Cada 9 de diciembre, en Argentina, se celebra el Día de los Trabajadores de los Organismos de Control coincidentemente con el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Dicha fecha, y en el marco de los 40 años de recuperación democrática en nuestro país, constituye un momento de análisis y reflexión sobre la importancia de la transparencia activa, la ética e integridad y la responsabilidad en todas las dimensiones de la gestión pública. 

La función de los organismos de control dentro del sistema democrático y republicano es fundamental para una efectiva prestación de los servicios esenciales que el Estado debe asegurar a la ciudadanía. Son los responsables de supervisar y monitorear el cumplimiento de las políticas públicas y el gasto público. Las instituciones de control son las que deben proveer el respaldo a las decisiones y acciones de gobierno a través de la permanente auditoria tanto del uso de los recursos públicos como de la eficacia en el logro de sus objetivos. 

Sin embargo, para que estos organismos funcionen eficazmente, deben adaptarse a los cambios tanto desde el enfoque de la tecnología y en la sociedad. La innovación y adaptación a los nuevos desafíos que presenta la era exponencial es un factor clave para el éxito en tal sentido. La innovación en los organismos de control puede tomar muchas formas, por ejemplo, la implementación de tecnologías de punta puede ayudar a mejorar la eficiencia y la transparencia de su accionar, en tanto que el big data y la inteligencia artificial pueden ayudar a estos organismos a recopilar y analizar datos, y gestionar la información de manera más rápida y precisa. (Calabria, CLAD, 2023)

Por tanto, su función es central para una mejor evaluación de las políticas públicas y la mejora en la prestación de servicios en los sistemas democráticos, en otras palabras, tiene incidencia directa en la calidad de la gestión pública, entendida como la práctica del buen gobierno, mediante una formulación de políticas públicas convenientes a toda la sociedad, dentro de parámetros equilibrados de racionalidad política, técnica y económica. (CICGP, CLAD, 2008).

De esta manera la innovación pública y una mejora en el desempeño del control puede mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos democráticos, en tanto que las nuevas tecnologías y enfoques actualizado de su accionar pueden facilitar los procesos de auditoría y rendición de cuentas, y el control de la conducta de los funcionarios públicos, al tiempo que pueden ayudar a los gobiernos a responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y por tanto lograr una mayor satisfacción de las demandas sociales.

En el mismo sentido, y tal como hemos expresado en anteriores columnas, la innovación en el sector público puede incorporar mecanismos e instrumentos que fomenten la participación ciudadana: un ejemplo de ello son las plataformas digitales, la comunicación directa y los sistemas predictivos que permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones, compartir ideas y colaborar activamente en la toma de decisiones públicas, logrando políticas públicas inclusivas y mucho más representativas pero con el cuidado, y aquí es también central la función del control, que se respeten los principios democráticos y protejan los datos personales y sobre todo preserven los derechos ciudadanos, toda vez que la innovación no puede ser utilizada como excusa para imponer de forma autócrata políticas públicas sin el debido proceso democrático, y que es sin duda el gran desafío que nos impone la irrupción de la Inteligencia Artificial y la robótica actualmente.

Finalmente los organismos de control desempeñan un papel crucial en la supervisión de las actividades de gobierno y en la lucha contra la corrupción, a partir de la importancia de la ética e integridad como componente fundamental de los liderazgos éticos que deben anteponer el interés general a los suyos propios, teniendo a la transparencia activa como una herramienta poderosa que permita que la información sea accesible al público para la activa participación y co-creación en las decisiones y actos de gobierno. 

Asimismo la educación, como en casi todos los órdenes de la vida ciudadana, es otra de las herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción, puesto que al educar a las personas sobre los efectos nocivos y perjudiciales de la corrupción y al promover valores éticos en toda la sociedad; podemos asegurar un país más sano para las generaciones futuras, en tanto la responsabilidad es de todos los actores sociales involucrados.

En síntesis, la innovación y adaptación de las nuevas herramientas tecnológicas y digitales pueden desempeñar un papel crucial en la mejora de los sistemas democráticos y la lucha contra la corrupción, mejorando la eficiencia y la transparencia de los procesos en la gestión pública, permitiendo a los gobiernos responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y fomentar activamente la participación y el control ciudadano, respetando los valores y principios republicanos y la voluntad soberana.