El escrutinio definitivo de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzó el jueves 16 de agosto en todo el país y, dentro de las primeras cifras oficiales, se supo cuántos presos votaron. En total, sufragaron 22.613 personas detenidas sobre un padrón total de 69.520.

El recuento definitivo tiene validez legal y, una vez culminado, la Justicia oficializará a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre próximo.

Alrededor de 70.000 presos formaron parte del padrón y estuvieron en condiciones de sufragar en las primarias, en 305 establecimientos entre unidades penitenciarias, alcaidías e institutos de menores. Cabe destacar que el voto es optativo en estos casos.

En nuestro país, actualmente solo pueden votar las personas procesadas y quienes tienen una pena en primera instancia y aún conservan el principio de inocencia.

En este sentido, en diciembre de 2022 la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo que rehabilita el “derecho al sufragio a personas condenadas con sentencias penales firmes en las cárceles de todo el país”. En nuestro país, actualmente solo pueden votar las personas procesadas y quienes tienen una pena en primera instancia y aún conservan el principio de inocencia.

La cifra exacta de personas privadas de la libertad que se encuentran registradas en el padrón electoral es de 69.520, según los datos a los que accedió El Auditor.info. “Votó, aproximadamente, el 30% del padrón electoral”, confirmó Ariel Cejas Meliare, abogado y procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en comunicación con este medio. 

Las elecciones se celebraron en 305 centros de reclusión, desde complejos penitenciarios hasta alcaidías, pasando por centros de contención infanto-juvenil. En detalle, más de la mitad de los habilitados a ejercer el voto se encuentran en los 95 penales de la Provincia de Buenos Aires: son 36.516 los electores detenidos.

“El proceso está cada vez más aceitado y fluido. Las autoridades de mesa no informaron problemas en los comicios”, afirmó el abogado de la procuración. 

Sistema de votación

Todos los electores privados de la libertad votaron con el sistema de boleta única de papel, a diferencia de la tradicional papeleta sábana que rige para la mayor parte de los ciudadanos. 

Por su parte, los presidentes y vicepresidentes de mesas fueron los propios docentes y personal penitenciario que cumple funciones en los distintos establecimientos carcelarios.

Cabe destacar que las personas en situación de prisión preventiva emitieron su voto en las unidades carcelarias en que se encuentren bajo detención.

Los electores en el encierro tuvieron la posibilidad de votar en las categorías nacionales: presidente; parlamentario del Mercosur; diputados y senadores. Cejas Meliare aseguró que no importa la jurisdicción donde estén los detenidos, el establecimiento carcelario “debe contar con todas las boletas de todas las provincias”.

Según la Dirección Nacional Electoral, si la persona procesada está detenida en un distrito electoral diferente al que le corresponde por su domicilio registrado, votará en el establecimiento donde se encuentra alojada y el voto se computará para el distrito donde está empadronada.

Para poder votar, las personas procesadas que estén cumpliendo detención deben estar incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad, que es elaborado por la Cámara Nacional Electoral. Y, según el integrante de la PPN, la cámara electoral “mandó los padrones a tiempo” para estas elecciones. 

Tweet de Procuración Penitenciaria de la Nación

Desde cuándo votan

En Argentina los presos votan desde 2007. Antes estaban dentro de las personas que el Código Nacional Electoral y el Código Penal excluía del sufragio. Las normas fueron modificadas pero no todos los detenidos pueden votar. Están habilitados quienes no tienen condena firme. En 2016, la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición y le pidió al Congreso que modifique la ley. Pero todavía no se cambió.

En total, sufragaron 22.613 personas detenidas, sobre un padrón total de 69.520.

La procuración señaló que cuando una persona es privada de su libertad, por ley, solo pierde el derecho a su libertad ambulatoria. “La negación del derecho al voto a las personas condenadas es una deuda de la democracia y una forma de discriminación que afecta a todo el conjunto de la sociedad”, completó el documento de la PPN.

El organismo público presentó proyectos de ley en el Congreso e incluso hábeas corpus individuales para apoyar, como institución, los reclamos de quienes se encuentran en contexto de encierro. 

“¿Qué falta para que todos los condenados voten? Una modificación de la ley, un nuevo fallo de la Corte Suprema”, completó Cejas Meliare.

“A 40 años de la recuperación de la democracia, nuestro país aún tiene deudas pendientes. Desde la PPN seguimos trabajando para visibilizar y modificar esta situación y poder así fortalecer la calidad de nuestro sistema democrático, que es ni más ni menos, la base en la cual construimos nuestro presente y futuro”, expresó el texto de la procuración.