El “alto déficit” detectado en el mantenimiento de trenes “tiene consecuencias directas en la seguridad en el transporte”. De hecho, se detectó un “alto grado de deterioro de la infraestructura de vías y obras”. Hay penalidades por accidentes que aún no fueron efectivizadas y se señala a la Secretaría de Transporte como responsable por las demoras en la aplicación de multas.

Pese a existir un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a encontrarle un nuevo hogar a quienes viven en las márgenes del Riachuelo, solo se reubicaron 427 viviendas de las 3187 que debían moverse. Esta situación se torna más preocupante si se tiene en cuenta que para esta línea de acción se destinó, entre 2011 y 2015, casi el 41% del total de dinero aportado por la CABA para la cuenca.

Esto se registró pese a que, en el contrato, la concesionaria había afirmado la necesidad de proteger e incrementar la población. Un trabajo realizado por la Auditoría General de la Ciudad señala que las condiciones en que viven los animales no son las más adecuadas y que la empresa no tiene un plan de manejo para luchar contra la extinción de la fauna.

Entre 2003 y 2015, el Estado sumó gastos por más de 5 billones y medio de pesos y, en el mismo lapso, la llamada Función Control, que integra la Finalidad presupuestaria Administración Gubernamental, devengó $ 4.783 millones, es decir, el 0,086%. En mayor medida, los fondos se destinaron al funcionamiento de la AGN y la SIGEN. Especial El Auditor.info.

Se trata del Parque Nacional ubicado al sureste de Jujuy. La Auditoría evaluó la gestión ambiental del Yacimiento Petrolero Caimancito que está dentro de la reserva y que funcionó durante décadas pese a una ley que lo prohibía. El Estado desconoce los pasivos ambientales. Hay un río, que abastece de agua a todo un pueblo, contaminado.

El dato se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación que evaluó la gestión de la CNIA hasta 2014. Desde su origen, nunca se actualizó el mapa de uso de glifosato en la Argentina ni se realizaron acciones para sensibilizar e informar a la población. Por falta de personal y de insumos la información volcada en el boletín oficial del Ministerio de Salud “es poco confiable”.

El valor del metro cuadrado del 76,92% de las viviendas sociales superó el valor fijado. Muchas de las construcciones presentaron deficiencias que hacen que las casas sean inhabitables. La Fundación Madres de Plaza de Mayo no pagó las cargas sociales de los obreros y, al cierre del informe, no había sanción alguna. La Auditoría también detectó un sospechoso manejo de fondos públicos. Pero los verdaderos perjudicados son los de siempre, las familias que esperaban esas soluciones habitacionales.

En sus primeros cuatro años de gestión, la empresa española se había comprometido a destinar US$ 683.895.000 para comprar aviones y mejorar la infraestructura de Aerolíneas, pero gastó algo más de US$ 268 millones, un 39,2 % de lo estipulado. Además, de los 36 destinos internacionales incluidos en el plan de inversiones, no logró incorporar ninguno.

Se lo dijo una alumna discapacitada motriz a la AGN sobre la accesibilidad de los baños en la sede de Ciencias Sociales de la UBA. El organismo de control relevó el estado de las facultades en relación a las instalaciones que necesitan los estudiantes con movilidad o comunicación reducida y detectó que el 60% de los baños son inutilizables, el 36% de los ascensores no tienen el tamaño necesario ni la botonera para ciegos, y que no se cumple con el 4% de empleados con discapacidad que está establecido por Ley.

Ocurrió en un centro de salud de la localidad de Joaquín V. González, Salta, y lo detectó la Auditoría General de la Provincia de Salta, que agregó que tanto esa empleada como un chofer de la ambulancia eran “trabajadores informales”. En otra unidad sanitaria se observó que el laboratorio y la farmacia funcionaban sin habilitación y que hay ratas en el archivo de historias clínicas.