El primer año de gobierno de Javier Milei estuvo marcado por decisiones y conflictos en materia de educación y ciencia. En este artículo repasaremos las principales medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, los debates en el Congreso y los acontecimientos sociales vinculados al sistema educativo, universitario y científico. 

Desde el inicio de su mandato, el presidente consolidó una postura crítica hacia la educación pública que ya había anticipado en su discurso de campaña. En lugar de promover el diálogo y el respeto, el gobierno recurrió a la confrontación y a la estigmatización para desacreditar sectores clave de la sociedad. 

Esta acción discursiva se materializó en una serie de medidas que generaron un impacto en el sistema educativo obligatorio: en la primera reunión del Consejo Federal de Educación, a mediados de enero de este año, el secretario Carlos Torrendell anunció que el Gobierno Nacional dejaría de pagar el FONID y otros fondos educativos –como el Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura– los cuales llevaban décadas siendo transferidos a las provincias. 

Esto tuvo impacto directo en los salarios docentes ya que el FONID implicaba alrededor del 15% de los mismos. También en una infraestructura escolar que ya estaba devastada y en programas que permitían reducir la brecha tecnológica o buscaban la inclusión educativa. La educación obligatoria pasó a ser sostenida casi de manera exclusiva por cada una de las Provincias, generando más desigualdad en el sistema. Además, la Educación perdió su rango de Ministerio para ser una Secretaría dependiente de Capital Humano. 

En materia universitaria, se mantuvo el presupuesto congelado a valores de octubre de 2022, logrando una licuación ante el salto inflacionario del primer mes de Gobierno y la acumulada durante el año. Fue un inicio de año turbulento en que las autoridades de las universidades, así como también sus distintos gremios, empezaron a advertir que los fondos asignados serían insuficientes para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento. 

Aquel reclamo inicial sería la antesala de un año conflictivo, con dos marchas multitudinarias (en abril y octubre) y un intenso debate parlamentario que contó –entre otras iniciativas– con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario 27.757, el posterior veto presidencial y su ratificación en la Cámara de Diputados.

Producto de la fuerte movilización social y el reclamo de amplios sectores en defensa de las universidades, el Gobierno otorgó en mayo una actualización del 270% de los fondos destinados a gastos de funcionamiento universitarios, equiparando la inflación acumulada hasta ese mes, así como también esporádicos aumentos para salarios de docentes y no docentes universitarios que, si bien no lograron equiparar la inflación, significaron un alivio para sus castigados bolsillos, al mismo tiempo que un reconocimiento tácito de la justicia del reclamo.

El sector científico-tecnológico también sufrió un impacto a causa de las medidas de gobierno de Javier Milei, las cuales consistieron en el congelamiento de los salarios y fondos destinados al sector, así como también la paralización de instituciones dedicadas a la gestión y articulación de fondos y proyectos, tales como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

A esto se sumó el vaciamiento de programas como Equipar Ciencia y Construir Ciencia, la recesión de contratos, el despido de 630 empleados del CONICET, la reversión de prórrogas a más de 200 becarios doctorales, y el cierre de dependencias en organismos como el INTI. 

Todo esto redujo la capacidad operativa del sistema público de ciencia, investigación y desarrollo. Solo se garantizó el financiamiento de proyectos previamente aprobados, sin actualización de montos para compensar la inflación, lo que debilitó el desarrollo de investigaciones de largo plazo.

Estas políticas, junto con la reducción del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología a una subsecretaría, provocaron un deterioro de la infraestructura y las condiciones laborales, generando un éxodo de científicos jóvenes que afecta la transmisión intergeneracional de conocimiento y debilita el sistema científico nacional.

Párrafo aparte merece la situación del Presupuesto 2025. Luego de dilaciones en su tratamiento parlamentario, la culminación del período ordinario de sesiones sin la aprobación del Presupuesto 2025 representó un retroceso democrático. La ausencia de una Ley de Presupuesto debatida y sancionada por los representantes de la ciudadanía debilita la división de poderes y erosiona el mandato constitucional del Congreso. En términos educativos, científicos y universitarios, esta omisión se traduce en consolidar los recortes y proyecta una incertidumbre para estos sectores estratégicos. 

En síntesis, el balance del primer año de la gestión de Milei en materia educativa y universitaria no es alentador. La combinación del ajuste presupuestario, el desmantelamiento de instituciones y programas, así como un discurso oficial que deslegitima a las instituciones educativas y científicas, han desafiado al sistema educativo y comprometido el acceso a derechos fundamentales. 

Sostener la educación pública es importante para el futuro de Argentina. Sin un cambio de rumbo, el sistema enfrenta muchos riesgos. No saldremos del laberinto educativo demoliendo sus cimientos: el único camino hacia adelante exige inversión, diálogo y una visión inclusiva que priorice el conocimiento y la equidad como pilares fundamentales.