La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por su sigla en inglés) realizó un informe sobre el comportamiento sexual no deseado en las fuerzas armadas y concluyó que se necesitan mejoras en la orientación, acceso a la atención y capacitación para abordar las necesidades de salud conductual de las víctimas.

Tanto el Departamento de Defensa (DOD) como el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) ofrecen atención de salud conductual a miembros del servicio activo y veteranos que hayan experimentado un comportamiento sexual no deseado, esto es, que hayan sufrido acoso sexual, agresión sexual y/o abuso sexual doméstico. Sin embargo, varios problemas limitan la detección y el acceso a la atención relacionada. 

Por un lado, el Departamento de Veteranos requiere que sean examinados por trauma sexual militar, mientras que Defensa examina las condiciones de salud conductual, pero no específicamente las experiencias con conductas sexuales no deseadas. Sin desarrollar una guía que especifique cómo y cuándo los proveedores médicos del DOD deben evaluar dichas experiencias, no puede garantizar el apoyo o la atención constante del paciente.

Por otro lado, estos miembros del servicio pueden obtener asesoramiento confidencial no médico a través del Departamento de Asuntos de Veteranos. Sin embargo, la atención psiquiátrica y a largo plazo solo está disponible con una remisión que se hace al Departamento de Defensa como parte de su registro del paciente y que deja de ser secreta. Esto hace que muchas víctimas prefieran dejar de buscar ayuda.

Sobre esto último, la GAO consideró que Defensa debe considerar una mejor manera “de permitir que los miembros del servicio accedan a servicios a largo plazo a través de VA, sin una remisión, ya que es posible que algunos miembros del servicio no busquen la atención necesaria”.

El organismo de control realizó este informe dado que los miembros del servicio que experimentan comportamientos sexuales no deseados durante el servicio militar pueden sufrir problemas crónicos de salud mental y los que tuvieron tales experiencias además “tienen más probabilidades de separarse de las fuerzas armadas, lo que exacerba los desafíos críticos de reclutamiento y retención del DOD”.

Además la GAO aseguró que hay “múltiples factores” que impiden que Defensa tenga la capacidad “para determinar si una experiencia con un comportamiento sexual no deseado desempeñó un papel en las decisiones de separación”. En este sentido, ejemplificó: “Hay ciertos procesos relacionados con exámenes médicos y revisiones de alto nivel de separaciones involuntarias que están disponibles solo para víctimas de agresión sexual, por períodos de tiempo específicos y para ciertos diagnósticos de salud conductual”. 

El organismo le envió 15 recomendaciones al Departamento de Defensa para intentar corregir los problemas hallados. Entre otras, pidieron que el secretario de Defensa se asegure que el director de la Agencia de Salud de Defensa desarrolle una guía que establezca protocolos que especifiquen cómo y cuándo los proveedores deben evaluar a los pacientes en busca de experiencias con conductas sexuales no deseadas.

Además solicitaron que el secretario de Asuntos de los Veteranos, junto a su par de Defensa, desarrollen y evalúen opciones y determinen el mejor enfoque para incorporar un mecanismo en su nuevo registro de salud electrónico mediante el cual los proveedores de VA puedan registrar la atención de comportamiento sexual no deseado en los centros médicos y clínicas ambulatorias basadas en la comunidad y limitando el intercambio de esa información en la mayor medida posible.

La contracara

Desde 2015 en Canadá se trabaja bajo el “Operativo Honor”, una propuesta que busca abordar las conductas sexuales no deseadas mediante capacitaciones y mecanismos para alentar las denuncias de casos. La Auditoría canadiense analizó el programa y hallaron que  aumentó la conciencia sobre el comportamiento sexual inapropiado dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la operación tuvo un enfoque fragmentado para el apoyo a las víctimas, así como consecuencias no deseadas que retrasaron su progreso y dejaron a algunos miembros preguntándose si lograría las expectativas establecidas.

“Después de la implementación de la Operación, la cantidad de quejas reportadas aumentó de aproximadamente 40 en 2015 a aproximadamente 300 en 2017”, asegura el informe y agrega que “las Fuerzas creían que el aumento era una indicación de que los miembros confiaban en que la organización respondería de manera efectiva al comportamiento sexual inapropiado”.