El programa Manos a la obra del Ministerio de Desarrollo Social “omite -en su sistema- los controles a la elegibilidad de los beneficiarios de los subsidios”. Por tanto, los fondos pueden ser transferidos a personas que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder al beneficio. Así lo observó la Auditoría General de la Nación (AGN).

El informe del organismo de control aclara que “éste sistema es la base de datos que utiliza el programa para verificar, por ejemplo, si el solicitante tiene empleo, bienes registrables o cobran algún tipo de pensión”. La falencia se registró “en 8 de 9 legajos analizados”.

El plan presupuestario 24 de Asistencia Técnica y Financiera para la Promoción de Empleo Social y el Desarrollo Local (del que depende el plan Manos a la Obra) tiene entre sus objetivos “promover la inclusión social a través de la generación de empleo, la participación en espacios comunitarios, el apoyo económico y financiero a emprendimientos productivos”, además de “la asistencia técnica y capacitación en proyectos de desarrollo y economía social para las unidades de producción y sus beneficiarios”. Para el ejercicio 2009 implicó un gasto de $110.064.580,34.

La AGN evaluó durante el período 2010-2011 dos de los planes que se encuentran dentro del programa presupuestario 24: el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, que contiene al programa de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cajade”, y el Programa de Ingreso al Trabajo (PRIST).

El primero tiene como finalidad “mejorar el ingreso de la población en situación de vulnerabilidad en todo el país”. Cada proyecto es presentado al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) por organismos gubernamentales y no gubernamentales. Organizaciones Administradoras, en la jerga del Programa. Estas organizaciones son las que reciben los fondos y rinden cuentas al Ministerio. El segundo, el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST), busca “capacitar en oficios a trabajadores y a organizarlos en forma de cooperativas, para lo que proponen asistencia técnica y otorgamiento de becas para su capacitación”. Los postulantes a este último plan “son preseleccionados por equipos técnicos del MDS en ciudades, barrios y asentamientos con alta vulnerabilidad social”. El otorgamiento de subsidios “se implementa a través de los Gobiernos Provinciales, Municipales y Cooperativas o Asociaciones Mutuales”.

En relación a ambos programas, la Auditoría indicó que “la cantidad de normas que rigen los distintos programas, sus constantes modificaciones y los cambios operados en la estructura organizativa y funcional no contribuyen a otorgar la necesaria precisión y claridad que su aplicación requiere”.

Por otro lado, la AGN señaló que dos de las Unidades Ejecutoras del programa “Manos a la Obra no cuenta con manuales de procedimiento y carecen de normativas que fijen los criterios formales para priorizar los proyectos” a subsidiar.

Análisis de expedientes

La Auditoría también indicó que en el caso de la cooperativa La Fortaleza, que pretende subsanar problemas habitacionales en la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires, se detectó “información inconsistente en el informe técnico sobre el avance de un proyecto, porque en el mismo se informaba sobre la adquisición de maquinas, herramientas e insumos y las facturas de compra tenían fecha posterior a dicho informe”. Es decir, cuando se elaboró el informe técnico estos materiales no habían sido comprados. En este ítem “se destinaron más de $78.643”.

Por otra parte, en algunos casos “tampoco consta en el acta de entrega de maquinarias -compradas por la Organización Administradora del subsidio- los beneficiaros finales del proyecto”. El informe cita como ejemplo un plan agroeducativo en Cañuelas en el que “de $546.752 se destinaron $68.095 a la compra de artefactos” de los que no se supo efectivamente si fueron traspasados a los solicitantes.

El informe, aprobado en diciembre de 2011, sostiene que “en los tres expedientes (de la muestra) de proyectos en los que se destinaron fondos a actividades de capacitación o asistencia técnica no figuran las constancias de la cantidad de cursos dictados, programas, objetivos, duración y participantes”. Por ejemplo, un proyecto de capacitación de tejido y otro de producción y comercialización a los que “se financió para formación por $59.840”. Existen además, otros 2 proyectos con la misma “deficiencia”: un emprendimiento de elaboración y venta de objetos de arte en cerámica al que se le asignaron $26.400 y un emprendimiento de “fortalecimiento de emprendedores” al que se destinaron $132.100 para asistencia técnica.