Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló que el Estado porteño aceptó darle a la empresa Philips 68 millones de pesos como adelanto de un contrato que, justamente, no estipulaba desembolsos previos, y apoyó su decisión en una emergencia energética que, como particularidad, fue declarada seis meses después del pedido de la compañía. 

Para completar el cuadro, el organismo de control también detectó que la firma reclamó -y cobró- casi 757 mil dólares de resarcimiento por un supuesto cambio del régimen de importaciones que, luego se comprobó, se trató de una infracción descubierta por la Aduana nacional. 

Historia de la generosidad

La Auditoría, que aprobó su informe este año, analizó la licitación 1/13 destinada a reconvertir el alumbrado público de la Ciudad con unas 91 mil luminarias de tecnología led. El tiempo previsto para realizar el servicio era de dos años y el presupuesto oficial ascendía a 291 millones de pesos. 

Este trabajo se le adjudicó a la empresa Philips, que ofertó un 29 por ciento por encima de ese monto ($ 299,5 millones), y firmó el contrato el 24 de mayo de 2013. 

Cuenta el informe que apenas un mes después, el 24 de junio, la compañía pidió un adelanto del 20 por ciento del total acordado y que, en marzo de 2014, se le dio $ 68,3 millones.

Ante este panorama, el organismo de control quiso saber por qué el Estado porteño aceptó ese pedido, sobre todo teniendo en cuenta que el contrato no estipulaba la posibilidad de adelantos financieros.

¿Cuánto costaron las luces led de CABA?

La dependencia encargada de responder fue el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que ofreció dos argumentos: por un lado, un decreto firmado el Día de los Inocentes de 2013, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia en la Ciudad por una ola de calor, y los consecuentes cortes de luz. Y, por el otro, su propia facultad de modificar contratos cuando crea que existen “razones de oportunidad, mérito o conveniencia”. 

Sin embrago, la Auditoría concluyó que “la entrega de dinero no tuvo fundamento alguno; no surgen los motivos que justificaran el mérito, la oportunidad o la conveniencia de dar el adelanto; ni constan los motivos invocados por Philips para solicitarlo”.

Asimismo, en el informe se explica que la Dirección porteña de Alumbrado Público no le pidió a la empresa que acelere su trabajo para habilitar el desembolso: “Por el contrario -completaron los técnicos-, se observa que el suministro de luminarias fue irregular y no se verifica que, en forma inmediata a la entrega del anticipo, se hubiere incrementado la provisión (de luces), acorde al (dinero) pagado”.

No obstante, la AGCBA también menciona un punto no menor: Philips hizo su pedido en invierno (junio de 2013) y la Ciudad declaró su emergencia energética por la ola de calor 187 días después (el 28 diciembre del mismo año), por lo que “ese intervalo no permite vincular directamente ambos eventos con el otorgamiento del adelanto financiero”. 

Como conclusión, el organismo de control sentencia que la entrega de los $ 68,3 millones “tuvo como consecuencia el desfinanciamiento de otras áreas, teniendo en cuenta que nunca estuvo previsto el otorgamiento del anticipo”.

Infracción aduanera

Por otra parte, y mientras avanzaba la historia del adelanto, en septiembre de 2013 Philips hizo una presentación judicial para que se le reconocieran mayores costos a raíz de unas “medidas adoptadas por el Gobierno nacional en relación a la importación de placas de led” que, siempre según la empresa, distorsionaron el equilibrio económico-financiero del contrato en cuestión.

En su presentación, la empresa decía que se manejaba con un código -un número específico- para hacer entrar al país las placas de led, y por el cual pagaba un arancel del 12 por ciento. Pero que “llamativamente, el 21 de mayo de 2013, se encontró frente a la novedad de que la Dirección General de Aduanas modificó su criterio y comenzó a interpretar que las plaquetas led debían ser incluidas en otra clasificación, diferente de la que venía aplicando, de la que resulta el pago de un arancel del 35 por ciento y, por lo tanto, se modifica el precio ofertado oportunamente”.

La Auditoría cuenta que fue otra vez el Ministerio de Ambiente y Espacio Público el que tomó cartas en el asunto. Según el informe, la dependencia analizó la situación y concluyó que efectivamente había una “distorsión significativa en la realidad económica del contrato, por lo que correspondería reconocerle (a Philips) los mayores costos reclamados, siendo que una solución distinta convalidaría un enriquecimiento sin causa por parte de esta Administración”, en referencia a las arcas porteñas.

Con ese criterio, en junio de 2014 se pactó con la empresa un incremento de precios en todos los ítems de la licitación, más un pago retroactivo de 756 mil dólares por las luminarias ya entregadas.

El problema fue que, según la AGCBA, la modificación arancelaria “no se debió a (las citadas) medidas del Gobierno nacional, sino a una infracción detectada por la Dirección General de Aduanas”. 

Resulta que el arancel del 35 por ciento se había establecido en un decreto de 2007, es decir, seis años antes de esta historia. Con ese dato, la Auditoría concluyó que “la situación no fue producto de imprevisión, ya que no existió un hecho extraordinario”, y que aquellos mayores costos que reclamaba la empresa eran, en realidad, multas que le aplicó la Aduana por haber querido ingresar mercadería con un código distinto del que correspondía.