Hace unos días el Ejecutivo Nacional dio a conocer su intención de enviar los pliegos de dos nuevos postulantes para ocupar vacancias en la Corte Suprema de Justicia: una producida por la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco en el año 2021, y la otra que se producirá, posiblemente a fin de año, al cumplirse la edad de retiro para dicho puesto del juez Juan Carlos Maqueda. Esta información, que quizás pasa desapercibida para gran parte de la ciudadanía, es de vital trascendencia para la vida institucional del país y nos brinda la oportunidad para analizar, una vez más, el delicado equilibrio en la relación de poderes que rigen los destinos de la República Argentina.

La Nación Argentina, como muchas de las diversas democracias modernas, tiene en su ordenamiento político institucional uno de los pilares centrales de la República: la separación de poderes, entendido como un procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y la armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Esta división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. En los sistemas democráticos, esta división se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a ella se protegen mejor las libertades individuales. Los padres de la teoría de la división de poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat, más conocido como Barón de Montesquieu, parten de la premisa de que las decisiones no deben concentrarse, y por tanto el poder compartido, permite el control a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.

Este sistema de pesos y contrapesos es fundamental para evitar la concentración de poder y garantizar la protección de las libertades individuales. En este sentido, la división de poderes se convierte en un mecanismo esencial para el funcionamiento de cualquier sistema democrático, como el de nuestro país, el cual recordemos está consagrado en la Carta Magna. La teoría de la división de poderes, por tanto, no es solo una descripción de cómo se organiza el poder en un estado, sino también una práctica efectiva que debería organizarse para garantizar las libertades individuales y la justicia.

Siguiendo la analogía planteada por el desacatado académico español Carles Ramió en su libro “La extraña pareja” que conforman los políticos y los altos funcionarios del Estado, en que expone el baile entre la parte política y la parte técnica en la administración pública; resulta oportuno destacar que en la danza de la autoridad del estado, se busca una coreografía de equilibrio y armonía, un ballet de fuerzas en constante movimiento, donde cada paso es un peso y cada salto, un contrapeso, tres son los bailarines en este escenario: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno con su papel, su función, su ritmo, pero todos entrelazados en una danza de control mutuo. 

En la democracia de nuestro país, esta danza se convierte en un delicado equilibrio de notas en la regla de la mayoría, un baile que protege las libertades individuales, no como un adorno, sino como un complemento esencial, donde cada paso, cada movimiento, cada decisión, es parte de este gran ballet de la democracia. Históricamente, Argentina ha bailado de manera dispar esta danza de la división de poderes: durante períodos de dictadura y autoritarismo, la separación de poderes fue minada, derivando en abusos de poder y violaciones de las libertades individuales; incluso en los períodos de pleno ejercicio de la democracia, el acento presidencialista y las poco sanas relaciones intrincadas entre los tres poderes han devenido en una “democracia defectuosa”, según la calificación utilizada por el índice de Democracia de la publicación The Economist, el cual dicho sea de paso, revela en su última medición que sólo el 8% de la población mundial vive en una democracia plena, un dato por lo menos preocupante en el convulsionado mundo que vivimos.

En Argentina, el Ejecutivo es ejercido por el Presidente, quien es el jefe de Estado y tiene la responsabilidad de implementar y hacer cumplir las leyes, con una importante atribución, entre muchas, tiene la autoridad para vetar las leyes aprobadas por el Congreso. El Legislativo, compuesto por el Senado y Diputados, es el encargado de hacer las leyes, el poder de legislar permite al Congreso controlar el presupuesto y supervisar las acciones del Ejecutivo. En tanto el Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, interpreta las leyes y tiene la última palabra en cuestiones constitucionales, y su independencia es crucial para proteger los derechos de los ciudadanos y mantener a raya a los otros dos poderes del estado.

El equilibrio de poderes es esencial para prevenir el abuso de poder y proteger la democracia. Cada rama tiene mecanismos para controlar a las otras dos, creando un sistema de “checks and balances”, sin embargo, este equilibrio a menudo se ve amenazado. La concentración de poder en el Ejecutivo, la corrupción y la falta de transparencia son desafíos constantes. Por otra parte, la reforma judicial es un tema de debate constante en Argentina. Muchos argumentan que es necesario fortalecer la independencia del Poder Judicial para proteger la democracia, lo que resulta de gran relevancia en tanto es la última defensa de los derechos ciudadanos.

Participación ciudadana

La participación ciudadana también es crucial para mantener el equilibrio de poderes. Los ciudadanos deben estar informados y participar activamente en la vida política para ejercer el necesario control. La formación ciudadana, aquella antigua materia de educación cívica, es fundamental para tal cometido. La ciudadanía debe comprender cómo funciona el sistema y cuáles son sus derechos y obligaciones.

En síntesis, el equilibrio de poderes es esencial para la salud de la democracia argentina. A pesar de los desafíos, hay razones para ser optimista. Un pueblo requirente y preocupado, con una participación ciudadana activa puede fortalecer nuestra democracia, permitir el pleno funcionamiento de la república y proteger los derechos ciudadanos. En una mirada hacia el futuro Argentina tiene la oportunidad de profundizar su compromiso con una democracia plena en tanto el espíritu resiliente del pueblo argentino y su compromiso con la justicia y la libertad son motivos de esperanza y de un país mejor.