"Hay que respetar el derecho a ser oídos de niñas y niños"

Cada tercer domingo de agosto se celebra el Día de las Infancias en el país. Es una fecha para agasajar con regalos y actividades a los más chicos/as pero también una gran oportunidad para reflexionar sobre sus derechos como ciudadanos/as. Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, dialogó con El Auditor.info sobre las vulneraciones que afectan a los menores de edad y los grandes retos que tienen en el organismo. 

- ¿Cuáles son los desafíos más relevantes de la Defensoría sobre la situación de las infancias y adolescencias en nuestro país? ¿Qué estrategias implementan para abordarlos?

Existe un contexto que está relacionado con el aumento de la pobreza y de la indigencia de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en el sector de adolescentes que la Defensoría monitorea específicamente por grupo etario, casi 1 de cada 5 adolescentes es indigente, el 16 %. Es central priorizar la transferencia de ingresos para ellos y ellas, pero también para el resto de las niñas y niños.

Otro tema está vinculado al fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya rectoría son los ministerios de Desarrollo Social y las áreas específicas de niñez y adolescencia. Desarrollamos una línea de base y un monitoreo de los principales indicadores del funcionamiento del sistema e identificamos nudos críticos como la falta de programas específicos en materia de salud sexual y reproductiva, la excesiva cantidad de chicos que son enviados a hogares de niñas y de niños o la falta de existencia de programas que velen porque estos chicos egresen en tiempo y forma de los hogares, entre otros muchos aspectos, que también incluyen los recursos humanos que los cuidan.

"Argentina tiene una ley de la dictadura militar que requiere ser modificada para que el país tenga estándares unificados en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes".

Por otro lado, está la cuestión penal juvenil. Argentina tiene una ley de la dictadura militar que requiere ser modificada para que el país tenga estándares unificados en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay mucha disparidad de una provincia a otra. Y ni hablar de chicos privados de libertad que tienen menos de 16 años por lapsos de cuatro o cinco años o más en muchas provincias. Hemos presentado Hábeas Corpus en distintas jurisdicciones. 

Entre los casos que recibimos, los más complejos tienen que ver con denuncias de violencia extrema o abuso sexual contra niñas y niños y que la Justicia no logra darle un buen tratamiento. Son casos donde suele haber un archivo prematuro del expediente de denuncia penal, generalmente hay un progenitor o un familiar cercano. Y como correlato, la Justicia de Familia ordena una re-vinculación que en algunos casos suele ser forzada. Ahí entendemos que hay que respetar el derecho a ser oídos de niñas y niños.

Se deben investigar las denuncias de abuso sexual para evitar estos archivos rápidos y respetar el derecho de ser escuchados cuando no quieren volver con sus progenitores. Todos estos temas están transitando por la Justicia, llegan a la Defensoría y nosotros tratamos de orientar a los jueces, a los defensores, a los fiscales para que se respeten sus derechos. Por último, otro tema que nos interesa y que en breve vamos a presentar nuestro informe de gestión en la Comisión Bicameral que nos controla, tiene que ver con niñez y medio ambiente. Estamos empezando a trabajar en la presencia de niñas y niños en basurales: una de las peores degradaciones en las que puede estar un niño o una niña. Estamos trabajando a nivel macro con el plan de erradicación de basurales para que ello no suceda. Y vamos a empezar a trabajar en basurales específicos.

- Justamente con respecto al trabajo infantil, varios estudios indican que hubo un crecimiento en los últimos años sobre todo con la pandemia. ¿Cuál es la mirada de la Defensoría sobre este tema?

La encuesta que hace el Observatorio de la Deuda Social en Argentina de la Universidad Católica Argentina miró la evolución temporal del trabajo infantil en Argentina entre el 2010 y el 2022. En ese período, llegó a la conclusión que se elevó un 14,8%. Además que un 10% de niñas y niños de entre 5 y 15 años realizaban al menos una actividad productiva. En las zonas rurales, es el 20% de niñas, niños y adolescentes. Hay sin dudas una estrategia nacional de erradicación de trabajo infantil que es multifactorial, relacionada a instituciones como las comisiones nacional y provinciales de erradicación del trabajo infantil, donde intervienen representantes de distintos sectores del mundo del trabajo. Esta es una estrategia que requiere un fortalecimiento. Hay algunos aspectos vinculados a la fiscalización, que se debe mejorar, que está en manos de las provincias. Eso es clave. 

“Hoy el trabajo infantil es un delito. Y las pocas denuncias que hay se archivan”.

Como Defensoría nos estamos involucrando en mirar estos temas: que las fiscalizaciones existan y que se abran canales más ágiles para realizar denuncias. Hoy el trabajo infantil es un delito. Y las pocas denuncias que hay se archivan. Asimismo, es importante ver los resultados del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. Nos informaron del Ministerio de Trabajo que están terminando de hacer una evaluación, con lo cual, sobre la base de los datos del plan y de la evaluación del plan, vamos a tener mejores herramientas para realizar la incidencia necesaria desde la Defensoría. Además, nos convocaron legisladores nacionales a impulsar una actividad que es complementaria a esta estrategia relacionada a la yerba mate, que es una actividad productiva que involucra mucho trabajo infantil. Lo que están pensando es en una etiqueta para los productos que señale que es un producto libre de trabajo infantil. Para eso, cada empresa va a tener que acreditar que efectivamente no utilizó mano de obra infantil. Creemos que en la medida que no involucre ninguna erogación económica por parte del Estado, puede ser una medida interesante para las empresas y que los consumidores elijan aquellas empresas que hayan acreditado esta cualidad.

- La educación juega un papel crucial en el desarrollo de los niños. ¿Qué lineamientos vienen llevando adelante para garantizar sistemas educativos más equitativos y disminuir la deserción escolar? 

Es un punto fundamental para nuestro trabajo. La Defensoría se puso en marcha en marzo del 2020, justo cuando arrancó la pandemia pese a que fue creada en el año 2005 bajo la Ley de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Uno de los temas principales que trabajamos desde el inicio es el cuidado de la salud y de la educación y bregamos por una apertura de las escuelas oportuna. Lo que buscamos ahora es que exista la información en cuanto a los niños y niñas que quedaron afuera de la escuela. Ya se habría recuperado la participación escolar previa a la pandemia, pero es información que requiere ser mejorada. Hay un sistema de información de educación de todo el país, que es el SINIDE, donde las provincias no están cargando los datos y esto nos preocupa. Necesitamos tener esa información precisa para conocer fehacientemente la situación de desgranamiento escolar. 

“Es central subsanar las disparidades que hay en materia de educación”.

En la Defensoría trabajamos en la baja de la edad del Progresar. El programa tiende a la inclusión escolar y desde hace dos años se implementa a partir de los 16 años. Es impresionante el aumento de la matrícula, ahora la mitad de los niños de 16 y 17 años acceden al Progresar. 

Un aspecto central en materia educativa es subsanar las enormes disparidades que hay en materia de educación inicial, mejorar la oferta y mejorar la calidad en muchísimas provincias. Vinculado a esto se presenta el desarrollo de la conectividad en escuelas. Todas los colegios deben tener conexión a internet y entrega de dispositivos, de computadoras, para que los chicos puedan estar conectados. 

- En un mundo cada vez más digital, ¿Cómo la tecnología puede contribuir en la promoción de los derechos de las infancias? ¿Qué sucede con el grooming?

Es importante que los chicos, que ya son nativos digitales, conozcan la forma de navegar en internet. Lo que se denomina alfabetización digital tiene que ver promover estrategias para que los chicos sepan cómo manejarse en internet y mayoritariamente en redes sociales. Es importante delinear la protección de los chicos en las redes, lo que se denomina la ruta de protección de derechos. Es cuando el Estado debe acudir en presencia de un delito: quiénes deben acudir, en qué momento, y esto es clave organizarlo y coordinarlo. 

Recientemente, en Inglaterra se sancionó un código de edad apropiado para los niños, esto es central. Las empresas del mundo digital son muy reacias a ser controladas. Saben cuando están en presencia de una niña o de un niño, de eso no hay dudas. Lo que se instrumentó en Inglaterra fue una regulación a partir de la Protección de Datos Personales que es una protección más robusta. Las empresas suelen aducir que hay una neutralidad de internet y no se puede regular, pero en cambio por la Protección de Datos Personales los Estados sí puede regular qué hacen las empresas con la información que tienen y cuando saben que están en presencia de una niña y un niño para evitar que en redes sociales los chicos estén a dos o tres clicks de una publicación que incite al suicidio o a los malos hábitos. Esto es algo que es importante.

En nuestro país se presentó un proyecto parlamentario que requiere acuerdos y consensos, desde la Defensoría estuvimos apoyándolo. Otro aspecto vinculado a la protección de niñas y niños en redes sociales está vinculado a la única reforma que tuvo la 26.061 que fue en el año 2020. Acá se incorpora la idea de que las niñas y niños tengan un mecanismo ágil y sencillo para hacer denuncias, cuando quieren acudir a una consulta. Hoy lo que hay es la línea 102, que es una línea telefónica, y notamos que algunas jurisdicciones del país tienen whatsapp. Sabemos que los chicos no la usan, no llaman por teléfono. Esto es imperioso y la Defensoría está atenta a la modificación que tiene que hacer la Secretaría de Niñez y Adolescencia con otras áreas del Estado para que esta herramienta tecnológica esté disponible.

- La participación y toma de decisiones es un derecho de niños/as y adolescentes. ¿Qué proyectos o iniciativas hay en este sentido? ¿Cómo puede ser promovida la participación desde los hogares y las escuelas?

La Defensoría plantea que es fundamental la participación de niñas, niños y adolescentes. Fue muy dificultosa en pandemia. Fundamentalmente trabajamos con estudiantes secundarios. Pero es muy necesario no solo trabajar con estudiantes secundarios de la región de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. 

Recientemente instauramos una red de promotores de derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. Es importante ampliar esta red. Creo que lo más relevante que hicimos en materia de participación de niñas y niños fue la consulta sobre la Observación General 26, del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que está vinculada a medio ambiente y cambio climático. Está por salir a la luz en breve y es una preocupación real que los chicos y chicas han traído la Defensoría. Esta consulta tuvo su instancia en Argentina y la Defensoría, junto con Cancillería, oficiamos como la sede de una consulta regional con expertos y niñas y niños de toda la región para ver cuál debería ser el contenido de esta observación general.

- ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la promoción de una imagen positiva y respetuosa de la infancia, así como en la difusión de información relevante para los niños y sus derechos? ¿Considera que hay una criminalización de las infancias y adolescencias?

Hay una criminalización de niñas y niños: uno mira las notas y los titulares y daría la impresión que los responsables de la mayor violencia o de los delitos en el país son adolescentes menores de 16 o de 16 y 17 años. Sin embargo, cuando vemos los datos, vemos que del universo de los delitos que se cometen, por ejemplo, por comentar dos jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires no llega el 2% y en la Ciudad no llega al 1% incluso tomando casos de delitos cometidos por chicos de menos de 16 años. 

Los casos que se comunican cobran como una especial relevancia. Son transmitidos por muchos canales, por muchos medios, lo que da la sensación que el delito adolescente es mayor aún, pero no se refleja en los datos. Sin duda que el rol de los medios de comunicación es clave. En esto es central detenerse en la Ley Lucio que crea el programa federal de capacitación y le impone al Estado el deber de crear campañas permanentes de concientización y de visualización sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Como defensoría estamos instando que estas campañas se lleven adelante, que sean permanentes y que estén dirigidas en muchas plataformas, por ejemplo en redes sociales, y que ahí esté vinculado con la protección de los derechos de niñas y niños en el mundo digital, que los chicos tengan un canal de fácil acceso cuando navegan en redes para hacer denuncias, consultas o simplemente para poder hablar.