La Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza se creó el 8 de mayo de 2013, a través de la Ley 8345. En ese momento, con la designación de Juan Carlos González Olsina como defensor, la provincia se convirtió en la primera del país en contar con esa figura.

Se trata de un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional. Ejerce las funciones establecidas por la ley y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad contemplados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos de la administración pública provincial y municipal, prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas.

Para conocer más sobre este organismo pionero en Argentina, El Auditor.info dialogó con su titular, Juan Carlos Gonzalez Olsina en el marco de la serie de entrevistas Defensores de la Argentina.

- ¿Cuándo y cómo surge la defensoría?

La Defensoría tiene su origen para cubrir todos los tratamientos de personas con discapacidad. Gracias a la visibilidad que habían adquirido por primera vez las organizaciones de personas con discapacidad, se da la creación inspirada en las defensorías del pueblo de las provincias, pero específicamente para personas con discapacidad. A través de un gran coraje legislativo comienza a funcionar en 2013 y tiene como misión la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad, contra las personas jurídicas, privadas, individuales o colectivas, o contra el Estado.

- ¿Cuál es la tarea del defensor de las personas con discapacidad?

La defensa y protección de las personas con discapacidad, en tanto sean vulnerados en razón de esa discapacidad. Intervenimos por denuncia u oficio ante posibles vulneraciones de derechos.

- ¿Cómo trabaja la Defensoría de las Personas con Discapacidad? ¿Tienen sedes en localidades?

Tiene una sede central y mucha recepción de situaciones a partir de todos los medios virtuales y electrónicos, nos contactan por redes sociales o por teléfono. A través de convenios con la Universidad Nacional de Cuyo y distintos municipios buscamos federalizar y dar equidad geográfica a la gestión de la Defensoría.

X de Juan Carlos Gonzalez Olsina

- ¿Cómo es el vínculo que tiene con la ciudadanía? ¿La ciudadanía conoce la función de la Defensoría?

Nos costó mucho, pero sí. La Defensoría se fue haciendo conocida a través de logros individuales y colectivos. Se hizo camino al andar, porque es un organismo relativamente nuevo en el que tuvimos la necesidad de ir generando los procesos de gestión y, al mismo tiempo, es una gestión que está en proceso. Cada situación es trabajada de acuerdo a protocolos, donde estrictamente se sabe quién gestiona y cómo se resuelve. Intervenimos en situaciones colectivas complejas, como la quita de pensiones en 2017. También fuimos el primer organismo del país en hacer un juicio por la mora de entrega de pensiones y estuvimos presentes en el Caso Próvolo. Esas instancias colectivas hicieron que la defensoría ingrese en la consideración de la opinión pública.

- ¿Cuáles son las consultas o reclamos que más reciben?

El 54% de las denuncias tienen que ver con salud. De ese número, el 98% tiene que ver con falta de cobertura por parte de obras sociales y del Plan Incluir Salud. Es la mayor demanda. Esto durante la pandemia se agudizó, porque todo resultó más necesario y al mismo tiempo aumentaron los casos de incumplimiento, parecía que nadie podía reclamar nada. En ese momento entramos en una especie de mayor desprotección, que es lo contrario a lo que se busca en una catástrofe humanitaria.

- ¿Cuáles son las expectativas para este año?

En la Defensoría intentamos trabajar no en base a expectativas personales, sino en base a la información que nos brindan los datos. Una política pública se tiene que basar en la realidad material de las personas. Por eso sistematizamos los datos, los analizamos y eso nos permite proyectar. En el primer trimestre del año registramos un aumento en situaciones que remiten a la extrema vulnerabilidad socioeconómica de las personas, por ejemplo, el aumento de personas en situación de calle, denuncias por falta de cobertura de obras sociales. Eso nos permite ver que va a ser un año bastante intenso en relación a la vulneración de derechos.

- ¿Cuál es la importancia que tiene el rol del Defensor?

La figura del Ombudsman, que fue incorporada en la reforma del 94, mucho tenemos que agradecerle a varios personajes de aquel momento, pero sobre todo a Alfonsín, porque estos institutos están precisamente diseñados para mediar entre las estructuras burocráticas del Estado y las personas como sujetos de derecho. Por eso, las defensorías tenemos una misión eminentemente prejudicial. Si bien la repartición republicana hace que el Poder Judicial tenga la defensa de las personas, se necesitaba específicamente en Argentina estas instancias que puedan resolver situaciones de vulneraciones de derechos en base al marco institucional, respetando la formalidad del derecho, pero de manera más expeditiva, mediada y personalizada. Así se abrió la posibilidad de que esta figura se generalice a las provincias, a poblaciones específicas e incluso a localidades puntuales. La figura del Defensor del Pueblo de la Nación nos abrió más puertas de las que habitualmente pueden verse.

- ¿Cuáles son los desafíos de un Defensor?

El desafío a nivel utópico, el que no va a ocurrir, es el que nuestra existencia no tuviera sentido. Porque en ese caso los derechos humanos tendrían un amplio respeto. Quizás por el mismo proceso de generación de los derechos humanos es que la figura del Defensor existe y es desafiada ante la vulneración de esos derechos. El desafío concreto, y que nos convoca, es estar al lado de las personas cuyos derechos son conculcados. Muchas veces podemos resolver y otras veces no y en esas oportunidades será la justicia la que siga acompañando a la persona. Pero sin duda estar al lado.

- ¿Qué implica que en Argentina no haya Defensor designado hace 15 años?

Implica un problema más allá de lo institucional. Sociológicamente es un hueco de exclusión que parte de la inexistencia y por lo tanto genera desprotección de ciudadanía. En segundo lugar creo que es una deuda histórica de la política resolver esta cuestión. Los partidos que pasaron por el Poder Ejecutivo o el Legislativo nacional no pudieron acordar y en definitiva hacer política.

- En estos 15 años, ¿En qué situaciones hubiera sido importante que haya un Defensor del Pueblo de Nación?

Tenemos muchos problemas relacionados a los derechos de incidencia colectiva. Medioambiente es un tema fundamental en ese sentido y por supuesto con la decadencia económica que viene sufriendo nuestro país en estos años entiendo que hubiese sido fundamental trabajar en las poblaciones de exclusión.