La Legislatura de La Pampa aprobó, por unanimidad, la nueva Ley de Acceso a la Información Pública provincial. El texto habilita a los ciudadanos pampeanos a solicitar información pública en formatos accesibles, de manera gratuita, y establece los contenidos que las áreas del Estado deben publicar regularmente en una plataforma específica, administrada por el Ministerio de Modernización y Conectividad.

En detalle, la norma comprende un marco normativo provincial para acceder a la información pública, regulando mecanismos de acceso y los procedimientos de solicitud, con el objetivo de promover la transparencia activa en la gestión pública, mejorar la rendición de cuentas y dotar de mayor calidad de las políticas públicas. 

Desde su implementación, la herramienta es considerada un avance significativo para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. A su vez, tiene un impacto significativo en la forma en que los ciudadanos pueden acceder a la información pública.

“En la elaboración se tuvieron en cuenta las normativas que ya están dictadas por las otras provincias y por el Estado Nacional que, indudablemente, es una de las más completas”, desarrolló Carmen Sierra -subsecretaria de modernización de La Pampa- en comunicación con El Auditor.info.

Cabe destacar que Tucumán, San Juan y Formosa continúan siendo las únicas tres provincias que aún no tienen una ley al respecto, ni adhieren a la normativa nacional.

Doble regulación de transparencia

La funcionaria detalló la doble regulación de transparencia que tiene la nueva norma. Por un lado, la transparencia pasiva que se asocia con el ejercicio del derecho al acceso a la información de la ciudadanía, con la convicción de que la información que posee el Estado debe ser accesible y pública. En este caso, la información que se brinda es a demanda.

A su vez, la transparencia activa “es la obligación del Estado de publicar”, completó Sierra. Esta difusión debe ser a través de portales, “viendo que contenido se debe tener, publicar y en qué formato”.

El objetivo concreto de la ley es mejorar la rendición de cuentas y las políticas públicas. Se busca garantizar el derecho de acceso a la información, regular mecanismos de acceso y procedimientos para su solicitud y promover la transparencia en la gestión pública.

La aprobación de la norma sucede luego del trabajo conjunto entre la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y el Ministerio de la provincia para el diseño y la implementación de mecanismos que permitan garantizar la transparencia, el acceso a la información y robustecer el debate público legislativo. 

Órgano garante

La Ley, además, establece la figura del órgano garante. El rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública -establecido por la Ley 27.275- es garantizar que el derecho se cumpla a nivel nacional.

“Asegura la posibilidad de que si hay un rechazo de una solicitud, el particular que solicitó pueda reclamar ante un organismo independiente”, afirmó la subsecretaria.