El Ministerio Público de la Defensa presentó su informe de gestión anual
Se destacaron dificultades presupuestarias por no contar con una ley de gastos y recursos. Además se enumeraron sugerencias de su unidad de auditorías internas, entre las que se encuentran avanzar en la despapelización, la firma digital y rendir los gastos de caja chica en el sistema de Gestión Documental Electrónica.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, presentó ante el Congreso el informe de gestión de 2020 del Ministerio Público de la Defensa (MPD). En el documento se detallan los trabajos realizados durante el año pasado y se enumeran recomendaciones que presentó su auditoría interna con el fin de mejorar el funcionamiento.
El Ministerio Público de la Defensa es una institución que se encarga de la protección de los derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, especialmente para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Una de las cuestiones que destacó el el informe del MPD es que durante el año se buscó “reforzar los vínculos con la comunidad a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos y todas, para difundir con lenguaje claro y llano las actividades del Ministerio”. Concretamente, se refirió a la promoción de sus trabajos a través las redes sociales de la institución, de actividades, comunicados y diversas campañas para garantizar “el más amplio acceso a la justicia, como medio fundamental para proteger los derechos humanos”.
Pese a lo positivo, el documento también señaló que el aspecto presupuestario fue problemático y que fue uno de los años más difíciles en ese sentido. Según explicó, en 2020 sufrió una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos por no contarse con una ley de presupuesto de gastos y recursos. En este sentido, aclaró que se continúa operando con una prórroga del presupuesto 2019. El informe argumentó que la asignación de recursos no reflejó las necesidades de MPD y que además se debió incurrir en mayores gastos por la prevención del coronavirus. De los montos asignados se ejecutó el 99 % y “se llevaron adelante licitaciones para la adquisición de equipamiento informático”. También finalizaron varias obras de reciclado y ampliación de los inmuebles del interior del país y en CABA.
Reformas
Dentro del MPD se encuentra la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión, el área responsable de las tareas de control interno. Esta actividad se lleva adelante a través de una planificación anual que se somete a consideración y aprobación de la Defensora General de la Nación. Cabe señalar que los proyectos de auditoría son ejecutados por las tres unidades: Unidad de Control Financiero Contable, Unidad de Control de Gestión y Unidad de Declaraciones Juradas.
En el informe anual se muestran una serie de modificaciones o mejoras sugeridas por esta UAI. Entre ellas, solicitaron nuevamente la despapelización del MPD: “Se debe avanzar sobre la elaboración de una reglamentación que estipule los plazos de conservación y destrucción de toda la documentación propia del Ministerio Público de la Defensa a fin de reducir costos, el consumo de papel y optimizar el espacio físico destinado para su resguardo”. En este sentido, la UAI recordó que ha impulsado diversas propuestas para la implementación de la firma digital, en el marco de lo establecido en la ley 25.506, y las disposiciones de la ley 27.446 de desburocratización y simplificación de la administración pública, a los efectos de contribuir a mejorar la gestión.
El informe argumentó que la asignación de recursos no reflejó las necesidades de MPD y que se debió incurrir en mayores gastos por la prevención del coronavirus.
La UAI expresó que además se debe dictar una normativa interna “que establezca pautas en relación con el monto del perjuicio fiscal, así como también fije los lineamientos para la declaración de incobrabilidad de deudas para el organismo”. Esta solicitud se debe a que, por analogía, se aplica la normativa vigente en el Sector Público Nacional.
Respecto a sistemas digitales, consideraron que la rendición de caja chica y gastos de funcionamiento se debe realizar a través de Gestión Documental Electrónica (GDE), dado que permitirá facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información, y posibilitará la reducción de los plazos de tramitaciones.
“A fin de lograr un entorno confiable y concomitante al proceso de digitalización de las distintas tramitaciones, documentaciones y sistemas dentro del Ministerio Público, se propone efectuar periódicamente pruebas de detección de vulnerabilidades sobre la infraestructura informática del organismo a fin de determinar el riesgo y las debilidades emergentes, para así implementar acciones y estrategias de seguridad que garanticen el resguardo de la información que produce y gestiona el organismo”, agregaron desde la auditoría interna.
Por último, con el fin de garantizar la seguridad física y lógica de la información generada por el organismo, evitar daños en las instalaciones, asegurar el correcto funcionamiento de los servidores y prevenir fallas en la conectividad, sugirieron “acondicionar todos los espacios donde se encuentran alojados los centros de almacenamiento de datos a fin de minimizar todo tipo de riesgos físicos y materiales que puedan afectar los dispositivos y, por ende, la provisión del servicio que con los avances en los sistemas de tecnología de la información resultan indispensables para una adecuada prestación del servicio de defensa pública”, concluyeron.