En 2018, la Auditoría General de la Nación incorporó en su Plan Operativo Anual un trabajo sobre la Oficina Anticorrupción. Hasta ese momento, el organismo liderado por Laura Alonso solo había sido controlado por la Sindicatura General de la Nación, que formuló cuatro informes de auditoría interna. 

A tales efectos, la AGN le detalló a la OA la información que precisaba. Por un lado, la normativa vigente sobre el funcionamiento del organismo y, por otro, el listado de denuncias presentadas ante la justicia y su estado actual. 

Pero la respuesta, sin dudas, no fue la esperada. En primera instancia, el ente le pidió a la AGN que le precise “los objetivos y el alcance del trabajo” como así también “los criterios y procedimientos a ejecutar”. 

Ante esa primera devolución, desde el organismo que preside Oscar Lamberto interpretaron que la intención era condicionar la información a entregar. Esa sensación luego se confirmó cuando desde la OA remitieron a la AGN la documentación vinculada al marco normativo del organismo, su estructura y los reglamentos, pero no los datos vinculados a las denuncias en trámite. 

En 2008 el OCCOVI le pidió a la AGN hasta el currículum de los auditores.

"No estamos autorizados a entregar información sobre las denuncias presentadas por la OA ante la Justicia y su estado actual. Son datos que afectan a terceras personas y solo serán entregados si hay una orden judicial, y este no es el caso", justificó Laura Alonso al respecto en distintos medios de comunicación.

En consecuencia, la AGN remitió una carta a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas a mediados de abril. “De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales", fue el ultimátum que suscribieron los siete auditores generales.

Desde la AGN insisten que son “el mismo tipo de auditorías que se realizan en otros organismos públicos”. Por su parte, en la Oficina Anticorrupción sigue firme la postura de no entregar información sin una previa orden judicial.

Antecedente

La OA no es el primer organismo reticente a entregar material para ser controlado. De hecho, son reiteradas las veces que los entes auditados dilatan la entrega de los datos que solicita la AGN.

Un caso particular ocurrió en 2008. La AGN estaba abocada en el trabajo de auditoría sobre el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). En ese entonces, el organismo presidido por Leandro Despouy solicitó información referida al Corredor Vial 29, que bordea el Río Limay entre Neuquén y Río Negro. 

Al igual que la OA, en primera instancia el OCCOVI consultó cuál era el objeto de la auditoría y pidió conocer la totalidad del Plan Operativo Anual de 2008. Pero los requerimientos del organismo auditado no terminaron y hasta llegaron a pedir los currículum de los auditores.