En tiempos electorales, el debate en torno al tamaño del Estado y sus costos parece ser una discusión recurrente. Los altos niveles de déficit fiscal y deuda pública ponen en jaque la sostenibilidad de muchas de las políticas públicas destinadas a atender la angustiante situación socioeconómica de más del 40% de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

La reducción de la dotación del Estado se ubica en el centro de las discusiones. Sin embargo, tanto en la agenda pública como en las propuestas de candidatos y candidatas a la Presidencia de la Nación, poco se dice sobre la eficacia y la eficiencia del Estado, y menos, sobre su rol para alcanzar desarrollo económico y reducir la desigualdad social.

Muy por el contrario, en tiempos donde la ciudadanía ha perdido la confianza en el Estado, calan hondo las visiones que cuestionan su rol, al punto tal de proclamar su achicamiento a una mínima expresión.

Frente a esta mirada reduccionista, nos proponemos discutir en profundidad las herramientas que permitan un Estado moderno, inteligente y justo. Existen estudios y evidencia empírica que dan cuenta de una correlación positiva entre un Estado con instituciones fuertes, respetuoso de la paz, la estabilidad, los derechos humanos y la gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho como vía para el desarrollo sostenible de los países. 

Asimismo, está demostrado que, para alcanzar un mejor Estado, es necesario profesionalizar y jerarquizar la función pública basada en el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia.

En este sentido, la Carta Iberoamericana para la Función Pública, aprobada en 2003 y suscripta por la Argentina, afirma que la existencia de sistemas de función pública investidos con tales atributos generan como consecuencia mayor eficacia gubernamental, disminuyen los riesgos de corrupción y aumentan la capacidad de crecimiento económico sustentable de los países.

En este marco de situación, y en base a la experiencia de hace cuatro años en ocasión del anterior proceso de elección presidencial, en el que se elaboró el Primer Consenso Para la Función Pública, que postulaba la necesidad de completar el ciclo trunco de reformas profesionalizadoras del Estado argentino, nos hemos reunido nuevamente profesionales, académicos, referentes sindicales y de distintas fuerzas políticas, representantes de Colegios Profesionales, investigadores/as y expertos/as en Administración Pública de todo el país para reafirmar la necesidad de discutir el Estado bajo esta mirada transformadora.

Este “Segundo Consenso Para la Función Pública” cobra volumen y relevancia en el actual contexto, no solo porque el Estado tiene fallas susceptibles de ser mejoradas, sino también porque los cambios globales y la revolución tecnológica en marcha fuerzan la transformación de muchos de sus procesos y estructuras.

Entendemos que centrar el debate únicamente en el tamaño del Estado y la cantidad de servidores públicos y ministerios, invisibiliza la discusión verdaderamente importante, en torno a lo esencial de sus funciones y a la calidad de los servicios que prestan las Administraciones Públicas de Nación, Provincias y Municipios.

Sostenemos la necesidad de que existan reglas claras que fortalezcan la carrera administrativa de la función pública, donde los cambios en las estructuras organizacionales estén ordenados por prioridades programáticas que definan el ámbito de responsabilidades de cada funcionario/a, en base a decisiones racionales que mitiguen al máximo el riesgo del montaje y desmontaje institucional que puede generar una desarticulación potencialmente irreversible.

Por ello, convocamos e interpelamos con propuestas, a pensar estratégicamente esta agenda a fin de construir los consensos necesarios para lograr una administración pública capaz de trascender un mandato de gobierno, y afrontar de manera impostergable, los diálogos y acuerdos que requerirá establecer una política necesaria al interior del aparato público, para dar respuesta efectiva a la compleja realidad sin perder derechos constitucionales básicos que ha costado décadas construir.