Una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN), reveló que las empresas de transporte de larga distancia presentan declaraciones juradas con datos “inconsistentes”, como que trasladan a más pasajeros de los que entran en un colectivo.

Además, el relevamiento indicó que los entes públicos vinculados a la materia (Ministerio y Secretaría de Transporte, y Comisión Nacional de Regulación del Transporte -CNRT-) “no controlan la veracidad y la integridad de la información que deben enviar las firmas”.

Y, para completar el cuadro, el organismo de control añadió que “esta situación se agrava al considerar la recurrencia del Estado nacional en usar esas declaraciones juradas como fuente para la toma de decisiones”.

Emergencia e incumplimientos

La obligación de las compañías de brindar datos sobre su gestión surgió en 2012, mediante una resolución de la Secretaría de Transporte que se dio en el marco del estado de emergencia de la actividad decretado diez años antes.

Esas declaraciones juradas, además de ser obligatorias, debían estar aprobadas por los directores de las empresas, certificada por un auditor externo, y tenían que brindar información documentada sobre conformación societaria y datos de producción.

Sin embargo, la AGN indicó que “de las 121 empresas obligadas a presentar información, solamente 67 cumplieron con la manda”, es decir, el 55%.

Poco más de la mitad de las compañías presentaron declaraciones juradas.

Eso no es todo. Dijeron los técnicos que, de los 67 expedientes analizados “en 46 casos las presentaciones son incompletas por ausencia de algunos puntos solicitados, en especial la nómina de sociedades accionistas -que en su mayoría es suplida por una simple declaración de pertenencia a un determinado grupo empresario-, o (la falta) de la conformación de su directorio”.

Y, como ya se sugirió más arriba, “no se aplicaron sanciones a las empresas de transporte pese al incumplimiento en la obligación de informar”, sentenció el informe.   

Otro incumplimiento, tanto de las empresas como del Estado, tiene que ver con la prestación misma del servicio. 

De los 20 corredores más importantes, 15 son explotados por la misma empresa.

Resulta que hay otra resolución de la Secretaría de Transporte, en este caso de 2013, que obligaba a las compañías a avisar al Estado si no podían seguir operando por alguna dificultad estructural o financiera que, por ejemplo, les impidiera pagar los salarios a sus trabajadores. La condición era que esa notificación debía darse antes de que efectivamente se suspendieran viajes.

Pues bien, la AGN comprobó que “ningún operador notificó dicha imposibilidad y, sin embargo, en 2013 no se prestó el 17% de los servicios, aun cuando no se informó previamente” que eso iba a ocurrir. 

Y, por su parte, “la CNRT no analizó ni controló los estados contables de los operadores para constatar y garantizar el cumplimiento del servicio”, y sostiene que esos seguimientos “hubieran permitido anticipar la posible discontinuidad” de las prestaciones.

 

 

Concentración

Pese a lo señalado, hubo datos que sí figuraron en las declaraciones juradas. El tema es que no siempre fueron usados. 

“Aunque el Estado contaba con información sobre la conformación de los grupos empresarios, no se tomaron medidas para morigerar la concentración”, dijo la AGN.

Como ejemplo, el informe cuenta que “el 84% de las frecuencias son prestadas por empresas que conforman conglomerados económicos”, mientras que “solamente” el 16% corresponde a firmas individuales.

En 2013, el 17% de los servicios no se prestó por dificultades de las firmas.

Para el organismo de control, esta situación genera que la prestación del servicio “no se efectúe en condiciones de competencia”, y aporta otro dato: “De los 20 corredores más importantes (con mayor cantidad de viajes), 15 son explotados por empresas del Grupo Flechabus”.

Sobre el manejo puertas adentro de las compañías, la Auditoría concluyó que “el Estado nacional no efectuó un control eficaz sobre la evolución de la tenencia de los paquetes accionarios”. 

Y es que los operadores de corredores están obligados a comunicar transferencias accionarias para que el Estado las autorice y, en caso de no hacerlo, podrían perder permisos de explotación. 

Sin embargo, “ninguna empresa comunicó tales cambios a pesar de que el organismo de control detectó 13 cambios de tenencia accionaria”, completó el informe.