La democracia en su acepción primigenia es el “gobierno del pueblo”. El término deriva de las palabras griegas “demos” (pueblo) y “kratos” (poder o gobierno).  Además de esta definición general, desde el enfoque político refiere a la forma de organización política convalidada por diferentes mecanismos de participación ciudadana ya sean directos o indirectos. En un sentido mucho más amplio, es también la forma de organización social y un estilo de vida que acuerda una comunidad para el desarrollo social y el bienestar general, donde deben primar la igualdad ante la ley, la participación, el respeto mutuo, la plena vigencia de los derechos y deberes individuales y colectivos que permiten precisamente el desarrollo en armonía y en paz.

Ya en 1831-1835 Alexis de Tocqueville, jurista e historiador francés, a partir de su viaje de estudios a EEUU junto a su colega Gustave de Beaumont, expondría en su obra clásica y fundacional “De la Démocratie en Amérique” lo que constituye uno de los pilares del sistema y que ve reflejado en el poder legislativo: el Congreso, su máxima expresión. Así el autor reconocía en la democracia representativa y republicana las ventajas del cambio en la vida en sociedad y su progreso, al tiempo que también advertía sobre los riesgos y peligros en los que podía degenerar, como el despotismo suave.

Así la democracia moderna se asienta en una serie de principios que deben respetarse para que el sistema funcione. Algunos de los más importantes son la igualdad ante la ley, teniendo en cuenta que  todas las personas deben tener los mismos derechos, obligaciones y oportunidades; la división e independencia de poderes que evita la concentración de poder y asegura el funcionamiento independiente de los mismos; la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos que legitiman el sistema y que tiene en las elecciones periódicas uno de los más importantes; la plena libertad para el funcionamiento de las agrupaciones y/o partidos políticos; la pertenencia libre a ellas y la posibilidad de elegir y ser elegidos para los cargos a través del voto; la rendición de cuentas, entendida como la obligación de nuestros representantes, como la de cualquier persona que desempeñe la función pública, de responder por sus actos y decisiones de gobierno y someterse a los mecanismos legales de control.

La libertad de expresión también es clave en un sistema democrático. Completa y sin restricciones con la libertad de prensa como vigencia plena de la libertad de opinión, abre la puerta al escudriñamiento y control ciudadano de los actos de gobierno. Finalmente, la alternancia en el poder es fundamental para fortalecer la democracia ya que no es saludable para el sistema que una misma persona o grupo político detente el poder por períodos ilimitados, incluso aunque esta continuidad surja de elecciones libres. 

Hoy en día, a modo de balance, si hiciésemos un control a través de una check list de la vigencia y aplicación de los principios que rigen la vida democrática, encontramos falencias que en parte explican muchos de los problemas actuales. En la historia de nuestro país, incluso en los cortos períodos democráticos previos a 1983, muchos fueron vulnerados, pausados, a veces incluso en nombre del mismo orden democrático: los abusos de poder, la intromisión de un poder sobre otro, y en más de una ocasión el avasallamiento de las libertades individuales que derivaron en violencia e inestabilidad.

A partir de 1983, desde la vuelta definitiva a la democracia, sin duda la estabilidad del sistema comenzó a afirmarse y, aún en momento de crisis sociales, económicas y políticas, como por ejemplo la más reciente del año 2001, los mecanismos institucionales funcionaron y permitieron converger en salidas siempre dentro del sistema, aunque no sin grandes costos sociales. Y esta experiencia de décadas previas, e incluso con los problemas que enfrentamos actualmente donde la pobreza y la exclusión de grandes sectores sociales es una permanente herida abierta y el saldo negativo quizás más palpable de las últimas décadas en nuestro país, pero que no ha sido un proceso exclusivo de Argentina, ya que la región, especialmente en la última década, vivió la movilización y fuertes reclamos sociales, con el pueblo en las calles pidiendo a gritos mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.

En definitiva, en cumplimiento del objetivo final del bien común, el bienestar general o, en un término más actual, el buen vivir como promesa firme de la democracia, que debería ser la base estándar de nuestras realidades, en línea con los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030 - que precisamente hacen hincapié en poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y deben ser el horizonte de las políticas públicas en todos los países, especialmente en la región. Debe haber una verdadera agenda de Estado que supere los períodos o mandatos de gobiernos y que a través de planes estratégicos de largo alcance, y políticas públicas de Estado aseguren ese bienestar general y desarrollo sostenible que aún parecería estar pendiente.