“El 66% de las contrataciones para obras en los centros de salud públicos porteños se efectuó por compra directa pese a ser un mecanismo de excepción”, advierte un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). 

El decreto 556 del año 2010 aprueba gastos de imprescindible necesidad que no puedan ser gestionados por los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado, como licitaciones o caja chica.

El trabajo del organismo de control detalla que, para el 2013, por este mecanismo extraordinario se gastaron $80 millones, mientras que “mediante licitación pública se gastaron más de $37 millones, lo que representa el 31% de las contrataciones”. 

La Dirección General de Recursos Físicos en Salud es el área responsable de realizar el mantenimiento, la seguridad y las reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los efectores de salud porteños. También es la que, entre otras responsabilidades, administra e implementa los contratos de obras y servicios del Ministerio.

La AGCBA tomó una muestra de 13 obras contratadas bajo el decreto 556/10 y “solo en tres de los 13 casos los trabajos se ejecutaron dentro de los plazos estipulados”.

Entre las demoras más significativas se destacan unos trabajos en el Hospital Álvarez que “deberían haber llevado 40 días pero terminaron insumiendo 290” y otros en el Borda que “estaban previstos en 120 días pero tardaron 508”. En porcentajes las tardanzas representan a un 625% del lapso estimado en los pliegos y 323% respectivamente.  

El informe, aprobado en febrero de 2017 destaca esta situación ya que las contrataciones se hicieron por una modalidad excepcional que “se justifica si se brinda una respuesta a corto plazo”.

El organismo de control porteño efectuó una “auditoría técnica” en dos de las obras ejecutadas en 2013 para verificar que los requerimientos del pliego de contratación se hubieran respetado.

Una de ellas fue en la remodelación integral del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17, que le costó al Estado porteño $2.6 millones.

Allí se verificó que “se reemplazó el material de cobre de las cañerías de bajada para los tanques de agua y el colector por unos de plástico, incumpliendo el pliego”. Algo similar pasó con los desagües sanitarios en bachas “que eran de inferior calidad a lo especificado”. 

La Auditoría a su vez detalla que “todos los equipos de aire acondicionado están instalados incorrectamente” y que “no hay ascensor” pese a que “en los planos aparece”. La Dirección auditada afirmó que “el adjudicatario solo debía hacer el pasadizo y aportar ayuda al momento de instalación, pero no tenía que proveer ni instar el coche del ascensor”. 

Otra obra visitada por los auditores fue la construcción de un nuevo pabellón para el traslado del servicio de urgencia del Hospital Álvarez, que tuvo un costo de $28.5 millones.

Allí observó, por ejemplo, que “los herrajes colocados en las ventanas son de mala calidad y baja resistencia al uso intensivo”. Lo mismo sucede con las puertas interiores, solo que en este caso “estaban en proceso de reemplazo”.

Los reguladores de climatización de los quirófanos “se ubicaron de tal manera que el personal debe romper la esterilización para usarlos”. Están en planta baja y las intervenciones se realizan en el primer piso.

En cuanto a las instalaciones sanitarias se detectaron “cañerías plásticas a la intemperie sin la protección que correspondía, rajaduras en el revoque y pérdidas en los desagües que afectan a los cielorrasos de área de acceso de ambulancias”.

Por otra parte, “la cartelería de señalización no cumplía con los requerimientos exigidos en el pliego”. Se verificó “la ausencia de tratamiento de parquizado y césped en contravención a lo estipulado en el convenio”.