Protocolo antipiquetes: advierten sobre el accionar de las fuerzas en las protestas
Un informe de Amnistía Internacional reveló que hubo 1.155 personas heridas por fuerzas de seguridad en manifestaciones durante 2024. Para Paola García Rey, directora adjunta de la organización, las intervenciones represivas dan cuenta de que la violencia está habilitada.
Amnistía Internacional presentó el informe Un Año de Protestas. En el documento analiza lo sucedido con el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, más conocido como “protocolo antipiquetes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023.
Del informe se desprende que en 15 de las manifestaciones que se llevaron a cabo durante el 2024, se evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. Esto provocó al menos 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves; 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión; 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones; y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas.
Desde la organización sostienen que el protocolo vulnera derechos que están protegidos en la Constitución Nacional y en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, como el derecho a la reunión, la libertad de expresión y la asociación. Al mismo tiempo, ponen en riesgo la integridad física, la salud, la privacidad y la vida de las personas.
“El uso desproporcionado de la fuerza, de gases lacrimógenos, balas de goma, tonfas y tanques hidrantes de manera ilegítima pone en peligro no solo el ejercicio de la protesta, sino también a quienes se manifiestan”, expresó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
García Rey sostuvo que las manifestaciones son una manera habitual de que la gente exprese sus puntos de vista y opiniones y que, históricamente, han sido una herramienta fundamental para reclamar y promover todo tipo de derechos humanos.
“Las intervenciones represivas y violentas frente a las movilizaciones sociales dan cuenta de que la violencia no solo está habilitada, sino que funciona como primera estrategia frente al reclamo social y la obligación de rendir cuentas”, sentenció la directora adjunta de la organización.
Según datos de la organización, para 2021, al menos 67 países ya habían incorporado nuevas leyes que restringían la libertad de reunión, asociación o expresión. “Este protocolo se inscribe en este contexto global, sumando a Argentina al número de países que no respetan el derecho de las personas a expresarse y reclamar”, sostuvo García Rey.
En qué consiste el protocolo
El protocolo parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad, el orden público y perjudica el trabajo y la calidad de vida de la población. En este marco, las fuerzas de seguridad deberán despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte, hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación. Aunque en la medida se aclara que los efectivos tendrán que implementar la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos.
Sin embargo, desde organizaciones civiles como Amnistía Internacional sugieren dar marcha atrás con el protocolo. Sostienen que es incompatible con el respeto y garantía de la constitución nacional y estándares internacionales, que la fuerza no puede ser utilizado como mecanismo para desalentar y criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión, reunión y asociación.
Por otra parte, al considerar que se vulneran derechos, piden que se debata en el Congreso de la Nación. Y que se garantice un adecuado sistema de control y rendición de cuentas del accionar de las fuerzas policiales y seguridad durante la intervención en contextos de manifestaciones sociales.