El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) publicó el informe “La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Políticas Públicas: una deuda” para examinar los avances en el monitoreo de medidas implementadas por el Estado y destacó que Argentina aún tiene una deuda muy grande en la temática.

El documento elaborado se inscribe en la iniciativa de monitoreo de la Política Nacional de Evaluación que CIPPEC lleva adelante desde 2015. Para realizarlo tuvieron en cuenta la información disponible en línea, entrevistas con actores clave de los sistemas de seguimiento y los aportes extraídos de su participación en eventos desarrollados por el gobierno nacional durante 2020.

El informe destaca que entre 2015 y 2019 “el marco organizacional en materia de monitoreo y evaluación (M&E) de políticas en Argentina amplió su alcance con la sanción de leyes relevantes”, constituyendo innovaciones significativas. En este sentido, resalta la creación de las normas de Acceso a la Información Pública, la de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la firma del decreto acerca del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación.

“Sin embargo, el uso sistemático de la información proveniente del M&E es todavía una deuda”, indicaron y agregaron que hasta 2019 no existían instancias institucionalizadas o regulares de incorporación de los aprendizajes generados por el seguimiento de planes y programas.

En el documento argumentan que el Poder Ejecutivo actual se enfrentó con el desafío de afianzar y extender una cultura del monitoreo de instituciones y normas, y que por esa razón el Presidente anunció la creación de una Agencia Federal de Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas en su primer informe sobre el estado de la Nación el 1 de marzo de 2020. 

Sin embargo, a más de un año del anuncio el nivel de avance es escaso. Desde CIPPEC afirman que aún está pendiente el ordenamiento nacional de la función estratégica de evaluación, lo que cobra más relevancia en el actual contexto social, económico y sanitario. Además, aseguran que si la Agencia Federal fuera creada podría contribuir a coordinar e implementar un seguimiento sistemático de la acción estatal. La creación del organismo actuaría como entidad rectora en la adopción de parámetros de diagnóstico, en el desarrollo de capacidades institucionales y en la garantía de calidad de la información para fortalecer la rendición de cuentas.

“Es necesario contar con marcos legales facilitadores, procedimientos prácticos y ágiles, e incentivos institucionales para el uso de la información que producen las evaluaciones. Facilitar la circulación y análisis de los resultados de las políticas contribuye a construir un sistema político más informado y a nutrir las decisiones con conocimiento relevante y actualizado”, argumentaron desde CIPPEC.

Pese a la falta de desarrollos concretos en la discusión normativa, sí se incluyó la Agencia como tema de análisis para el Consejo Económico y Social, y se adoptaron decisiones tendientes a fortalecer tres de los cuatro sistemas de M&E: innovaciones en proyectos sectoriales, reordenamiento de la dependencia y aumento de la inversión, y nuevos mecanismos de participación en planes y programas sociales.

"No obstante, la política nacional de evaluación tiene todavía un largo camino por recorrer que no es solamente el de la consolidación de herramientas técnicas sino y, quizás más importante, el de la coordinación y articulación de la evaluación con el plan de gobierno, las prioridades de desarrollo y los compromisos internacionales”, concluyó CIPPEC.