El 7 de junio de 2018 entró en vigencia en Mendoza la Ley de Acceso a la Información Pública. En este primer año solo se realizaron 30 pedidos de acceso en toda la provincia, donde viven casi 2 millones de habitantes.

El poco uso de este derecho es una característica de nuestro país. Según un informe de la Unidad de Opinión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el 40% de los argentinos conoce o escuchó hablar de este derecho, pero solo un 13% lo ejerció alguna vez.

Diego Seaone, Subdirector de Acceso a la Información Pública de la Auditoría de Ética Pública de la provincia, en diálogo con elauditor.info, calificó la experiencia como “positiva”.

A futuro, “queremos articular con organizaciones intermedias y con la población en general para que sepan que tienen herramientas para solicitar información, pero también para controlar. Entendiendo el control desde una perspectiva de saber qué está sucediendo para poder participar”, subrayó el edil.

De los 30 pedidos, solo recibieron seis recursos por incumplimiento que están en trámite.  A raíz de esto, el equipo que dirige Seaone elaboró “un novedoso" sistema de trazabilidad de los pedidos para tener estadísticas de la temática. "Es una función preventiva para que el sujeto obligado cumpla ante los vencimientos de los plazos. Brindamos por la entrega de la información más que por la cuestión sancionatoria”, explicó.

De los 30 pedidos, recibieron seis recursos por incumplimiento que están en trámite.

La Ley de Acceso, que tiene por objeto garantizar “la transparencia, fomentando el Estado Abierto” Obliga a los tres poderes, a los organismos de control y a todos aquellos prestatarios o concesionarios de servicios públicos a abrir y brindar información en un plazo de 15 días, con  posibilidad de prorrogar por otras dos semanas la respuesta. La solicitud puede ser realizada de forma online o en formato papel en la institución correspondiente.

Esta ley está compuesta por dos capítulos: Acceso a la información y Transparencia Activa. La misma, establece como autoridad garante y de aplicación a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.

La capacitación a los sujetos obligados, es decir, a quienes deben abrir sus datos, fue el primer paso. “En la provincia no existía una norma específica sobre su procedimiento, por eso fue necesaria la formación”, remarcó Seaone, quien agregó: “a partir de esto se generó mucho interés al respecto y la ciudadanía comenzó a hacer solicitudes”.

“Ahora empezamos con la Transparencia Activa que implica controlar todos los portales y sitios web que establece la ley”, informó Seaone.  Los sujetos obligados son los mismos, solo que en este caso deben publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su accionar”, indica la norma.

“La idea es pasar de la cultura de pedir la información a la de tenerla a disposición de toda la población”, reflexionó Seaone.

“La idea es pasar de la cultura de pedir la información a la de tenerla a disposición de toda la población”, reflexionó Seaone. De esta forma, el marco normativo obliga a publicar datos de la organización, legales, jurídicos y económicos de forma clara, simple, ordenada, entendible y de fácil acceso en sus correspondientes sedes electrónicas o páginas web. También estipula el acceso a dicha información para personas con discapacidad.

El objetivo de este capítulo “es que la ciudadanía pueda contar con la información necesaria para poder saber qué está sucediendo dentro de cada uno de los organismos, no solo para controlar, si no para participar activamente en la formación de políticas públicas. Así, se fortalecen las instituciones por ser transparentes con su gestión publicando datos y por responder pedidos”, finalizó.