El Estado Nación como institución aún vigente y con más de 350 años de existencia continúa siendo la forma de organización política con preponderancia y necesaria en la que se ve reflejada la ciudadanía. Es el que resulta capaz de regir la vida en sociedad, aún en tiempos complejos y de grandes y profundos cambios. 

En los últimos días, en el marco del año electoral y las propuestas de campaña de candidatas y candidatos que aspiran a la presidencia de la República, ha surgido con fuerza, a veces de manera explícita y en muchas otras de forma tácita, la antigua discusión sobre el rol del Estado, su tamaño y recursos, y la prestación de bienes y servicios en los que debe intervenir. 

El acceso a los servicios esenciales es uno de los derechos fundamentales de las personas y garantizarlos debe ser la prioridad de cualquier Estado que se precie de democrático y respetuoso de los derechos humanos. En este sentido, es importante destacar que los servicios esenciales no sólo deben estar disponibles y accesibles para toda la población, sino que también deben ser de calidad y prestados con equidad y efectividad, independientemente de la situación social, económica y la ubicación geográfica de la población.

Uno de los servicios esenciales y de mayor preponderancia es sin duda el de la educación, que junto a la alimentación y la salud están directamente relacionados al derecho a la vida. La educación es la base para el desarrollo humano y social, y resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso irrestricto al conocimiento. El Estado debe asegurar que la ciudadanía toda tenga acceso a una educación de calidad desde el nivel infantil y/o inicial hasta la educación superior.

Otro de los servicios fundamentales que el Estado debe asegurar y que constituye uno de los servicios esenciales de importancia es la salud. La experiencia de la pandemia producida por el Covid-19 enseñó la importancia de contar con un sistema de salud organizado y coordinado que pueda responder a un desafío de salud pública semejante. El acceso a una atención médica de calidad y la implementación de programas de prevención y promoción de la salud son también esenciales para garantizar la vida sana y dignidad de las personas, y aunque parece una obviedad no está demás remarcarlo en especial en los tiempos que corren.

La seguridad y el acceso a los servicios de justicia son otros servicios indelegables que debe prestar el Estado, en tanto que la seguridad y protección de los ciudadanos es fundamental para garantizar la paz social y la convivencia pacífica entre los habitantes de una comunidad y/o región. El Estado debe proveer a la seguridad interior y garantizar que la ciudadanía pueda vivir sin miedo protegiendo su integridad física y psicológica, como así también el resguardo de los datos personales, información ciudadana sensible, privacidad e intimidad; un gran desafío en tiempos donde el Estado debe trabajar en temas de ciberseguridad y protección ciudadana.

El acceso al agua potable y el saneamiento básico son también esenciales y el Estado debe asegurarlo ya sea por su propia mano o bien, como sucede generalmente, a partir de la concesión por terceros, pero siempre manteniendo con fuerza y efectividad su función de regulación y control, aún cuando estos servicios, como sucede generalmente con el transporte público, sean provistos por prestadores privados o en alianzas públicos privadas. Lo cierto es que cualquiera sea la forma en que dichos bienes y servicios sean provistos a la ciudanía, el Estado no puede prescindir de la responsabilidad que le cabe, ya sea como prestador directo o en su principal función de rector y controlador de la provisión de calidad con eficiencia, eficacia y lo más importante de forma efectiva, independientemente de su situación económica o social.

De la multiplicidad de funciones y actividades en las que interviene, esa entelequia tan lejana pero al mismo tiempo muy cercana que es el Estado, es quien debe asegurar estos servicios esenciales en tanto son su función central en vistas al desarrollo sostenible y el buen vivir de los habitantes, destinando enteramente sus recursos disponibles para ello. 

En conclusión, los servicios esenciales que debe prestar el Estado son fundamentales para garantizar la vida, la dignidad y el bienestar de las personas. Es compromiso del Estado asegurar que estos servicios estén disponibles, sean de calidad y accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de su situación y/o ubicación. En tiempos de crisis y de profundos cuestionamientos y debates, es aún más importante que el Estado preste atención a los servicios esenciales y garantice su disponibilidad y accesibilidad para toda la ciudadanía, sobre la base innegociable de que es su principal responsabilidad, la que no puede ser desconocida por ninguna persona que postule para un cargo de máxima responsabilidad pública.