En septiembre se cumplirán siete años desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina. Sin embargo, la norma no rige en todo el territorio nacional. La provincia de La Pampa, junto a Tucumán, San Juan y Formosa, son las cuatro jurisdicciones que aún no tienen una ley al respecto, ni adhieren a la normativa nacional.

Desde su implementación, la herramienta es considerada un avance significativo para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. A su vez, tiene un impacto significativo en la forma en que los ciudadanos pueden acceder a la información pública.

“Cuando elaboramos el proyecto hicimos un relevamiento de la ley nacional y las leyes provinciales que existen”, indicó Carmen Sierra, subsecretaria de modernización de La Pampa.

Ante la necesidad de contar con este instrumento y de poner en práctica el plan de modernización, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto presentó el 1ro de marzo el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que se envió ese mismo día para su tratamiento en la Legislatura provincial.

“Cuando elaboramos el proyecto hicimos un relevamiento de la ley nacional y las leyes provinciales que existen”, indicó Carmen Sierra -subsecretaria de modernización de La Pampa- en comunicación con ElAuditor.info.

El proyecto de ley busca dar un marco normativo a la provincia. A su vez, propone garantizar el efectivo ejercicio de este derecho, regular los mecanismos de acceso, establecer los procedimientos para su solicitud y promover la transparencia activa en la gestión pública, según informó el Ministerio de Modernización.

Para el diseño de la propuesta legislativa, Sierra priorizó el análisis realizado a la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “El proyecto se hizo tratando de responder a lo que sería la máxima calificación de estos indicadores”, completó.

Modernización

El año pasado, La Pampa implementó los dos primeros módulos del sistema de Gestión Documental Electrónica: comunicaciones oficiales y el Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO).

Este procedimiento integrado permite la tramitación digital de expedientes electrónicos en todas las dependencias del Sector Público Nacional y está a cargo de la Subsecretaría de Innovación Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

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Transparencia activa

La transparencia activa es un principio fundamental en la gestión pública y se refiere a la obligación de los organismos públicos de hacer pública, de manera activa y sistemática, información relevante sobre la organización, estructura, funciones, procesos, procedimientos, entre otros temas que sean de interés para la ciudadanía.

Con respecto a esta herramienta, la funcionaria espera que se llegue a un punto dónde “toda la información esté publicada” y, entonces, “no tenga que haber solicitudes de acceso”.

“Toda la información pública que se maneja en el Estado empieza a estar en en los sitios web”, agregó la subsecretaria. Sin embargo, aclaró que la dificultad surge al momento de la búsqueda, al querer acceder a estos datos, informes o reportes.

En la actualidad, si un ciudadano quiere buscar un trámite tiene que conocer qué organismo se encarga. “Para los que estamos dentro de la administración es fácil, pero la gente no necesariamente lo sabe, entonces la idea del portal es que estén los trámites clasificados según el tipo, el organismo que lo presta y los destinatarios”, detalló Sierra.

Es importante destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública establece ciertos límites al derecho de acceso a la información, los cuales se relacionan principalmente con la protección de datos personales, la seguridad nacional y otros aspectos que pueden afectar el interés público.