De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hasta noviembre de 2020 se asignaron alrededor de $970.000 millones para mejorar las condiciones de vida de 7,5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. De ello se desprende que en el mejor de los casos se les destinaron aproximadamente $359 por día a cada uno de ellos.

Hacia mediados de 2020 existían en Argentina más de 13 millones de personas menores a 18 años que, amparadas por la ley 23.849 que incorpora la Convención de los Derechos del Niño, deben tener aseguradas sus condiciones de salud, educación y vivienda dignas. Pese a ello, el 57,1% eran pobres y el 15,8% del total, indigentes.

El 57,1% de los niños, niñas y adolescentes son pobres.

El estudio también examinó la condición laboral del jefe del hogar donde viven los menores. En las viviendas donde se encontraba desocupado, 9 de cada 10 se encontraban en situación de pobreza y 1 de cada 3 en situación de indigencia. Por otro lado, la OPC destacó que, aún cuando el jefe de hogar contaba con un ingreso, en el 40% de los casos el mismo no resultaba suficiente para cubrir las necesidades básicas familiares. En este sentido, en relación a 2019 se triplicaron los niveles de pobreza e indigencia en hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes.

En 2020 el Estado destinó $359 para cada menor en situación de pobreza

Además, el informe detalló que las erogaciones del Estado en la materia fueron de $968.950,5 millones hacia fin de 2020, representando el 3,6% del PBI. En noviembre de 2020, el porcentaje de ejecución alcanzó casi el 88%. Según el estudio, se derivó principalmente a ayudas económicas a hogares efectuadas para complementar ingresos (85,5%) y, en segundo lugar, a la ejecución descentralizada de políticas en los gobiernos provinciales y municipales (9,2%). 

El estudio destacó que ANSES fue el organismo que mayor presupuesto ejecutó en este tipo de políticas (con el 76%), seguido por el Ministerio de Desarrollo Social (con aproximadamente el 13%).

Además, la OPC explicó que hay otras medidas que al momento de su diseño no prevén beneficiar específicamente a niños, niñas y adolescentes, aunque sus resultados impactan sobre ellos, como los planes de vivienda o de acceso a servicios básicos. Estas políticas tuvieron en 2020 un presupuesto proyectado de casi $650.000 millones, equivalente a 2,4% del PBI. 

La OPC concluyó que si bien la inversión del Estado en este grupo etario es alta, continúa siendo insuficiente dados los altos niveles de pobreza e indigencia que presentan.