Tras las quejas de varios vecinos de San Miguel de Tucumán por el servicio de agua y cloacas que reciben en la ciudad, el intendente Germán Alfaro comenzó a reunir firmas para elaborar un proyecto de iniciativa popular destinado a intervenir la empresa encargada de la prestación.

Se trata de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), una entidad con participación estatal mayoritaria, que nació en 2003 y durante los últimos tiempos recibió varias críticas por su gestión (Ver “Parece Kosovo”).

Si bien el aporte de los vecinos en la confección de proyectos de ley no está previsto en la Constitución provincial, sí figura en el artículo 39 de la Carta Magna nacional, que establece que los ciudadanos tienen el derecho de presentar iniciativas en la Cámara de Diputados, y que el Congreso tiene un año para tratarlas. Y a eso apunta el jefe comunal Alfaro.

El texto que encuentran los ciudadanos en las distintas mesas distribuidas por San Miguel consta de siete artículos. El primero dispone la intervención de la empresa y el reemplazo de su directorio por una comisión normalizadora, que deberá estar integrada por tres miembros, dos legisladores y un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores.

Esa comisión normalizadora tendrá seis meses para hacer un diagnóstico de la situación, una auditoría contable y un informe con el porcentaje de cumplimiento de los planes de inversión. Luego, ese documento deberá ser remitido al Poder Ejecutivo, a la Legislatura provincial y al Tribunal de Cuentas.

El proyecto también prevé que sea intervenido el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), y que se deje sin efecto cualquier modificación tarifaria por seis meses. La iniciativa, finalmente, pretende dotar a la nueva conducción de la SAT de una partida de $ 500 millones, que deberá surgir del Presupuesto de la Legislatura (en 2017 es de $ 2.000 millones).

Además de los puestos fijos para reunir firmas en el centro de la ciudad, el municipio anunció que habrá móviles que recorrerán los barrios para sumar adhesiones.

Testimonios

La iniciativa, que fue lanzada la semana pasada, reunió cien firmas en sus primeras dos horas solo en una esquina de San Miguel (Mendoza y Muñecas). 

Allí, la prensa local recolectó testimonios de los vecinos sobre la gestión de la SAT: “Estoy harta de los líquidos cloacales en las calles. Vivo en el barrio Los Chañaritos y el olor es insoportable. Tenemos a los chicos enfermos y muchas veces hicimos denuncias en la empresa, pero no pasó nada”, narró Estela, una de las primeras que rubricó el proyecto.

“Es un desastre”, se quejó Francisco, y añadió: “No tenemos presión de agua y nos vimos obligados a poner una cisterna. Como contribuyente me siento estafado, porque nosotros pagamos y no nos dan un buen servicio”, dijo el vecino del barrio Diza.

Por su parte, Alicia, del barrio Ampliación San Cayetano explica: “En mi caso tengo notas desde el 2005 dirigidas al señor (ex vicegobernador, Osvaldo) Jaldo, por la falta de agua en mi domicilio. Se viene el verano y nunca podemos contar con el servicio, que es un desastre. Por eso me parece bien este proyecto”. Y Jorge, del barrio Padilla, completó: “Creo que esta es una muy buena idea, porque no tenemos presión, el tema de las cloacas deja mucho que desear y, cuando rompen las cuadras, no las arreglen. Queremos que brinden el servicio por el que todos pagamos”.

La palabra de la empresa

Desde el lado de la SAT, el gerente general, Alfredo Calvo, defendió su gestión y aseguró: “Estamos tratando de hacer más eficientes las prestaciones en agua potable y cloacas en San Miguel de Tucumán”.

“Parece Kosovo”

Las quejas de los vecinos de la capital provincial vienen de larga data. Sin ir más lejos, en abril del año pasado, el Secretario de Gobierno Municipal, Walter Berarducci, presentó ante el Concejo Deliberante un informe sobre cómo quedó la ciudad tras una serie de obras hechas por la SAT.

Según el relevamiento, había hasta esa fecha unos 3.300 pozos abiertos por la empresa que quedaron sin reparar y no cumplían con las normas que rigen para las prestatarias de servicios públicos. 

“Si nosotros tenemos aproximadamente 10 mil cuadras en todo el ejido urbano, podemos decir que se afectó a un tercio de la red vial de la ciudad”, razonó en aquel momento el funcionario, y completó: “Viendo el mapa, esto no se parece a San Miguel, sino a Kosovo”.