Luego de extensos debates de la Convención Constituyente, el 15 de diciembre de 1994 se sancionó la Ley 24.430 que aprobó la modificación de la Constitución Nacional Argentina, vigente desde 1853 con algunas enmiendas. Entre los cambios introducidos, se destacaron la reelección presidencial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos, entre otros.

Una de las modificaciones más relevantes fue la incorporación, con la máxima jerarquía normativa, de tratados internacionales de derechos humanos que ampliaron considerablemente las garantías en esta materia, luego de las graves violaciones ocurridas en la última dictadura militar.

Con la reforma, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Defensoría del Pueblo alcanzaron rango constitucional que les permitió establecerse como organismos de control sobre el Poder Ejecutivo. 

Mandatos más cortos y reelección habilitada

Otra novedad fue habilitar la reelección presidencial inmediata por un periodo más. Hasta el momento no estaba permitido que el presidente en ejercicio se postulara para un nuevo mandato de forma consecutiva. Asimismo, el período de mandato ejecutivo pasó de 6 a 4 años. El Ejecutivo, además, amplió su posibilidad de legislar a través de la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En tanto, en el Legislativo, se acotaron los mandatos de los senadores nacionales de 9 a 6 años y se flexibilizó la reelección indefinida de diputados y senadores. En esta línea, se incluyó la paridad de género en las listas electorales para cargos legislativos, aunque sin precisiones sobre su implementación efectiva.

Se amplió el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional a nueve meses. Y se facilitó el acceso a la justicia de los ciudadanos al incorporar, por ejemplo, las acciones de amparo individual o colectivo.

Por otro lado, se le otorgó autonomía política al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyos habitantes pueden ahora elegir directamente a su Jefe de Gobierno a través del voto popular.

Conforme a los cambios, se incorporó la figura del Jefe de Gabinete, designado por el Presidente, pero con responsabilidad política ante el Congreso como la elaboración de informes mensuales sobre el estado del mismo.

A nivel territorial, se modificó el régimen de coparticipación impositiva entre Nación y provincias, facilitando la descentralización y transferencias de fondos a los gobiernos provinciales y municipales.

Justicia y nuevos derechos

Se transformó al Ministerio Público Fiscal en un órgano autónomo. Respecto de la designación de jueces de la Corte Suprema, se mantuvo el mismo procedimiento pero se agregó el requisito de mayoría de dos tercios de los presentes del Senado.

Asimismo, la reforma creó instituciones como el Consejo de la Magistratura, encargado de llevar adelante los concursos públicos y la designación transparente de jueces federales con acuerdo del Senado. Además habilitó herramientas judiciales como el amparo colectivo.

También, el derecho a la iniciativa popular, es decir, el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley y la consulta popular de determinados proyectos de ley.

Y se incorporó una serie de derechos: al medio ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, el secreto de la fuente periodística, y los derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 124 de la Constitución establece, además, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Proceso de la Reforma

En junio de 1994, el ex presidente Carlos Saúl Menem convocó a una Convención Constituyente para reformar la Constitución de 1853. Se eligieron 305 representantes que se reunieron en agosto de ese año para debatir las reformas. Fue el órgano conformado para redactar, reformar o modificar la Constitución

El Pacto de Olivos fue el acuerdo clave entre los partidos políticos para llevar adelante la reforma. El texto fue sometido a referéndum nacional el 30 de ese mismo mes y fue aprobado por el 77% de los votantes.

Según datos oficiales, el Partido Justicialista y sus aliados obtuvieron 137 bancas, siendo la fuerza más votada. Le siguió la Unión Cívica Radical con 74 bancas. El tercer bloque en importancia fue el Frente Grande con 31 bancas.

Tras 10 años de recuperar la democracia, existía consenso sobre la necesidad de reformar la Constitución para resolver problemas de legitimidad y modernización. El entonces presidente Carlos Menem impulsó el proceso, que cristalizó con el Pacto de Olivos entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical denominada “Núcleo de Coincidencias Básicas”, que establecía la votación en bloque, por afirmativa o por la negativa, condicionamiento conocido como “cláusula cerrojo”.

A 30 años de aquella reforma aún queda camino por recorrer en temas como la representación de las minorías o la igualdad de género. Pero al mismo tiempo, dicha modificación permitió adecuar la carta magna a la actualidad.