En Argentina hay 7.400.000 niñas, niños y adolescentes (NNA), el 57% del total de población de 0 a 17 años, que crecen en la pobreza. En tanto, 1.800.000 lo hacen en la pobreza extrema. Los datos publicados por el INDEC duelen. Es que lejos de reducirse el daño que el hambre genera, las cifras aumentan. El Estado dispone de diversas prestaciones para paliar las consecuencias, pero no alcanzan. Una iniciativa de Infancia en Deuda y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) propone, a poco de celebrarse la elección presidencial, considerar estrategias que pueden contribuir a garantizar una alimentación básica y el desarrollo de una vida saludable.  

“El Estado debe redoblar sus esfuerzos”, sostuvo la abogada Celeste Fernández, codirectora ejecutiva de ACIJ e integrante de Infancia en Deuda, al presentar la propuesta ‘Crecer sin pobreza. Para que la lucha contra la pobreza infantil sea prioridad en la agenda pública’. Durante su exposición, puntualizó en la necesidad de visibilizar y difundir esta realidad, haciendo foco en las políticas públicas que deben atender la emergencia. “Hubo un debate presidencial y los candidatos ni mencionaron la situación que atraviesan las infancias y adolescencias”, indicó. 

Para Bárbara Zanino, abogada especialista en Derecho de Familia e integrante de ACIJ, es fundamental generar un espacio de intercambio y lograr compromisos con candidatos y decisores públicos para revertir esta realidad. “Venimos reuniéndonos con algunos organismos como ANSES y esperamos instalar este tema en la agenda”, agregó. 

Cuál es la respuesta del Estado

El informe presentado por ACIJ da cuenta que, según un relevamiento de UNICEF, la pobreza infantil aumentó 8,4% y la pobreza monetaria extrema 2,7% entre 2017 y 2022. Además detalla que los más afectados por esta situación son los adolescentes de entre 10 y 17 años; los NNA que pertenecen a hogares monoparentales y quienes viven en barrios populares. 

Desde el Estado se desarrollan algunas iniciativas para la provisión de servicios esenciales y transferencias de ingresos monetarios a familias con niños, niñas o adolescentes. Actualmente, hay tres tipos de prestaciones: la Asignación Universal por Hijo - AUH ($17.093), que abarca a NNA de 0 a 17 años que pertenezcan a familias que trabajan en la informalidad o estén desocupadas; las Asignaciones Familiares  ($17.093), que también contempla a NNA de 0 a 17 y que forman parte de familias que trabajan en relación de dependencia, son monotributistas o con seguro de desempleo dentro del rango 1; y finalmente la Prestación Alimentar, que solamente contempla a niños y niñas de 0 a 14 años, dejando afuera del beneficio a los adolescentes, y por la que se destina $22.000 para familias con un niño o niña, $34.500 para quienes tienen dos; y $45.500 para tres o más. 

“Si bien no son por sí solas suficientes para eliminar la pobreza, diversos estudios han demostrado que tienen impactos positivos”, rescataron desde ACIJ. Asimismo, subrayaron que “sin las políticas de transferencias, la pobreza infantil sería casi tres puntos más alta y la pobreza extrema 10 puntos más elevada”.

En qué falla el sistema

El diagnóstico realizado desde Infancia en Deuda y ACIJ presenta una serie de deficiencias en los sistemas de transferencias de ingresos. En este punto indicaron que son montos que resultan insuficientes para cubrir una canasta básica alimentaria.

Además observaron que hay regulaciones que dejan afuera a los adolescentes de 14 a 17 años, como sucede en el caso de Alimentar, una prestación que además sólo está reconocida en resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social, sin tener un resguardo legislativo. Y señalaron que el diseño con el que se armaron estas políticas es adultocentrista, es decir, que las prestaciones dependen de las condiciones laborales de los adultos de las familias. 

Cuánto cubren las prestaciones sociales de una Canasta Básica según el informe presentado por ACIJ.
Cuánto cubren las prestaciones sociales de una Canasta Básica según el informe presentado por ACIJ.

Otro de los puntos sobre los que pone el foco la organización es que se estima que hay más de 1.400.000 NNA que están excluidos/as por cuestiones migratorias, suspensiones por falta de presentación de libretas, por no estar identificados/as.   

Tres propuestas para bajar la pobreza

Para garantizar que cada NNA que percibe AUH y el primer tramo de AAFF (6.500.000), reciba una prestación que cubra una Canasta Básica Alimentaria, desde ACIJ e Infancia en Deuda sostienen que el costo de elevar dichas prestaciones hasta una CBA sería, a valores de 2023, “de $1.2 billones, lo que equivale al 0,74 PBI y al 3,44% del presupuesto”. 

La segunda propuesta está vinculada a la AUH que abarca a 4.200.000 NNA. Al respecto sostuvieron que “el costo de elevar la AUH a valores de 2023 sería de $622.228 millones, lo que equivale al 0,36% del PBI y al 1,68% de presupuesto”. En este sentido aclararon que ambas propuestas implican la unificación entre la prestación Alimentar y la AUH.

Otra de las recomendaciones realizadas tiene que ver con un punto clave que es incorporar a los y las adolescentes de 15 a 17 años como destinatarios del Plan Alimentar. Además piden una ley que reconozca la prestación para garantizar su continuidad y estabilidad y que quede incluida en una fórmula trimestral de actualización, como ocurre con las asignaciones familiares. El costo de esta propuesta a valores de 2023 sería de $255.087.