Las reformas y transformaciones del Estado en Argentina han sido un tema central en el discurso público a lo largo de la historia, especialmente en las últimas décadas. Este proceso, que ha tenido su correlato en América Latina, representa un gran desafío y un capítulo de constante tensión política y social. Según el destacado especialista argentino Oscar Oszlak, la modernización y transformación del Estado no sigue una lógica lineal ni etapas predefinidas, sino que presenta avances y retrocesos a lo largo de nuestra historia. En realidad, la pregunta esencial es: ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo en el campo de la administración, la gestión, la gerencia o los asuntos públicos? ¿Qué hay de común y qué hay de diferente en los países de América Latina?

Así, la historia de la reforma del Estado en Argentina tiene sin duda un hito de gran relevancia en la década del ’90: durante la primera presidencia de Carlos Menem se llevó adelante la privatización de empresas públicas, las desregulaciones administrativas y el plan de Convertibilidad, en línea con el llamado “Consenso de Washington”. Fue un conjunto de reformas “estandarizadas” por los organismos internacionales para los países en desarrollo azotados por la crisis financiera de los años ’80, inspiradas en el neoliberalismo y fundamentalismo de mercado. 

Estas reformas incluyeron como ejes centrales la disciplina en la política fiscal y reducción de los déficits, la asignación eficiente del gasto público, la disminución de subsidios y la reasignación de recursos para el desarrollo de los países, una fuerte reforma tributaria, tasas de interés reguladas por el mercado, tipos de cambio competitivos, liberalización del comercio y barreras a la inversión extranjera y la privatización de empresas estatales. Cabe aclarar que Argentina fue uno de los países que aplicó gran parte de estas “recetas” con cambios muy importantes para la estructura del país, en muchos casos con una fuerte impronta en la modernización pero también con la consiguiente deuda social y con un proceso de desarrollo que, a mi humilde entender, quedó a mitad de camino, sin la visión de sustentabilidad, el agregado de valor público y la mejora en la calidad de vida de los pueblos.

Así el colapso de estas reformas y transformaciones, que tuvo su desgraciado desenlace en el 2001, provocó un cambio rotundo para las décadas siguientes, con una creciente intervención del Estado en todos los aspectos de la vida política, social y económica. Pero también, con un desmedido crecimiento que impidió lograr el equilibrio tan necesario reflejado en aquella ya histórica frase: “Tanto mercado como sea posible. Tanto Estado como sea necesario”, que sintetiza la fórmula perfecta del equilibrio necesario a lograr entre la influencia del sector estatal y el desarrollo de la iniciativa privada.

Por estos días, con el nuevo gobierno, Argentina vuelve a poner sobre el tapete la discusión de una reforma profunda del Estado reflejado en el debate en el Congreso de la denominada “Ley Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” que propone una serie de cambios sustanciales en la estructura del Estado. La declaración de la emergencia pública y la delegación de amplias facultades al Poder Ejecutivo, entre otras reformas, si bien son de gran impacto, no son nuevas y replican lo que viene sucediendo en las últimas décadas, siendo quizás la velocidad y el contexto de profunda crisis económica y social lo que provoca que en este momento de la historia cobre gran relevancia, un proceso de final abierto y que es positivo que tenga tanto impacto público y sea parte del escrutinio social por sus implicancias para nuestro futuro.

Lo cierto es que en un mundo en constante cambio, la transformación y actualización del Estado en Argentina es más importante que nunca. Las reformas, bien diseñadas e implementadas, tienen el potencial de convertir al Estado argentino en una entidad eficiente y efectiva, capaz de enfrentar los desafíos del mundo actual, tales como el cambio climático, la digitalización y la globalización, la transformación de la matriz productiva, la generación de energías limpias, la necesaria cobertura universal de servicios de calidad en salud y educación, y los desafíos de la economía post pandemia. Estos desafíos, requieren respuestas innovadoras y efectivas por parte de un Estado que no puede relegar su rol central ante un futuro complejo y bastante incierto. Así las tan mentadas reformas del Estado pueden proporcionar estas respuestas, adaptando las estructuras, legislación y procesos del Estado a las necesidades cambiantes de la sociedad, en un mundo por demás desafiante y la urgente necesidad de transformación de Argentina en un país más justo, sostenible y resiliente.