Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil le enviaron una carta al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, expresando su disconformidad con la selección del abogado Gustavo Juan Fuertes para ocupar la dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. Según explican, el elegido debe tener un “alto compromiso con la temática y probada idoneidad en la materia, algo que la ley exige en su artículo 20”. 

En la misiva calificaron de “preocupante” la candidatura presentada por el Jefe de Gabinete, dado que “no cuenta con la trayectoria y los antecedentes suficientes en la materia para satisfacer los estándares que la normativa exige y que resultan necesarios para encabezar un organismo de control de tamaña relevancia”. De esta manera subrayaron que esta designación podría representar “un fuerte retroceso en los parámetros de idoneidad y autonomía previstos para este órgano por parte del Congreso de la Nación”.

La misiva comienza argumentando que el Estado “ha realizado algunos esfuerzos en el sentido de una progresiva transformación en materia de transparencia y apertura a la ciudadanía”. Destacan que la adhesión de la Argentina a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2013 y la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016, fueron dos hitos muy relevantes. Por otra parte, señalan que la creación de órganos autónomos de control encargados de velar por la protección del derecho de acceso a la información en los distintos poderes fue fundamental para las organizaciones.

Pese a ello, remarcaron la necesidad de que haya una participación activa de la ciudadanía en la elección del candidato, de manera que el mismo esté legitimado por las contribuciones de todos los actores, dado el rol fundamental que cumple la AAIP para la protección del derecho a la información. En este sentido, recordaron que la Agencia debe resolver los reclamos de los peticionarios, monitorear la publicación proactiva de información, garantizar que se apliquen los mejores estándares en la materia y estimular un Estado Abierto basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Además, expresaron que la designación de un titular es fundamental dado el desarrollo tecnológico de los últimos años. “En épocas en las que la transformación digital ha multiplicado el uso, y por ende la vulnerabilidad, de los datos más sensibles de las personas, resulta imprescindible asegurar la existencia de un órgano que vele de forma efectiva y a la altura de los desafíos presentes y futuros, por la protección del derecho a la privacidad”, remarcaron las organizaciones.

La carta fue firmada por las organizaciones Laboratorio de Políticas Públicas, Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Huésped, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Directorio Legislativo y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).