La Auditoría General de la Nación aprobó un informe especial en virtud de la colaboración ofrecida por el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS), a la provincia de Neuquén para investigar una surgencia, es decir, un influjo natural no controlado, de un pozo provocando un derrame de petróleo en Vaca Muerta. 

El hecho ocurrió el 19 octubre de 2018 en el pozo La Caverna 26, ubicado dentro del área Bandurria Sur, Departamento de Añelo, provincia de Neuquén. El área es operada por YPF a partir de un acuerdo con la firma Schlumberger, celebrado en abril de 2017. La empresa informó que el incidente fue controlado 36 horas después.

La investigación que sustenta el análisis de la AGN se estructuró en dos fases: la primera releva la normativa aplicada al caso y la segunda, en entrevistas a funcionarios de jerarquía de las carteras intervinientes.

El reporte de Ambiente

Del pozo surgieron gas, fluidos con concentraciones de hidrocarburos y se produjo un derrame de líquido.

La entonces Secretaría de Ambiente de la Nación informó que del pozo surgieron gas, fluidos con concentraciones de hidrocarburos y se produjo un derrame de líquido en superficie en la misma locación. Además, se registró una lluvia a modo de spray que por la acción del viento se dispersó en forma de pluma hasta 2.000 metros de distancia en línea recta y 500 metros en su punto más ancho, afectando el suelo natural y la vegetación del lugar.

Seis días después del hecho intervino en el caso la Secretaría de Ambiente, cuando el subsecretario le envió una nota a su contraparte de la provincia de Neuquén explicándole que tomó conocimiento de manera informal del derrame. “En dicho contexto, y en el marco de colaboración que presta la Nación a las jurisdicciones locales respetando las competencias constitucionales, el titular de la Subsecretaría puso a disposición la totalidad de los equipos técnicos a los fines de colaborar y/o prestar asistencia”, explica la AGN.

El 15 de marzo de 2019, el PROSICO (Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados que funciona en el ámbito del actual MAyDS), emitió un memo por el cual informó que “de los antecedentes y actuaciones disponibles no surgen elementos que permitan confirmar analíticamente el alcance y magnitud de la afectación ocasionada sobre el suelo, aguas superficiales y/o aguas subterráneas por el incidente de fecha 19 de octubre de 2018”.

Además, desde el Programa en cuestión se aseguró que el plan de remediación planificado por YPF fue acorde con las prácticas recomendables para el caso, "no resultando esperable la persistencia de signos relevantes de afectación ambiental con posterioridad a la finalización de las tareas”. 

A partir de los procedimientos de auditoría llevados a cabo en la fase 2 (entrevistas), el Ministerio de Ambiente reiteró que las instancias de ofrecimiento de asistencia técnica fueron las efectuadas al momento de los hechos. Debido a que el seguimiento de la contingencia se encuentra en manos de la provincia, y ésta no solicitó asistencia técnica, la Nación no tuvo intervención. 

Las conclusiones del informe

En el informe especial de la AGN se concluyó que, del examen de la fase 1, el Ministerio de Ambiente no aprueba los Estudios de Impacto Ambiental de la actividad de exploración y explotación hidrocarburífera, no aprueba ni fiscaliza el sistema de generación de residuos peligrosos, ni es autoridad de aplicación de las leyes de protección ambiental de los recursos naturales en relación con el objeto de auditoría. 

Según AGN, las competencias ambientales referidas a la gestión del derrame le corresponden a Neuquén, ya que la provincia tiene dominio sobre los recursos que hay en su territorio. "Ocurrido un incidente ambiental, es la provincia quien está facultada para aprobar el plan de remediación y aplicar sanciones”, indica el informe.

La Nación, la provincia y el operador acordaron la necesidad de monitorear las tareas de remediación del incidente.

La ex Secretaría de Ambiente ofreció asistencia técnica a la autoridad de aplicación provincial y realizó un informe en función de relevamiento in situ en virtud de una solicitud realizada por la UFIMA del Ministerio Público Fiscal. “Dicho trabajo fue elaborado con información de YPF SA y no es vinculante ni para el operador ni para la autoridad de aplicación provincial”, explica el informe y agrega que tanto la Nación como la provincia y el operador acordaron la necesidad de monitorear las tareas de remediación del incidente, atribución que es exclusiva de la provincia.

En este caso, Neuquén cuenta con un marco jurídico ambiental autónomo y un régimen de regulación de la actividad hidrocarburífera y de gestión de residuos peligrosos, tales normas complementan el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Ley 25.675.