Tras analizar el ejercicio contable de la Municipalidad de Cañuelas correspondiente a 2017, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (TC) estableció sanciones de multas y cargos por $ 12.200.000. Los principales castigos recayeron sobre los intendentes Marisa Fassi ($ 80.000) y Gustavo Arrieta ($ 50.000). Al cierre del ejercicio, detectaron un desequilibrio financiero de $ 16.000.000.

El organismo cuestionó que no se haya implementado el sistema contable RAFAM, observación que ya viene realizando desde 2011. Además, el Tribunal observó la falta de acceso de los concejales al sistema contable: nunca les otorgaron usuario y clave para que lo hicieran.

Los principales funcionarios no presentaron las declaraciones juradas, a lo que se suma que, por séptimo año consecutivo, hubo sanciones por no cumplir con el informe semestral sobre ejecuciones trimestrales de metas, proyectos y obras; y por la no publicación del balance semestral.

Entre otras cuestiones, la Comuna no informó la nómina de autoridades del ejercicio 2017, mientras que se verificó la falta de firma y sello de algunos funcionarios o la aparición de otros que no estaban registrados.

Los principales funcionarios no presentaron sus declaraciones juradas.

Por quinta vez, el organismo cuestionó la falta de un Boletín Municipal y un Registro de Ordenanzas con numeración correlativa. Según indicaron, desde la Municipalidad respondieron que contaba con un sitio web en el que se publica el digesto, lo que el TC consideró insuficiente al no poder comprobar la publicación de los datos requeridos.

También fue objetado el mecanismo de compra de bienes y servicios realizado por compra directa, de modo que evitaron el llamado a licitación.

“Se detectaron numerosas modificaciones presupuestarias y retención de fondos correspondientes a cuentas de terceros. A lo largo del ejercicio se acumularon más de
$ 5.000.000 que el Ejecutivo no transfirió a los organismos correspondientes”, manifestaron.

“Hubo gastos en regalos, embutidos y panificados por un total de $ 540.000, no demostrando el carácter oficial y público de esos egresos. Además, faltaron órdenes de pago por otros $ 970.000”, expresó el informe firmado por los relatores Daniel Chillo, Juan Pablo Peredo, Ariel Pietronave, Gustavo Diez y Eduado Grinberg,

Por otra parte, “se objetaron pagos por $ 370.000 a distintos funcionarios por compensación de licencias no gozadas oportunamente y ya caducas, correspondientes a 2012 y años siguientes".