuanto a empleados hay que hablar, la Auditoría de Salta también incluyó dentro de su centenar de observaciones que “se compró un reloj para el control del personal pero al finalizar la auditoría, en septiembre, aún no se había instalado por no tener una computadora adecuada”.