Los incendios forestales entre 2016 y 2021 consumieron más de 5 millones de hectáreas en el país. Muchos se registraron en bosques, como los patagónicos, donde hay especies de plantas que se pierden y no se recuperan. Según los datos oficiales, el 95 % de los siniestros son producidos por intervenciones humanas. 

Ante la preocupación que genera esta pérdida forestal, la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad de aplicación de la Ley 26.815 en la gestión de manejo del fuego. Analizaron las acciones de prevención y alerta temprana; el trabajo durante el incendio y las posteriores acciones de recomposición y restauración.

La 26.815, promulgada en 2013, es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales. El organismo controló la gestión entre 2016 y 2021 en las provincias de Rio Negro y Chubut, con trabajo de campo en las ciudades de San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Esquel.

Reportes de superficies incendiadas por Región durante el periodo auditado.
Reportes de superficies incendiadas por Región durante el periodo auditado.

Sin plan nacional ni organización federal

La Auditoría encontró que la aplicación de la ley, a pesar de tener 10 años en vigencia, presentó deficiencias debido a su falta de reglamentación. Además en el informe resaltaron que, hasta diciembre de 2021, no se había elaborado “un Plan Nacional de Manejo del Fuego, a pesar de lo estipulado en la norma”. Tampoco se evidenció “la existencia de los seis programas que deben conformar el Plan y que son apoyo al combate, evaluación de peligro y alerta temprana, prevención y registro de incendios, interfase (urbano – forestal), formación continua y distribución de equipamiento”. 

El organismo de control advirtió, además, que durante los cinco años del análisis no hubo articulación para desarrollar políticas preventivas o de colaboración, como así tampoco para alertas anticipadas o combatir incendios, entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y las jurisdicciones provinciales en el ámbito del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema).

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Sobre las causas que generaron los incendios, indicaron que no encontraron un trabajo conjunto con las provincias para investigar y evaluar el impacto en las zonas afectadas. La AGN consideró que “no se promovió desde el SNMF una organización federal capaz de dar respuesta a los diferentes niveles de contingencia” y detalló, entre otros puntos, que no encontraron un registro sistematizado de cómo trabajaron las jurisdicciones locales y la Brigada Nacional a fin de poder evaluar la efectividad del Sistema desde el inicio hasta la finalización del combate.

Otro hallazgo de la Auditoría fue que, hasta 2021, no se había conformado un consejo asesor integrado por los representantes de manejo del fuego de las jurisdicciones provinciales, Nación y la Ciudad de Buenos Aires, ni se evidenciaron convenios de ayuda mutua, cooperación e intercambio con otros países en materia de manejo del fuego en lo que refiere a investigación y tecnología. 

La “falta de un programa de competencias laborales y de formación continua”, que contribuya a analizar en profundidad las particularidades de cada una de las regiones fue otra de las falencias indicadas por la Auditoría. 

Escasa dotación y subejecución presupuestaria

La AGN destacó que hubo “subejecución presupuestaria en 2016 y 2017, dos de los años con mayores superficies incendiadas del país”, además de “escasa dotación en todo el país”. Como ejemplo, en el informe se menciona que la región pampeana disminuyó un 80% la cantidad de autobombas, pese a que fue la más afectada en ese periodo, y que la Brigada Nacional Sur contaba con pocos recursos para desempeñar funciones en todo el país.

Por otra parte, se indicó que el equipo de auditoría no obtuvo los planes regionales de manejo del fuego de las coordinaciones regionales NOA, NEA, Centro y Patagonia. Al momento de cierre de las actividades de campo, la región Norte ni siquiera contaba con un coordinador regional asignado. 

Con relación al cumplimiento de ODS, señalaron que la problemática del manejo del fuego que se vincula con las metas 13.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5 (calidad del aire y abordaje del cambio climático, la desertificación, las sequías, la deforestación y la degradación del suelo) no fue priorizada en el marco de la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS (CNIIS-ODS).

“El MAyDS es responsable de la meta 15.5, de acuerdo al Informe Voluntario Nacional 2021, pero no hay indicadores vinculados entre pérdida de biodiversidad e incendios forestales y rurales, lo que implica un trabajo metodológico para su definición que antecede a la recolección de datos pertinentes y factibles. Es necesario, además, que se definan sus metas intermedias y finales para la implementación del ODS 15”, aseguró el documento de la AGN y agregó el auditado no reportó indicadores de seguimiento de los ODS.

Regional Patagonia

En lo referente a la coordinación regional Patagonia, la Auditoría observó que no contaba con un edificio adecuado para sus funciones y que Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén no presentaron el plan local de manejo del fuego.

Tampoco encontraron articulación entre el SNMF y las jurisdicciones provinciales para evaluar daños y recuperar áreas afectadas por los incendios en la región Patagonia. Con respecto a las dotaciones, detallaron que la logística de la Brigada Nacional Sur disponía de escasos vehículos de los cuales “siete camionetas (de las 13 existentes), un transporte de carga (de los 3 existentes), un transporte de pasajeros (de 5), una autobomba (de las 6 existentes)” estaban fuera de servicio por falta de reparación.  

En cuanto a las herramientas y elementos de combate, casi la mitad (49,64%)  de los recursos necesitaba ser reparado y no disponían de stock de repuestos para el arreglo de herramientas y elementos de combate; “handy” (equipo de comunicación) y ropa ignífuga por cada uno de los brigadistas y de fajina para el trabajo fuera de combate.

Sobre la digitalización de la información, el organismo advirtió que "el SFMF no presentó un sistema informático integral y centralizado que resguarde eficazmente la información generada por el Sistema de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios”.

Recomendaciones de la Auditoría

Entre los puntos más críticos observados por la AGN se destacaron: 

  • Una legislación sin efectiva reglamentación.
  • Una débil coordinación entre el MAyDS y las provincias.
  • Ineficacia para lograr protocolos, seguimientos, evaluaciones y monitoreos sistemáticos.
  • Falta de indicadores compatibles y comparables en el tiempo.
     

Desde la Auditoría consideraron que combatir los incendios forestales a lo largo de todo el país es de vital importancia, por lo que recomendaron "gestionar eficaz y eficientemente el SNMF incluyendo la cooperación e intercambio de información con todos los organismos involucrados para reducir el riesgo de incendios y contar con un equipo operativo distribuido equitativamente a nivel nacional".

Además indicaron que la gestión del SNMF “requiere establecer una planificación regional integrada, consensuada con las jurisdicciones, que permita la transferencia y distribución eficaz de bienes, recursos y capacitación”.