La Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la resolución 100/2021, propuso al abogado Gustavo Juan Fuertes para el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El próximo 23 de marzo a la 9 de la mañana se llevará a cabo la audiencia pública virtual. 

En octubre de 2020 Eduardo Bertoni decidió renunciar a dicha dirección por “asuntos personales y profesionales”. Más allá de esto se mantuvo en el cargo hasta fin de año, a la espera de que el gobierno nacional determinara quién iba a ocupar ese lugar. Mientras tanto, Eduardo Cimato, director nacional de Protección de Datos Personales, trabaja en esa posición con la firma delegada.

Por el artículo 19 de la ley 27.275 se conformó la Agencia, un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. ¿El objetivo? Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales.

Esa Agencia es comandada por un Director, cargo que tiene una duración de cinco años y que puede ser reelegido una sola vez. Su designación está a cargo del Poder Ejecutivo y este proceso debe ser transparente. Por esto último, y por las medidas de aislamiento, se celebrará una audiencia pública virtual el 23 de marzo, a la cual se puede asistirá con previa inscripción.

En un comunicado lanzado a principios de mes, organizaciones de la sociedad civil como ACIJ, CIPPEC, Poder Ciudadano, Infociudadana y Directorio Legislativo le reclamaron al gobierno nacional que se designe a una autoridad idónea y autónoma al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

“El acceso a la información es un derecho humano que tiene un rol central en el monitoreo ciudadano de las políticas públicas y, por ende, impacta de forma directa en la protección del conjunto de los derechos”, explicaron las ONG. A su vez, resaltaron que “resulta fundamental que todos los mecanismos diseñados para promover la defensa de los derechos, la transparencia y la rendición de cuentas del Estado se encuentren funcionando de forma plena”.