A comienzos de abril, el Gobierno difundió como un logro y celebró haber alcanzado la cifra de 42.034 trabajadores despedidos de la Administración Pública Nacional (APN). El comunicado que publicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló que la política de reducción del Estado significa un ahorro de USD 1.650 millones anuales para el Ejecutivo.

Para ser aún más precisos, Sturzenegger especificó que 24.244 cesantías corresponden a la administración central y descentralizada; 13.711, a empresas del Estado; y 4.079, a personal militar y de seguridad.

Para conocer las consecuencias de este achicamiento, cómo repercuten los despidos en la gestión de lo público y el camino hacia la eficientización del Estado, El Auditor.info dialogó con Ana Castellani, socióloga, investigadora y especialista en administración pública.

- En líneas generales ¿Cuál es el panorama actual de la Administración Pública Nacional?

Es alarmante por tres motivos principales. Por un lado, la parálisis que se genera por la recurrente modificación en las estructuras y en los equipos de trabajo. Además, la rotación constante en los cargos de autoridad superior que contribuyen con la parálisis y genera mucha inestabilidad en la orientación de las políticas públicas. El tercer punto son los despidos masivos que, además de generar un clima laboral de terror y persecución, impiden el cumplimiento de funciones básicas del Estado.

- ¿Cómo impactan los despidos masivos en la calidad de la gestión?

Los despidos masivos -con un criterio pura y exclusivamente dogmático y sin ningún tipo de consideración sobre la antigüedad, condición de revista, perfil y tareas de los trabajadores públicos- generan desmantelamiento de equipos técnicos que se conformaron a lo largo de los años y que va a ser muy difícil reconstruir en el futuro. Es una pérdida de capacidades para gestionar lo público muy grande, y además se produce un pésimo clima laboral, signado por el temor y la arbitrariedad. Algunas áreas como las de Salud y Desarrollo Social han sufrido especialmente este desmantelamiento. Pero en general se observa una decisión transversal de reducir la dotación sin ningún análisis previo de necesidades.

- ¿Sigue la discusión entre Estado grande o chico?

La cuestión no es agrandar o achicar porque sí, como dogma. La cuestión es establecer con claridad las funciones ineludibles de cada área de la Administración Pública según los objetivos políticos de gobierno y las funciones ineludibles del Estado nacional para, en base a eso, determinar la cantidad y el perfil de la dotación en cada lugar.

- ¿Cuál es la receta para lograr la eficiencia del Estado?

Primero hay que tener una definición política clara, porque los objetivos políticos orientan la forma y el accionar de la Administración Pública, aunque eso no signifique que pueda transformarse la APN de manera radical por la decisión de un gobierno. Hay que garantizar la relación entre la conducción política y la burocracia, sin destruir las capacidades. Hoy la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre la Administración Pública Nacional es total. Eso, en la mayoría de los países, no sucede, se protege el servicio civil y la estructura básica.

- ¿Qué medidas podrían tomarse para proteger al Estado de las decisiones políticas?

Por ejemplo, podría haber una ley que establezca un mínimo de ministerios que no deberían ser eliminados por decisión de ningún presidente. También hay que avanzar con el proceso de concursos para el personal transitorio que se encuentra bajo la Ley Marco de Empleo Público y consolidar así una dotación profesional. En tercer lugar, se debería sostener un programa de capacitación y formación permanente a través del Instituto Nacional de Administración Pública que, lamentablemente, hoy está paralizado. También, implementar mecanismos transversales de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas desde la Jefatura de Gabinete que permitan una coordinación efectiva de los diversos planes y programas. Y, por último, fortalecer las áreas de atención directa a la ciudadanía. Ahí deben estar los mejores y más capacitados servidores públicos.