Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), algunos juicios por expropiación de tierras para pueblos originarios registran demoras de hasta 17 años.

El trabajo fue realizado sobre la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y, en el apartado dedicado a la litigiosidad, se analizaron seis expedientes, de los cuales tres tenían esa tardanza, mientras que los casos restantes sumaban una década de retraso.

Asimismo, el organismo de control narró un conflicto que superó los 30 años sin solución. Se trata del reclamo de las comunidades Wichi, Chorote, Chulupi, Tapiete, Toba, y de varias familias criollas, por la propiedad de lotes que se encuentran en la zona del Río Pilcomayo, en Salta. 

La Auditoría recuerda que el pedido de estas poblaciones comenzó en 1984. Seis años después, la provincia se comprometió a ceder las tierras, aunque sin subdivisiones internas. “Sin embargo -dice el informe-, esta entrega no se concretó y el gobierno local resolvió construir un puente internacional sobre el Río Pilcomayo con cabecera en una de las comunidades”.

Ante esto, los afectados interpusieron una acción de amparo para suspender los trabajos. Luego, el Ejecutivo provincial volvió a prometer la entrega de la tierra pero, como esto tampoco ocurrió “en 1998 la Asociación Civil Lhaka Honhat, formada por las mencionadas comunidades, realizó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Argentino, denunciado la falta de garantía de los derechos territoriales”, dice el informe.

Ya para 2006, la CIDH admitió el pedido y solicitó informes a la Nación, reconociendo que las comunidades tienen derecho territorial y que esas tierras pertenecen a Salta. Un año más tarde, siempre según la AGN, la provincia se comprometió otra vez a distribuir los lotes, que consistían en 400 mil hectáreas para los pueblos originarios y 243 mil para las familias criollas.

No obstante, recién en 2013, y tras una nueva promesa del Ejecutivo local, se firmó un convenio entre el INAI y el Ministerio provincial de Derechos Humanos para actualizar la información de las personas asentadas en la zona, promover la participación y llegar a un acuerdo de propiedad comunitaria. 

Ese acuerdo fue el que analizó el organismo de control, y por el que se pagaron $ 2.202.478. El dinero fue ejecutado en mayo de 2013 y se destinó a honorarios, equipamiento y logística. Y, para diciembre del año siguiente, ya había sido rendido en su totalidad ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

¿Cómo siguió la historia? En marzo de 2014, el gobierno provincial reconoció por decreto la propiedad de los originarios y criollos sobre las 643 mil hectáreas. Sin embargo, según los auditores, “esta regularización formal, en la práctica, no concluyó el problema porque hay conflictos en la asignación de sectores dentro del condominio indiviso que se otorgó”, cuentan los auditores y continúan: “Esto dejó en evidencia las dificultades que tienen las comunidades indígenas en hacer valer sus derechos sobre las tierras que habitan. El caso llevó 30 años y aún no se agotaron los conflictos. (Se remarca) además la actitud de la provincia de Salta, con sucesivos reclamos incumplidos que obligaron a las comunidades a recurrir a organismos internacionales”.

Frente a este panorama, el organismo de control -que aprobó su trabajo este año sobre datos recabados entre 2012 y 2013- concluyó que “el INAI tiene limitadas sus facultades para llevar a cabo la función que se le asignó en la Ley 26.160 (de comunidades indígenas), dado que recién pudo actuar cuando hubo acuerdo” entre la Provincia, la Nación y los propios pueblos originarios.

Las camionetas

Por otra parte, la Auditoría examinó una orden de pago por 88.637 pesos, en concepto de seguro para ocho camionetas 4x4 y tres furgonetas. 

En cuanto a esto, el informe señaló que “seis de las camionetas se encuentran desde 2008 en poder de la Dirección de Servicios Generales del Ministerio de Desarrollo Social, sin poder ser localizadas por el Instituto, es decir -completó la Auditoría-, que además de no utilizar estos vehículos, el seguro se imputaba al presupuesto del INAI”.