Participación ciudadana, acceso a la justicia, acceso a la información pública, el funcionamiento de los organismos de control y la fiscalización de los gastos de los partidos políticos son algunos de los temas que figuran en el informe “Hacia una agenda para la calidad democrática en la provincia de Tucumán”, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

El informe fue presentado recientemente y contiene un análisis en relación a varios ejes de la calidad de la democracia en Tucumán. Asimismo, plantea propuestas para que las falencias encontradas se reviertan para fortalecer las instituciones provinciales y el involucramiento de la ciudadanía en los temas políticos.

En diálogo con El Auditor.info, Marcelo Giullitti, abogado e integrante de ACIJ, se refirió a cómo realizaron el informe y cuáles fueron las observaciones más importantes. “La idea era construir un diagnóstico sólido que tenga información valiosa, conclusiones sobre el funcionamiento y propuestas para fortalecer las instituciones”, señaló Giullitti. El proyecto se replicará, con sus particularidades locales, en Córdoba y Salta.

“Entendiendo la calidad democrática como el buen funcionamiento de las instituciones y como la posibilidad de las personas de incidir en los asuntos públicos tanto en el diseño como en el control de las políticas”, explicó el abogado. El informe fue enviado a los tres poderes del Estado provincial.

El análisis realizado por ACIJ junto a participación de distintos sectores cuenta con seis partes: una introducción para entrar en contexto, un capítulo sobre representación electoral y financiamiento de campañas; otro sobre la igualdad de género en los cargos públicos; una cuarta sección sobre transparencia, acceso a la información pública y transparencia presupuestaria; un quinto capítulo sobre rendición de cuentas y participación ciudadana que contiene además un apartado sobre pauta oficial, medios públicos y libertad de expresión; y por último, una sección sobre organismos de control y poder judicial.

“Buscamos que sea un insumo para quienes toman decisiones, con propuestas concretas”, afirmó Giullitti. Los temas fueron elegidos a partir de las entrevistas realizadas con los actores de diferentes sectores.

¿Cuáles son los hallazgos?

Entre los hallazgos positivos, Giullitti remarcó que “nos sorprendió el alto nivel de paridad en los cargos públicos dentro del Poder Judicial. Es algo que no se da a nivel nacional ni en la mayoría de los Poderes Judiciales provinciales. Ha logrado un equilibrio que es muy valiosos”, señaló. Sin embargo, no sucede lo mismo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo donde se nota una gran desigualdad en el acceso a los cargos jerárquicos.

Entre los hallazgos menos felices se encuentra el funcionamiento del sistema electoral, “esto pasa en otras provincias, donde los sistemas electorales terminan favoreciendo a la fuerza política que se encuentre gobernando. Tucumán tiene un sistema de acoples que es parecido a la Ley de Lemas. Y hay muchas personas que se quedan sin ser representadas en el orden legislativo”, expresó el abogado. Se calcula que este año, el 20% de los votantes quedaron sin representación legislativa por este sistema de “acoples”.

El segundo problema del sistema electoral es la falta de transparencia y control del financiamiento de las campañas electorales. La ley provincial no exige que los aportes sean bancarizados por lo cual el único registro de los mismos lo realizan los propios partidos. Por otro lado, el órgano electoral no publica información de los balances por lo que se hace imposible el control ciudadano, según el informe.  

Acceso a la información

Tucumán es una de las tres provincias sin Ley de Acceso a la Información Pública. Tampoco se encuentra específicamente previsto en su Constitución provincial, aunque hay unas menciones en los artículos 24 y el 31. En los municipios no existen ordenanzas que regulen al respecto. Por todo esto y a pesar de las menciones constitucionales, el acceso a la información pública en Tucumán es nulo. “La falta de información es un obstáculo para que existan mecanismos formales de participación ciudadana”, añadió Giullitti.

En el caso de la transparencia presupuestaria el Poder Ejecutivo publica documentos mensuales pero con pocos detalles y en PDF con lo cual no pueden ser procesados ni reutilizados. Ni el Poder Legislativo ni el Judicial publican datos sobre su presupuesto anual.

Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán.
Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán.

Organismos de control

Siguiendo a Giullitti, “hay un problema tanto en el diseño como en el funcionamiento. Falta independencia de los organismos de control: el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. El Tribunal de Cuentas no funciona de manera independiente, no es un órgano que ejerza proactivamente el control y que haya tenido intervenciones públicas relevantes en los últimos años. La defensoría no logra motorizar las demandas sociales, ni representa los intereses de la ciudadanía y desde su funcionamiento es bastante discreto. Ha acompañado reclamos puntuales pero no tiene una vocación de defensa proactiva de los derechos de las personas”.

Para finalizar Giullitti remarcó que como ciudadanos “tenemos derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas y son derechos que por falta de herramientas terminan haciendo mella. Esperamos que este sea el puntapié para que la nueva gestión ponga sobre la mesa estas discusiones y que haya avances concretos”.