Desde hace poco menos de dos años, el país cuenta con un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). La iniciativa, creada por Ley 27.287, funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad y, en pocas palabras, debe impulsar tareas destinadas a prevenir y mitigar el impacto de los desastres naturales. 

A partir de su creación, el SINAGIR dispuso de dos fondos; el llamado Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR), y el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) pensados para financiar acciones de preparación y de respuesta rápida ante catástrofes, respectivamente. 

El tema es que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), “no se implementó ninguno de los dos” que fueron reglamentados en 2017 mediante el Decreto 383.

El organismo de control analizó la gestión de la Secretaría de Protección Civil del Ministerio y en su informe también reveló otras cuestiones vinculadas al manejo de los recursos del SINAGIR. 

Más allá de las rendiciones de cuentas, no se controla el uso que los municipios hacen de los subsidios. 

Contó, por ejemplo, que en 2016 se creó el Programa Nacional de Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia para vincular y ayudar a las jurisdicciones que eventualmente sufrieran algún desastre natural que “amenace gravemente la vida o la salud de la población y que requiera intervención inmediata mediante transferencia de fondos, en concepto de aporte no reintegrable, a fin de contribuir en la reparación de los daños”.

Tras analizar la documentación de los municipios que pidieron ayuda, la Auditoría observó que “las rendiciones (de cuentas) son heterogéneas y no cumplen los requisitos mínimos de la Resolución” de creación del mencionado programa. 

Los técnicos, incluso, detallaron que tienen un “promedio de demora de 381 días, cuando el plazo previsto para presentarlas no podía exceder los 90 días de ejecutados los fondos”.

La Auditoría examinó una muestra de 47 subsidios entregados a municipios y provincias, y comprobó que, de ese total, “solo se habían aprobado siete rendiciones, en otros 13 casos se efectuaron intimaciones para presentar” la justificación de los gastos y hubo 14 reclamos de documentación. 

Al margen, los auditores añadieron que tampoco se controlan las tareas llevadas a cabo en las localidades con los subsidios. “No se evidencia en los expedientes la verificación de etapas cumplidas producto del desembolso de fondos”, completa el informe. 

Hay dinero para afrontar desastres naturales, pero no se usa

Objetivos incumplidos

“Durante el período auditado (desde enero de 2015, cuando regía el Sistema Federal de Emergencias -SIFEM-, hasta mayo de 2018) los objetivos específicos del SINAGIR no fueron cumplidos en su totalidad”, concluyó la AGN y agregó que “no se efectuaron acciones, ni se emitió la reglamentación necesaria que permita utilizar las herramientas de gestión dispuestas en las leyes” en materia de lo que se conoce como Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD).

Asimismo, la investigación sostuvo que “tampoco existe evidencia de coordinación con los foros de gobernanza interjurisdiccional e intergubernamentales existentes, acciones de prevención y resiliencia incluidas en los distintos programas nacionales”.

Y, si bien la AGN reconoció que “el funcionamiento del SINAGIR es reciente”, también remarcó que “quedó evidenciado en la presente auditoría que las acciones, programas específicos transversales a todos los organismos/jurisdicciones intervinientes y, especialmente, la actividad reglamentaria de la normativa vinculada a la gestión gubernamental del SINAGIR, no fue suficiente”.

Para completar, el ente describió que “no se advierte una adecuada articulación y coordinación de las acciones entre los distintos integrantes del SINAGIR en función de las estrategias de prevención, sensibilización y comunicación. De los resultados obtenidos en la auditoría -agregó-, se desprende que el avance en la temática de percepción del riesgo es baja”.