Tras un enero atípico, en que la calma y el relax de las vacaciones de verano fueron sustituidas por la novela tragicómica del fallido tratamiento de la Ley Ómnibus, llegamos al segundo mes del año con la sensación de haber atravesado un calvario: desde la asunción del presidente Javier Milei se disparó una secuencia de eventos tan vertiginosa como traumática que no nos deja vivir en paz. Si bien es cierto que los problemas estructurales de Argentina vienen de hace tiempo, la catástrofe social, económica y educativa que sufrimos durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner nos hizo llegar a un límite tal que nos aferramos a la única tabla que flotaba en el mar con gran esperanza y expectativa. Sin embargo, pareciera que esos sentimientos se van evaporando al ritmo de los graves problemas que atravesamos y las polémicas diatribas que el Gobierno y sus funcionarios se encargan de alimentar cada día. 

En materia educativa, las expectativas e ilusiones generadas por la llegada de la nueva gestión se transformaron en bronca y desazón cuando las 24 jurisdicciones provinciales se percataron que el Ministerio de Economía de la Nación no depositó los fondos correspondientes al “incentivo docente”, prendiendo una alarma en las finanzas provinciales y abriendo una crisis de magnitud frente a la próxima apertura del calendario escolar. Algo de esto se reflejó en el primer encuentro del Consejo Federal de Educación –organismo interjurisdiccional que coordina la política educativa nacional– realizado la semana pasada en el Palacio Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: se esperaba que las dos jornadas de trabajo sirvieran para poner en común un nuevo plan nacional de alfabetización que prepara el Gobierno, sin embargo, la discusión entre las autoridades nacionales y los representantes educativos de las distintas provincias se centró en el reclamo frente al intempestivo recorte de fondos. 

En un hecho sin precedentes, los 24 ministros de Educación provinciales firmaron una carta dirigida al secretario Carlos Torrendel en la que reclaman por la “falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente (...) particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura”, agregando que la falta de certeza sobre la continuidad en las transferencias de dichos fondos dificulta sobremanera la posibilidad de delinear seriamente las políticas educativas de cada jurisdicción. Los gremios docentes también se manifestaron ante esta situación, despertando de un letargo de cuatro años en los que avalaron –con su silencio complaciente– medidas tan perjudiciales como el cierre de escuelas durante la pandemia de COVID. Sonia Alesso, la titular de CTERA, manifestó que "si no llaman a paritarias ni mandan fondos, cobraremos menos que el año pasado, contexto imposible para arrancar las clases" dejando en claro que los docentes no dudarán en realizar un paro al inicio del calendario escolar. 

El gobierno nacional sustenta la negativa a transferir estos fondos en que “no existe una ley” que los obligue a hacerlo, al mismo tiempo que plantea que la educación es exclusiva responsabilidad de las provincias. Sin embargo, ni una ni otra son tan ciertas: el FONID fue creado en 1998 por Ley 25.053, como forma de resolver el reclamo de los docentes con la “carpa blanca” frente al Congreso de la Nación. Dicho fondo tenía carácter de emergencia (por cinco años) y buscaba mejorar la retribución de los docentes en todo el país. El mismo fue prorrogado sucesivamente por gobiernos de todos los signos políticos, pero su última prórroga venció el 1 de enero de este año: por ello es que el Gobierno sostiene que no hay mandato legal para continuar con el FONID. Mientras tanto, la crítica de las provincias y de algunos especialistas se dirige a que esta decisión fue tomada de manera intempestiva, como represalia por el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso. Incluso hay quienes sostienen que la Secretaría de Educación elevó la orden para pagarlo, pero fue el Ministerio de Economía quien le puso un freno. 

Respecto a la responsabilidad del gobierno nacional y las provincias en materia educativa: si bien es cierto que la Constitución establece en su Art. 5 que las provincias son responsables de la educación primaria en sus territorios, existe un amplio consenso en que tanto nación como las provincias tienen responsabilidades concurrentes respecto a las políticas educativas y que, asimismo, el Gobierno tiene un deber fundamental en garantizar un piso mínimo de cumplimiento del Derecho a la Educación en todo el territorio nacional. Tal vez por esto sea que –a pesar de las contundentes declaraciones del presidente Milei negando la convocatoria a paritaria nacional docente– los portales de noticias anuncian que esta semana se concretará un encuentro entre representantes de gremios docentes y el secretario Carlos Torrendel en una mesa de diálogo que buscará fijar el monto del salario mínimo docente y acercar posiciones para evitar un paro que impida el inicio del calendario escolar. Al mismo tiempo, tras un fallo adverso que suspendió la aplicación de un capítulo del Decreto 70/23, el Gobierno Nacional sigue buscando declarar la educación como servicio esencial, lo cual podría poner ciertos límites al uso de medidas de fuerza por parte de los docentes.  

En medio de todo este debate que profundiza el declive de la educación argentina, el gobierno nacional analiza lanzar un programa de asistencia económica para las familias que envíen a sus hijos a colegios privados. Llama poderosamente la atención que, mientras la negativa a continuar pagando el FONID se sustenta en la necesidad de reducir el gasto público del Estado Nacional, se promueva esta iniciativa que destinará ingentes recursos del tesoro nacional para beneficiar con un subsidio a quienes deciden pagar educación privada y profundizando aún más la desigualdad educativa, al dejar en el olvido a millones de familias con hijos en la escuela pública. La situación social y económica de Argentina alcanzó un pico de extrema fragilidad: así lo revela el último informe del Observatorio Social de la UCA, que calcula que más de 27 millones de personas se ubicaron por debajo de la línea de pobreza en enero, conformando un 57,4% de la población total del país. 

Más allá de las sutilezas y particularidades propias del debate educativo, sería bueno que el Presidente concentre sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales de una escuela que no logra garantizar los contenidos mínimos a millones de niños, niñas y adolescentes de Argentina, condenando a nuestra sociedad a un futuro de más pobreza y marginalidad. Cada minuto perdido en insultar cantantes y periodistas es una oportunidad de cambio que se tira al tacho de la basura. Mejorar la educación requiere el compromiso y el esfuerzo de las autoridades nacionales, provinciales, docentes, familias y estudiantes. Nadie dijo que fuera fácil, pero vale la pena hacer el intento.