La tan mentada agenda ambiental no parece tener su correlato en la realidad. De la boca para afuera, el cuidado del medio ambiente aparece como una de las mayores prioridades de los gobernantes. En la práctica, la situación parece ser otra.

En el Congreso, hay diferentes proyectos de ley que deberían ser tratados este año. Según un informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), existen iniciativas relacionadas con distintos ejes: empresas de triple impacto, biodiversidad, productos orgánicos, contaminación acústica, residuos y eficiencia energética y cambio climático que esperan ser aprobados. 

El humedal Caleta Olivia es uno de los más contaminados de la Provincia de Santa Cruz.
El humedal Caleta Olivia es uno de los más contaminados de la Provincia de Santa Cruz.

Las empresas de triple impacto son conocidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).  Actualmente, los emprendedores y las empresas de este tipo no tienen un reconocimiento legal que los proteja y permita perseguir libremente su propósito. Las empresas de triple impacto son uno de los actores claves que trabajan con acciones concretas de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En diciembre pasado, fue aprobado un proyecto en Diputados. Ahora, espera que el Senado haga lo propio.

En lo que tiene que ver con la biodiversidad, el CPA destaca en el informe que “en el año 2013 algunos legisladores nacionales, miembros del sector académico y ONG impulsaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales”. La iniciativa logró media sanción del Senado, pero fue frenada en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja hasta que perdió estado parlamentario. Esa dinámica se repitió en 2016.

Hay proyectos para conformar un sistema que reduzca la cantidad de envases no reutilizables.
Hay proyectos para conformar un sistema que reduzca la cantidad de envases no reutilizables.

Existe un proyecto presentado en Diputados para crear un registro de productores y elaborares de productos orgánico, en el ámbito del Ministerio de Agroindustria, y generar beneficios mediante un tratamiento fiscal para el sector, sumado a un Fondo de Promoción del Producto Orgánico. Todavía espera ser debatido en comisión en la Cámara Baja.

En lo que tiene que ver con residuos, hay cuatro proyectos. Dos se encuentran en Diputados y otros dos en Senadores. Todos apuntan a establecer un principio de responsabilidad extendida al productor y conformar un sistema de gestión para reducir la cantidad de envases no reutilizables.

Existe uno, presentado en octubre del año pasado, que propone eliminar el pago del IVA en las distintas etapas de la compraventa de residuos, y que el IVA “acumulado” en esas etapas sea facturado y pagado por la industria recicladora.

También hay una propuesta para prohibir productos cosméticos y de higiene bucal que contengan microperlas de plástico agregadas. “A principios de 2019, se registran dos proyectos de ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Cámara de Diputados”, relata el informe del CPA.

Los microplásticos se encuentran en muchos productos de higiene que están a la venta actualmente.
Los microplásticos se encuentran en muchos productos de higiene que están a la venta actualmente.

De otro modo, seis iniciativas sobre movilidad eléctrica vehicular se encuentran en Diputados, mientras que hay una en el Senado. Por ahora, se encuentran en distintas comisiones para su tratamiento.

Por último, en la Cámara alta hay una propuesta para integrar todas las energías renovables de cara a 2050. El que está en Diputados, por su parte, plantea que el 35% del consumo eléctrico deberá ser abastecido por fuentes renovables de acá a once años

Los años electorales, dicen quienes tienen experiencia en el Legislativo, son complicados para lograr aprobar proyectos tanto en Diputados como en Senadores, más allá de que sean iniciativas transversales, que excedan la cuestión partidaria.

Las estadísticas desmienten la versión que indica que en años electorales se aprueben menos leyes.

Los datos de la organización Directorio Legislativo parecieran desmentir esa afirmación: en 2018, hasta la finalización del período ordinario, el Congreso realizó 23 sesiones (11 en Diputados y 12 en Senado).  En el mismo período del año anterior –se celebraron elecciones legislativas-, el Congreso había realizado 29 sesiones en total (14 en Diputados y 15 en el Senado).

Si, en cambio, se observan los datos comparativos entre 2015 –elecciones presidenciales- y 2016, la diferencia en cuanto a cantidad de sesiones es abismal: el año en que se eligió Presidente, hubo 19 sesiones entre ambas cámaras; mientras que al año siguiente, 38.

En lo que tiene que ver con sanción de leyes, “durante 2018, el Congreso sancionó 36 proyectos de ley”. En 2017, había sancionado 75; en 2016, 96, mientras que en 2015, 120.