Cumple un año el reclamo de la AGN a la Oficina Anticorrupción
El 12 de junio de 2018 la Auditoría notificó a la OA que iba a iniciar un relevamiento y, para eso, pidió documentación y un espacio de trabajo. Desde entonces se dio un intercambio de notas sin resultados concretos. El organismo de control avisó del incumplimiento al Congreso, la Jefatura de Gabinete y a la SIGEN, y podría iniciar acciones legales.
Esta semana se cumple un año del conflicto que involucra a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Oficina Anticorrupción (OA), y que incluso podría incluir un capítulo judicial.
Se trata de la negativa de la OA a entregar documentación para que la AGN pueda realizar lo que sería el primer informe de gestión sobre la dependencia, que tiene rango de Secretaría dentro del Ministerio de Justicia.
La historia comenzó el 12 de junio del año pasado, cuando la Auditoría informó a la Oficina que se aprestaba a iniciar un relevamiento que ya había quedado establecido en el Plan Operativo Anual del ente de control.
Para esa tarea, los auditores pidieron que les faciliten información y les den un espacio físico donde trabajar.
Según la OA, el Ministerio de Justicia no tiene una oficina extra para la labor de los auditores.
La respuesta llegó el 10 de agosto. En ese momento, la OA confirmó que puso la solicitud de la AGN “en conocimiento del sr Ministro”, y pidió que le remitan “información que sirva de sustento al proyecto de auditoría, en especial los objetivos, el alcance del trabajo, los criterios y procedimientos que se van a ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar”, según trascendió de un documento del propio organismo de control.
La cosa no quedó ahí. Dos semanas después, el 24 de agosto, los auditores insistieron con su pedido y le dieron a la Oficina 10 días de límite para la contestación. Recién el 26 de septiembre -con los plazos vencidos-, llegó una respuesta que, no obstante, fue “parcial”.
¿Por qué ‘parcial’? Porque, en lugar de compartir sus datos, la OA envió la normativa que regula su funcionamiento e insistió con que la Auditoría le aclare qué quería averiguar y en qué plazos.
Ya el 18 de octubre, con un ida y vuelta de cuatro meses, el organismo de control le reconoció a la Oficina que la investigación en cuestión suponía una duración de 180 días, que comenzarían a correr desde el momento en que el equipo cuente con un espacio físico donde instalarse.
En 12 meses, la Oficina pidió detalles sobre el examen y exigió que le manden preguntas por escrito.
El 31 de ese mes, la OA respondió que convocaría a una reunión de trabajo en los siguientes 10 días hábiles y, con respecto lugar pedido, aclaró que “si bien se arbitrarían las medidas necesarias, no resultaría posible garantizar la adecuada disponibilidad, por cuanto en la sede de ese organismo no hay espacio físico adicional para la instalación de un equipo de trabajo. Sin perjuicio de ello, se arbitrarían los medios necesarios -reiteró- a efectos de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación asigne un espacio adecuado según las necesidades”.
La reunión se concretó el 16 de noviembre y, una semana después, un funcionario de la Oficina Anticorrupción le pidió por mail al supervisor del equipo de auditoría que le mande una “guía de preguntas para responderlas por escrito”.
Año nuevo, pedidos nuevos
Pasó el receso de fin de año y, el 20 de febrero de 2019, la AGN insistió con todos sus pedidos y sumó otro elemento: en caso de negativa, se pondría en conocimiento de todo lo que estaba pasando a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El tema no avanzó y, finalmente, el 24 de abril el Colegio de Auditores emitió un dictamen en los términos del artículo 19 de sus normas básicas, ampliando el aviso del incumplimiento de la OA a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
De esta manera, y a un año de iniciado su derrotero, la AGN se apoyó en las facultades que le otorgan tanto sus normas básicas, como los artículos 118 y 119 de la Ley de Administración Financiera (24.156) para intentar obtener datos sobre la gestión de la Oficina Anticorrupción.
En pocas palabras, estas normas habilitan a la Auditoría a hacer exámenes en las distintas dependencias del Estado, las que, a su vez, quedan obligadas a suministrar todos los datos necesarios para el avance de las investigaciones.
Además, se establecen plazos en que los pedidos de información deben ser satisfechos por parte de los entes analizados y, en caso contrario, se abre la posibilidad de iniciar acciones judiciales por los incumplimientos.
¿Y después?
Luego del cierre de este artículo, la Auditoría General de la Nación finalmente llevó el caso a la justicia motivada por "la conducta reticente de la Oficina Anticorrupción para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada" según publico Cenital en su sitio web.
