"Se destaca la baja participación de las Juntas Comunales en la definición de obras a realizar, teniendo la Dirección General de Obras Comunales la responsabilidad de ejecutar los proyectos de forma conjunta con éstas”, señala la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en su informe aprobado en mayo de este año.

Durante el 2014, año de evaluación, la Dirección en cuestión realizó 40 contrataciones por $143 millones para todas las comunas. De ellas, “21 fueron por Licitación Pública, 11 por Licitación Privada y siete por Contratación Directa”.

De ese total, “solo en seis convenios se pudo constatar la solicitud o sugerencia de realización de las obras de la Junta Comunal”. Ante esta situación el organismo de control “insiste en la necesidad del cumplimiento pleno de la Ley Orgánica de Comunas”.

La Dependencia fue creada en 2011 y tenía entre sus objetivos proponer y ejecutar obras de regeneración de impacto comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en forma conjunta con las Comunas.

Del análisis de las metas físicas planteadas para el 2014, que figuran en el presupuesto aprobado para ese año, la AGCBA “verificó un desvío negativo del 25%, que se tradujo en una menor ejecución de mejoras en espacios comunales”.

Según se desprende de las cuentas de inversión de los períodos anteriores, se registró un aumento en relación a 2013, período en el que la subejecución de la meta física fue del 17%. En 2012 el “desvío negativo estuvo en el orden del 75%”. 

Los auditores, en su trabajo de campo, buscaron información que dé respuesta a estos resultados. Las explicaciones estuvieron centradas en que “la falta de recursos humanos impidió el cumplimento de los objetivos”.

El informe, aprobado en mayo de 2017, señala que “desde su creación, la Dirección nunca tuvo personal de planta permanente ni transitoria a excepción del Director General”.

Ante esta situación, el organismo de control analizó algo más de 40 legajos y detectó que “en todos los casos falta la ficha de datos personales, copia del contrato, de la certificación mensual de servicios y de la resolución o decreto de designación”.

A modo general, en todos los expedientes de contrataciones se observó que “no se acompañan copias de los pagos efectuados porque se efectúan por legajo separado”.  Tampoco se halló “copia de los certificados de obra ni los seguros del personal afectado a las tareas”.

El trabajo de campo fue entre 2015 y 2016 y el hecho que “en 2015 la Dirección General de Obras Comunales dejara de existir impactó en la labor de la Auditoría”. En el informe se afirma que “no fue posible obtener un conocimiento acabado de las operaciones y sistemas con los que funcionaba”.

Mediante nota, por ejemplo, la Auditoría porteña le pidió a la Dirección General de Servicios Desconcentrados, que absorbió las tareas, la información vinculada a la gestión. En su respuesta, el ente dio cuenta de su “imposibilidad para informar sobre algunos requerimientos por la derogación de la dependencia bajo examen”. Además, “no fue posible tomar vista de todos los expedientes de manera integral” por ende “no se pudo constatar el normal proceso de algunas contrataciones”.