Falta de planificación en la implementación de la ESI: objetivos y recursos
La Educación Sexual Integral es una política de Estado y un derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Auditoría General de la Nación auditó al Ministerio de Educación en cuanto a su gestión para su implementación.
En los últimos años ha habido muchos avances en materia de educación con perspectiva de género, igualdad y sexualidad. La aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) forma parte de ese proceso, del cual aún queda un largo camino por recorrer, pero la implementación de esta ley no siempre se lleva a cabo como debería.
Para controlar esto, la Auditoría General de la Nación (AGN) revisó la gestión del Ministerio de Educación con respecto al Programa Nacional de Educación Sexual Integral durante los años 2017, 2018 y 2019. Entre los hallazgos se destacan la subejecución de los fondos destinados y la falta de objetivos medibles para su correcto cumplimiento.
La ESI en el territorio: capacitaciones y materiales
Otro de los factores resaltado por la AGN fue la carencia de una línea de financiamiento específica para las capacitaciones de ESI. La misma aparece en la auditoría recién en el 2019. Es importante la formación de los y las profesionales que llevan a cabo luego las clases, ya que en el intercambio en las aulas es donde más provecho se saca del programa.
Además, estas jornadas de formación estuvieron a cargo de cada jurisdicción, posibilitando así la injerencia de las autoridades locales en la correcta ejecución de las capacitaciones.
Dentro de lo concerniente al personal involucrado, el Programa Nacional de ESI diseñó y proporcionó ciertos criterios destinados a conformar los equipos de referentes escolares. Determinó sus características, roles y tareas, pero solo fueron adoptados por algunas jurisdicciones.
Por ejemplo, en los equipos de referentes se encontraba detallado un perfil del referente escolar. El auditado agregó que en algunas jurisdicciones “fue respetado el perfil” y en otras lo reformularon. De los resultados que arrojó la encuesta realizada a los referentes jurisdiccionales, surgió que 12 de los 22 que respondieron recibieron orientación por parte del Programa Nacional de ESI para la selección de los referentes escolares.
Por tratarse de una normativa reciente, que involucra temas muchas veces esquivados en los hogares, la Ley 26.150 contempla la organización de espacios de formación con las familias. Su finalidad es “contribuir al conocimiento de la ESI en los núcleos familiares y vencer las resistencias y obstáculos en su implementación”, sin embargo el programa no generó estrategias de apoyo ni realizó asistencias técnicas u otras acciones para organizar estos encuentros.
Por último, con respecto a los materiales didácticos utilizados, durante el período auditado, la demanda de los mismos se realizó principalmente por correo electrónico, llamados telefónicos y WhatsApp, dificultando el registro íntegro de los materiales.
La AGN determinó que este sistema de solicitud no es eficiente para gestionar la necesidad y oportunidad de producción y distribución de las herramientas didácticas.
Fondos subejecutados
En relación a los fondos asignados al programa, se advirtió una subejecución, denotando “ineficiencia y el consecuente impacto en el cumplimiento de sus objetivos”. En 2018 y 2019, se utilizó solo un 60% y 59%, respectivamente.
En línea con esto, el informe expone que no se tuvo evidencia de la aplicación de criterios objetivos para definir la asignación de los fondos a ser transferidos a las jurisdicciones provinciales, en el marco del Plan Estratégico “Argentina Enseña y Aprende”, y resalta que esto “puede afectar la eficiencia e impactar en la equidad de la distribución”.
Falta de planificación
En cuanto a la planificación de los objetivos y el registro en documentos de las gestiones, la AGN detalla que el Ministerio de Educación “no contó con una planificación estratégica institucional para los años 2017, 2018 y 2019”, por lo tanto se carece de una herramienta para identificar prioridades y asignación de recursos.
El auditado aportó el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende”, pero se advierte que no es un plan institucional, sino un documento que organiza una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades nacionales, provinciales y de la CABA.
La Coordinación del Programa Nacional de ESI expresó que no fue consultado sobre decisiones presupuestarias ni definición de metas físicas.
También el Ministerio presentó el documento “Planificación líneas de acción 2017, 2018 y 2019”, pero no detalla objetivos, estrategias de implementación, recursos necesarios y/o asignados, cronogramas con metas anuales, ni un sistema de seguimiento.
Entre las observaciones, la AGN concluye que dicha planificación no tiene concordancia con el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 antes mencionado, ya que no cuenta con elementos suficientes para dicha alineación.
Por último, la Coordinación del Programa Nacional de ESI expresó que, durante el periodo auditado, no fue consultado sobre decisiones presupuestarias ni definición de metas físicas. Aclara también que “se comunicaban informalmente inquietudes o cuestiones que las autoridades ministeriales decidían o no priorizar”.
Es casi redundante hacer hincapié en la importancia de la correcta implementación de esta ley. Está comprobado que, desde su inclusión en el programa educativo, han aumentado las denuncias y llamados de alerta por parte de menores hacia violencias y abusos que sufrían, o habían sufrido, mayoritariamente en sus hogares o círculos de confianza. La ESI es clave durante el desarrollo y la escolarización, debe servir para enseñar, acompañar y contener a cada estudiante.