“Durante 2015 la única fiscalización que recibió la prestación alimentaria fue la realizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), a través del presente informe”, señala el organismo de control porteño en su trabajo aprobado en 2017.

El complejo Puerto Pibes, ubicado en el barrio de Belgrano, tiene una capacidad para albergar a 60 niños y adolescentes. Además recibe contingentes de jóvenes que realizan actividades recreativas y campamentos, utilizando el sector del parque.

El informe señala que “existe contradicción entre el Protocolo de Actividad del centro y el llamado a licitación del servicio de comedor”. Una de ellas está vinculada a la “pensión completa” que figura en el protocolo y que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena. No obstante, “en el pliego se contemplan dos viandas pero no el servicio de cena”.

Sobre el almuerzo, la AGCBA observa que “en líneas generales es bueno”. Solo se detectó que “los aportes en calorías y macronutrientes son levemente mayores a lo indicado en la contratación”. Además, “la distribución de grasas en el almuerzo supera el 10 % establecido casi en un 7%”.

El equipo de auditoría, en una de sus visitas, constató que “la prestación contiene alimentos que no están especificados en el pliego” como alfajores, galletitas de agua, papa y roast beef. Sobre este punto llamaron la atención ya que “son alimentos que tienen un costo proporcionalmente importante como para ser incluido en el servicio sin estarlo en el pliego”.

Respecto al personal del servicio de alimentación el 75% cuenta con libretas sanitarias, pero ninguno tiene la certificación del curso de manipuladores de alimentos, añade el informe aprobado en 2017. Esta situación no respeta el pliego de licitación.

Durante 2015 asistieron 19.081 jóvenes de los 20.448 que se tenían previstos recibir, por lo que “la meta se cumplió en un 93%”.Estos miles de chicos, por ejemplo, no pudieron usar el vestuario del campamento ya que “se encontraba clausurado por pérdidas de agua”. El quincho y la parrilla, por su parte, “fueron desmantelados por problemas en su estructura, debiendo ser refaccionados para poder utilizarlos nuevamente”.

En cuanto al servicio de desinfecciónno se puede acreditar que se haya realizado en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre” ya que “no se remitieron los certificados de dichos períodos”, conforme a lo exigido en el Código de Habilitaciones de la Ciudad. 

Por otra parte, el servicio lo brindó Supertramp Ingeniería Ambiental, “compañía que no estaba inscripta en el Registro de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección de la Ciudad” lo que representa un incumplimiento a las normas vigentes.