El Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño elaboró un informe con 10 recomendaciones claves al Gobierno de la Ciudad sobre la problemática de la integración sociourbana en los barrios populares o villas. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las más de 500 mil personas que habitan en estos asentamientos informales.

Para el MPD, el gobierno porteño avanzó en la infraestructura de cuatro de las más de 30 villas existentes en la Ciudad.

En el documento se indica que si bien el Gobierno de la Ciudad avanzó en una política de integración sociourbana de barrios populares lo hizo “de manera limitada por su focalización en unos pocos lugares" y eso implicó una inversión significativa en la construcción de nuevas viviendas y el tendido de redes de infraestructura “en cuatro de las más de 30 villas existentes”.

No obstante, según los datos oficiales que proporciona el Registro Público de Villas y Asentamientos Precarios, en la Ciudad existen 218 barrios marginales que ocupan una superficie total de alrededor de 600 hectáreas. Esto equivale aproximadamente al 6% de la superficie total de la CABA.

Hace más de 15 años que el MPD aborda la problemática de la integración sociourbana en los barrios populares con leyes de urbanización como ser en la Villa 20, Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Playón de Chacarita o en Los Piletones. A su vez, el organismo actúa en los barrios Padre Mugica, El Pueblito y Magaldi, dos de los asentamientos involucrados en la Causa Mendoza.

Garantizar derechos

En comunicación con El Auditor.info, el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Integración del Ministerio de la Defensa Pública porteña, explicó que desde el organismo llevan años trabajando en garantizar el derecho a una vivienda digna a los habitantes de las villas y asentamientos de la Ciudad.

Freire señaló que la Defensoría presenta acciones judiciales, tanto individuales como colectivas, reclamando el cumplimiento de este derecho consagrado en la Constitución local y en tratados internacionales. Como ejemplos mencionó que realizan amparos habitacionales e impulsan causas por los derechos de las personas en situación de calle y de quienes residen en barrios populares.

El funcionario remarcó que “uno de los ejes centrales de su labor es hacer cumplir lo establecido en el artículo 31 de la Constitución porteña, que reconoce expresamente el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado”. En ese contexto es que en 2022 crearon una unidad especializada en los procesos de urbanización e integración social de las villas de la Ciudad, para reforzar su intervención.

Así, indicó que actualmente intervienen en casos judiciales de barrios como Los Piletones y la Villa 21-24, abordando problemáticas de infraestructura, servicios públicos y condiciones eléctricas, a la vez que acompañan a los vecinos en las mesas de gestión participativa para la reurbanización. El objetivo, enfatizó, que “es garantizar el acceso a la justicia y los derechos humanos de los habitantes de estos barrios vulnerables”.

Las recomendaciones

El Ministerio Público de la Defensa, dependiente de la Defensoría de la Nación, recomiendó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las siguientes medidas para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en barrios populares:

  • Inversión presupuestaria que garantice el cumplimiento de las planificaciones ya asumidas, así como las promesas judiciales pendientes. 
  • Espacios participativos para que los habitantes de los barrios puedan ser parte del diseño, análisis y control de la ejecución de las políticas públicas que les afectan directamente.
  • Procesos de reurbanización y relocalización que brinden la participación activa de sus habitantes al momento de la toma de decisiones.
  • Provisión de infraestructura pública y domiciliaria, es decir suministrar agua potable, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, asfalto, veredas, recolección de residuos, y redes de comunicación e información al igual, como está garantizado para el resto de la Ciudad.
  • Acciones para paliar las emergencias debido a que muchas familias esperan ser relocalizadas o acceder a una solución habitacional definitiva. En la actualidad existen viviendas con condiciones precarias que atentan con la salud e integridad de sus habitantes. También se debe asegurar la vivienda de quienes sufren violencia de género, situaciones graves de salud, o la imposibilidad de arreglo de dichas viviendas.
  • Problemática habitacional de las familias inquilinas que habitan en los barrios en proceso de reurbanización y relocalización en donde se contemple el apoyo económico ante contingencias que pongan en riesgo la permanencia en la vivienda, la regulación de los acuerdos de alquiler y las medidas de protección para grupos vulnerables.
  • Sustentabilidad de los consorcios de los nuevos complejos habitacionales que regule el mantenimiento como ser apoyo técnico, capacitación, financiación, dictado de normativas especiales y mecanismos para la resolución de conflictos de convivencia.
  • Permanencia de los habitantes en los barrios diseñando políticas que prevengan la gentrificación.
  • Seguridad en la tenencia para que se reconozca su historia como productores del espacio que habitan y se pueda avanzar con el proceso de regularización dominial. Los títulos de propiedad de viviendas deberán ser acompañados de medidas que afiancen la adecuada provisión de los servicios de infraestructura y del control en la calidad de dichos espacios.
  • Incorporación progresiva de políticas de integración sociourbana a todas las Villas de la Ciudad para que se les permita el desarrollo de proyectos integrales y que se lleven adelante los mismos estándares en materia de cumplimiento de derechos para todas las familias.
Del Instagram de mpdefensacaba