ODS 1: hacia el fin de la pobreza

El fin de la pobreza es un concepto que suele escucharse en los discursos de gobernantes a la hora de exponer sus más grandes anhelos. Pero, cuando traemos esta idea al territorio, ¿qué se hace para erradicar la pobreza en Argentina?

En el 2015, nuestro país adhirió a la Agenda 2030. En este proyecto global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso 17 objetivos, compuestos por 169 metas, que persiguen mejorar la calidad de vida de la población, y mitigar o disminuir diferentes problemáticas alrededor del mundo.

El primero de estos 17 puntos, que se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), plantea ponerle fin a la pobreza. 

A partir de estas premisas, que son una herramienta de planificación y seguimiento para los países, se recomienda a los gobiernos la creación de un marco de articulación y coordinación de estrategias internas para proyectar, ejecutar y supervisar programas e iniciativas con relación a estos propósitos. Es decir, cada país adherente debe seleccionar y adaptar las metas propuestas por la ONU a las necesidades y problemáticas locales.

De las 169 metas planteadas a nivel mundial, Argentina seleccionó 88 y, por medio de cuatro ejes, se delinearon medidas concretas que asignan responsabilidades a diversos organismos en función de abordar el mencionado ODS 1: Fin de la Pobreza.

Con respecto a estas medidas, la Auditoría General de la Nación llevó a cabo una revisión de las gestiones realizadas durante los primeros 4 años de su implementación y los hallazgos expusieron recortes a los programas preexistentes, reducción de beneficiarios de distintos planes de ayuda y poca relación con las metas planteadas como ejes principales del objetivo.  

Las metas

Cada ODS está compuesto por distintas metas que proponen aspectos a abordar dentro de la complejidad de la pobreza. El ODS 1 está formado por cuatro:

Meta 1.2

La meta 1.2 pretende reducir al menos a la mitad la porción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con respecto a las definiciones nacionales.

Para esta meta se implementaron las siguientes intervenciones:

• Las políticas de Seguridad y Soberanía Alimentaria son necesarias para garantizar la alimentación de toda la población, enfatizando los sectores más carenciados.
• Se priorizaron los hogares con titulares de la Asignación Universal por Hijo con niñas y niños de hasta 14 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se brinda una especial atención a adultos mayores y adolescentes con dificultad para acceder a una alimentación adecuada.
• El principal componente del plan que contribuyó de manera directa a esta meta es la Prestación Alimentar. Según el Informe País 2023, en marzo de ese mismo año, el número de titulares de la misma fue de 2.376.387, lo que representó una inversión de $38.779.601.000 y los destinatarios fueron 3.968.679 personas, entre las cuales 3.831.417 son hijos menores de hasta 14 años; 61.508, hijos con discapacidad; y 75.754, embarazadas. El incremento en el monto de la tarjeta entre abril 2021 y febrero 2023 fue de 52% respecto de los titulares, 94% en la cantidad de destinatarios y 266% en la inversión mensual. El promedio per cápita de la inversión total de la prestación respecto a la población nacional es de $15.971.
• También existían otros programas que contribuían a asegurar la alimentación de las personas. Actualmente se encuentran en suspenso por el cambio de gestión, a la espera de definiciones.

Meta 1.3

La meta 1.3 persigue poner en práctica, a nivel nacional, sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Para esta meta se encuentran las siguientes intervenciones:

• Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes. La Ley 27.675 da respuesta integral al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Además, se amplió la cobertura de la seguridad social para personal de casas particulares mediante el cual se disponen medidas orientadas a trabajadores y trabajadoras.
• La Ley 27.674 Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer brinda una asistencia económica para quienes poseen esta enfermedad y residen en el país durante el período que abarque su tratamiento. Cada niño, niña y adolescente dispone del efectivo acceso a los recursos de la seguridad social, siempre y cuando se haya adoptado una medida de protección excepcional y permanezca en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado.

Meta 1.4

La meta 1.4 propone, de aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

Para esta meta se destacan las siguientes iniciativas:

• El Registro Nacional de Barrios Populares que registra los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de particulares, donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas. En 2021, el Ministerio de Desarrollo Social, actual Capital Humano, inició la reapertura del RENABAP con el objetivo de actualizar la información sobre los barrios existentes en el país, incluir aquellos constituidos entre 2016 y 2018, y contemplar asimismo los asentamientos rurales que habían quedado excluidos del registro de 2016.
• A su vez, el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares tiene por objetivo financiar la elaboración e implementar proyectos de integración socio urbana para los barrios que están inscriptos en el mismo, según datos de fines de abril de 2023, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023 se financiaron 931 proyectos para 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• El Programa de Integración Socio Urbana PISU-BID que promueve la integración de los barrios vulnerables del país optimizando las condiciones sanitarias y energéticas de los hogares. Se trata de la primera vez que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habilita un préstamo para que sea ejecutado por organismos de la sociedad civil, reconociendo en esta acción las capacidades técnicas y administrativas de las entidades de la economía popular en el desarrollo de las obras.
• El programa Mi Pieza, originado en 2021, busca el mejoramiento, refacción y/o ampliación de viviendas a través de subsidios a mujeres que residen en barrios populares registrados por el RENABAP para la adquisición de materiales y contratación de mano de obra local. 

Meta 1.5

En cuanto a la meta 1.5, procura fomentar la resiliencia de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones como desastres económicos, sociales y ambientales.

Para esta meta se destacan las siguientes intervenciones:

• El Programa de Mejoramiento de Barrios (ProMeBa) tiene como objetivo favorecer la calidad de vida de sus habitantes, generando una integración de los segmentos más pobres de la población, mediante la mejora sustentable de hogares a través de la legalización de la tenencia de la tierra, la provisión de infraestructura, saneamiento ambiental y equipamiento social (agua potable, cloacas, drenaje, desagües, distribución de gas, electrificación, alumbrado público, construcción de red vial, áreas verdes y criterios de eficiencia energética).
• El Programa Integral de Hábitat y Vivienda contribuye al proceso de universalizar el acceso a la vivienda formal y a la mejora integral del hábitat a nivel nacional a través de un crédito hipotecario con un subsidio al capital.
• El Programa Integral del Hábitat que promueve la sostenibilidad de largo plazo mediante el abordaje del déficit en infraestructura y servicios urbanos a través de obras e infraestructura básica.
• El Programa Casa Propia - Construir Futuro que tiene por objetivo generar 264 mil soluciones habitacionales en todo el territorio nacional durante el trienio 2021/2023. Funciona a través de distintas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas, refacciones o ampliaciones para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica, la provisión de equipamiento comunitario y el otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios y/o para construir.

Estos programas, al igual que los anteriormente mencionados, se encuentran en suspenso por el cambio de gestión.

Recursos presupuestarios

Durante el 2022 se observó que el gasto vinculado con la atención del ODS 1- Fin de la Pobreza ascendió a $8.735.011 millones representando el 10,6% del PBI y el 54,7% del Gasto Primario de la Administración Nacional.

• La Meta 1.2 ejecutó 1.560.673 millones de pesos.
• La Meta 1.3 ejecutó 7.977.022 millones de pesos.
• La Meta 1.4 ejecutó 239.795 millones de pesos.
• La Meta 1.5 ejecutó 8.366 millones de pesos.

Por otro lado, el Informe País 2023 arrojó algunas precisiones sobre la implementación y el seguimiento de estos propósitos. 

La pobreza y la indigencia en Argentina tuvieron picos muy altos durante la pandemia de COVID-19 en 2020, superando el 42% y 10% de la población respectivamente. Si bien mostraron cierta mejoría en 2021, volvieron a ascender en 2022 debido a la aceleración inflacionaria.

Dentro de los grupos poblacionales, los más afectados por la pobreza son las niñas, niños y adolescentes. También se observa una mayor incidencia de la pobreza en los hogares con jefatura femenina en comparación con los de jefatura masculina.

En cuanto a la composición de las viviendas, la mitad de los hogares pobres con mujeres como jefas de hogar están formados por ellas y sus hijos, sin la presencia de una pareja. En cambio, sólo 1 de cada 10 hogares pobres con jefe varón responde a esta conformación.

Los barrios populares siguen siendo uno de los focos principales de la exclusión social y la pobreza estructural en Argentina. Se estima que en ellos viven alrededor de 4 millones de personas sin acceso formal a servicios básicos ni titularidad de la tierra.

Si bien en 2018 se sancionó la Ley de Regularización Dominial de Barrios Populares, que declara de interés público su integración urbana, los avances en la efectiva integración de estos barrios han sido lentos. Sólo 1 de cada 10 hogares de barrios populares ha obtenido hasta el momento el Certificado de Vivienda Familiar.

Resolver la situación de pobreza y exclusión de los barrios populares sigue siendo una deuda pendiente del Estado Argentino. Se necesitan políticas activas e integrales de urbanización, regularización dominial, inclusión social y laboral para transformar definitivamente la realidad de marginalidad que atraviesa la población históricamente.