Cómo trató Canadá el “comportamiento sexual inapropiado” en sus Fuerzas Armadas

Canadá, un país considerado ejemplar en varios aspectos de su gestión pública, tiene -no obstante- un “problema” que lo aqueja hace por lo menos 30 años: el comportamiento sexual inapropiado en sus Fuerzas Armadas.

El tema, que salió a la luz a principios de la década del ‘90, tomó tal magnitud en los últimos tiempos, que fue el propio jefe del Estado Mayor de Defensa quien pidió, en 2015, que se hiciera una revisión externa para intentar solucionarlo. 

La misión fue encomendada a una exjueza de la Corte Suprema del país y culminó ese mismo año, concluyendo que “había una cultura sexualizada en las FFAA que era hostil a las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y miembros queer, y que conducía a incidentes más graves de acoso y agresión sexual”.

Además, el trabajo incluyó un decálogo de recomendaciones, que la Fuerza se comprometió públicamente a implementar. A partir de esos consejos se lanzó el Operativo Honor, una iniciativa que pretendió abordar la cuestión mediante capacitaciones y mecanismos para alentar las denuncias de casos. 

Este programa fue analizado por la Auditoría canadiense y, pese a que los resultados quedaron plasmados en un informe de 2018, aún mantiene vigencia en el mundo del control público en general, porque se trató de un análisis de cultura organizacional, y en la actualidad argentina en particular, justamente en cuando el Senado acaba de dar media sanción al proyecto de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta que, justamente, busca terminar con la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Más denuncias

Según la Auditoría de Canadá (OAG, por sus siglas en inglés), el Operativo Honor provocó un aumento en las denuncias por casos de abuso, de 40 en 2015 a unas 300 en 2017. Esto “se interpretó como un indicio de que los miembros de la institución militar confiaban en que la organización respondería efectivamente”, dijo el organismo. Sin embargo, se añadió que hubo un “enfoque fragmentado en el apoyo a las víctimas y consecuencias no deseadas que ralentizaron el progreso” de la iniciativa. 

El Operativo Honor pretendió abordar la cuestión mediante capacitaciones y mecanismos para alentar las denuncias

Por ejemplo, los técnicos encontraron “lagunas” en las medidas de contención a quienes sufrían abusos: “Las víctimas no siempre tuvieron fácil acceso a los servicios correctos en el momento preciso”. 

En la misma línea, se marcó que había, por un lado, “falta de disponibilidad” de los servicios, ya sea por cuestiones de ubicación de las oficinas o porque la atención se daba en “horas limitadas” y, por el otro, “falta de conocimiento” de todas las herramientas disponibles, es decir, muchas veces las víctimas no sabían a quién recurrir ni en qué circunstancias.

Sobre este último punto, la Auditoría recalcó la “falta de coordinación” para apuntalar el Operativo, lo que provocó que “los miembros, incluida la cadena de mando, no estuvieran seguros de qué (área) era un servicio de apoyo a las víctimas o un organismo formal de informes, y no siempre supieran a quién referir o derivar. Esto -completa el texto- significaba que una víctima podría haber tenido que consultar más de una fuente antes de encontrar el apoyo que necesitaba”.

Además, el ente observó que quienes brindaban los servicios de apoyo “no contaban con capacitación suficiente para responder adecuadamente”, y remarcaron la “falta de experiencia” de algunas “personas involucradas” en la contención, como médicos o capellanes. 

Cómplices

“Se ofreció educación y capacitación pero no se abordaron las causas fundamentales del comportamiento sexual inapropiado”, sentenció la Auditoría en cuanto a los cursos dictados, y añadió que esas acciones terminaban “creando confusión, frustración, miedo y menos camaradería” entre las Fuerzas. 

Para el ente de control, esto se puede atribuir a tres cuestiones: “La capacitación no fue desarrollada por expertos en la materia, no se impartió de manera consistente ni se centró en el apoyo a las víctimas”, enumera el informe y explica que, “aunque las sesiones crearon conciencia, no les dio (a los miembros) una comprensión suficiente” del problema.

Tanto fue así que, ante una definición de comportamiento sexual inapropiado “tan amplia”, sucedía que “no todos los miembros tenían la misma comprensión” de la cuestión, lo que generó que algunos evitaran la interacción social básica, “por temor a ser acusados y, especialmente las mujeres, se sintieran aisladas debido a los temores de sus compañeros”. 

Sobre la consistencia de las clases, el ente de control reveló que “las FFAA no evaluaron si la cadena de mando tenía habilidades” para brindar la capacitación, y no solamente en términos didácticos: es que la institución militar no tomó recaudos para “mitigar el riesgo de que un líder que hubiera tenido un comportamiento sexual inapropiado, impartiera educación” relacionada al tema.

La principal consecuencia de esto, para la Auditoría, es la “poca credibilidad” que podrían tener entre las tropas las iniciativas como el Operativo Honor. Es más, “ya en la Revisión externa de 2015 se encontró que los miembros se mostraban escépticos sobre la capacitación brindada por la cadena de mando, y que había una opinión común sobre que, en muchos casos, los entrenadores eran cómplices de un comportamiento sexual inapropiado”. 

El deber de denunciar

Más arriba se mencionó el aumento de las denuncias desde la entrada en vigencia del Operativo. Pero también se habló de consecuencias no deseadas y, en ese sentido, el ente fiscalizador puso de relieve el impacto de un “requisito legislativo” del proyecto, conocido como “el deber de informar”. 

El problema con esto fue que los oficiales al mando, o cualquier uniformado con conocimiento de un caso, tenían la obligación de denunciarlo y, como temían “consecuencias significativas” si no lo hacían, “se les exigió a las víctimas que informaran conductas sexuales inapropiadas, lo quisieran o no”, explicó el texto, y continuó: “Esto desanimó a algunas víctimas a revelar (abusos) por temor a ser forzadas a un proceso formal de denuncia”.

La obligación de informar desanimó a algunas víctimas a revelar abusos por temor a ser forzadas a un proceso formal de denuncia.

¿Por qué? La Auditoría responde que “las Fuerzas Armadas no siempre resolvieron los casos denunciados de manera oportuna, coherente y respetuosa”, lo que generó que “algunas víctimas no informaran (los hechos) o retiraran sus quejas, y tuvieran menos confianza en que las investigaciones producirían resultados tangibles”.

Sobre lo oportuno de las gestiones, el informe detalla que, de una muestra de 46 denuncias, había 31 que fueron cerradas (es decir, que habilitaban a la presentación de cargos contra los acusados) luego de procesos que demoraron un promedio de siete meses, cuando el “tiempo estándar era de 30 días”. 

Y, en cuanto a la coherencia, el ente de control observó que “no siempre se siguieron los mismos comportamientos investigativos ni se tomaron las mismas acciones punitivas frente a conductas sexuales inapropiadas”. Además, “no se fue informando periódicamente a las víctimas sobre el avance de los expedientes, ni tampoco se informó en muchos casos a las víctimas de las medidas correctivas a cumplir por los perpetradores” de los abusos. 

Control

Por último, la Auditoría canadiense aportó que “no se monitoreó adecuadamente la efectividad del Operativo Honor”, pese a los distintos intentos de establecer una instancia de control externa a las Fuerzas. 

En 2015, por ejemplo, el Departamento de Defensa Nacional creó un Centro de Respuesta a la Conducta Sexual que, sin embargo, “no tenía la responsabilidad de recibir informes o recopilar información” y, por lo tanto, la institución militar carecía de una fuente independiente para saber “qué tan bien estaba funcionando el Operativo”.

Y un año después, el jefe de Personal de Defensa se comprometió a crear un Comité Directivo y un Consejo Asesor externo. El tema fue que, según la investigación, el primer espacio se reunió por primera vez recién en junio de 2018 y, al cierre de la auditoría, el segundo “nunca se había reunido”. 

Del mismo modo, se supo que “la información sobre el progreso a menudo provino de las evaluaciones personales de los oficiales al mando, en lugar de evaluaciones objetivas independientes”, afirmó el relevamiento.

A mediados de 2018, cuando se estaba terminando la auditoría, “las Fuerzas reconocieron que el comportamiento sexual inapropiado seguía siendo un problema grave y que se requería un enfoque significativo en el apoyo a las víctimas y el uso de asesoramiento externo e independiente”.