El Gobierno Nacional adhirió, en septiembre de 2015, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La misma está compuesta por objetivos que cubren múltiples derechos y problemáticas de la sociedad. La consigna del primero de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es "acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes".

Según la perspectiva de la Agenda 2030, la pobreza incluye los recursos monetarios, pero abarca también el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a servicios básicos (como la educación, la información o la salud), la discriminación y la exclusión social, entre otras carencias. Estas variables no siempre, ni necesariamente, pueden ser resueltas a través de los ingresos de los hogares.

La erradicación de la pobreza constituye una obligación de los Estados para garantizar la dignidad humana y el desarrollo sustentable.

La erradicación de la pobreza constituye una obligación de los Estados para garantizar la dignidad humana y el desarrollo sustentable. Las privaciones injustas asociadas a la pobreza no solo son violatorias de las normas internacionales, sino que atentan contra la integración social y la sustentabilidad ambiental.

La Auditoría General de la Nación (AGN), junto con la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), auditó la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) durante el período que abarca desde septiembre de 2015 a agosto de 2019, y realizó un informe en el que exponen las medidas tomadas, o la falta de las mismas, desde un enfoque transversal de género, en pos de los Objetivos y Metas del ODS 1, por el fin de la pobreza. Los resultados no fueron favorables.

Menos es más…pobreza

El primero de los hallazgos es, quizás, la explicación más sencilla de por qué, en lugar de disminuir, los índices de pobreza aumentaron.

En uno de los documentos revisados, realizado por el CNCPS en mayo de 2018, el “fin de la pobreza” se encuentra asociado a múltiples dimensiones y a “una variedad de organismos responsables que abordan casi todas las metas originalmente propuestas por la ONU”, pero, un informe del mismo organismo, realizado en junio de ese mismo año, evidencia un recorte de metas y organismos responsables, suprimiendo la importancia del acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control sobre la tierra, los recursos naturales, la tecnología apropiada, y los servicios financieros.

Además, fueron desestimados los posibles beneficiarios de los programas asociados a esas metas (focos de extrema pobreza y pueblos originarios), y las políticas que preveían atender necesidades vinculadas a déficits de vivienda.

Inicialmente algunas poblaciones eran consideradas prioritarios para cumplir con el objetivo de erradicación de la pobreza, y luego dejaron de serlo.

Si bien a simple vista se evidencia que los cambios y recortes realizados resultan contraproducentes a los fines perseguidos, tampoco fueron provistos los registros que explican este cambio de estrategia, ni se justificó la razón por la que inicialmente algunas poblaciones y problemas eran considerados prioritarios para cumplir con el objetivo de erradicación de la pobreza, y luego dejaron de serlo. Es decir, no se encontró explicación desde la gestión.

En cuanto a las medidas que sí fueron tomadas, se realizó la vinculación a la planificación para el cumplimiento de las metas de los programas Hacemos Futuro, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el Programa de Formación para la Equidad de Género, pero, por tratarse de proyectos preexistentes, no estaban diseñados para dar cumplimiento al ODS 1.

Esto sugiere que no hubo un diagnóstico inicial que tuviera claramente identificados quiénes debían ser los beneficiarios de las políticas, dónde se debían ejecutar las mismas, ni cuáles eran las dimensiones de la pobreza que hay que atender para lograr su erradicación.

Además, si bien algunos programas fueron vinculados, no fueron protegidos de los recortes y, en 2018 y 2019 el programa “Hacemos Futuro” sufrió reducciones de más del 20%. Otros programas relacionados a la asistencia contra la pobreza y el hambre también fueron reducidos significativamente, por ejemplo, “Políticas Alimentarias” alcanzó a un 8,64% menos de comedores y sólo recibieron ayuda, en 2019, 1.727 huertas comunitarias, lo que representó un recorte de más del 70% con respecto al año anterior.

El ajuste llegó también a los subsidios directos ya que, a inicios del período auditado, las personas que los recibían ascendían a 74.092 pero, en 2019, solamente fueron 1.327, representando un alarmante recorte del 98,2%. En el caso de las familias asistidas, disminuyó de 14.707 a 5.186, siendo en este caso una disminución del 64,7%.

Feminización de la pobreza

Es importante desarrollar también que el concepto de pobreza fue variando a lo largo del tiempo. Se diversificó la manera de medirla, involucrando, en su acepción más amplia, las condiciones de vida que, cuando vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.

En este sentido, desde la década de los ‘80 se introdujo la perspectiva de género al análisis, con el concepto de “feminización de la pobreza”, ya que se comprobó que las mujeres sufren más las inequidades que los hombres, y que a medida que pasa el tiempo van aumentando la cantidad de mujeres pobres que llevan adelante la jefatura de los hogares

Las mujeres sufren más las inequidades que los hombres, y va aumentando la cantidad de mujeres pobres que llevan adelante la jefatura de los hogares.

Contemplando estos datos, la auditoría expuso que el método de medición utilizado, “Ingreso por hogar”, es insuficiente para medir la pobreza, ya que no cuantifica a las personas, ni tiene en cuenta la medición sobre el trabajo doméstico no remunerado, el uso del tiempo, ni la distinción de los patrones de gastos entre hombres y mujeres. Todos factores claves a la hora de trabajar con perspectiva de género.

El CNCPS, durante el período auditado, no puso a disposición del equipo de auditoría ningún registro donde se detallaran los procedimientos y los controles de las tareas realizadas en la adopción de metas e indicadores, y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad expresó que fue escasa la documentación remitida por el INAM y el Consejo de las Mujeres en relación al proceso de transversalización de los ODS.

El informe resalta que el ODS 1 es el único que no cuenta con metas intermedias que permitan evaluar el grado de avance y el nivel de eficacia de los programas. Esto, si tenemos en cuenta los datos de pobreza publicados por INDEC y la UCA para el período analizado, resulta particularmente riesgoso.

A fines del período analizado, todos los indicadores utilizados (tanto los niveles de pobreza en los hogares y de los individuos en particular, como los índices de indigencia, y el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza) aumentaron.

Al no haber establecido una meta intermedia, el CNCPS solo podrá informar si logró cumplir con los objetivos comprometidos por el Estado Nacional en materia de pobreza recién en el 2030. Pero el panorama no es para nada alentador.

Respecto de las mujeres, hay ausencia de estadísticas específicas de feminización de la pobreza y se pudo observar que la Argentina no aporta datos para algunos indicadores claves.

En conclusión, la gestión del CNCPS no ha sido eficaz en incorporar la perspectiva de género para la implementación del ODS 1.