La Unión Europea prorrogó por 10 años la autorización para el uso del glifosato. Los estados miembros no lograron una mayoría cualificada en el Comité de Apelación para renovar o rechazar los permisos por lo que, obligados por la legislación de la UE, tuvieron que adoptar una decisión antes de que expire la aprobación actual.  

La continuación de los permisos será con mayores controles para la aplicación. La prohibición de su uso como secante de la cosecha y la adopción de determinadas medidas para proteger otros organismos. Además, cada país cuenta con capacidad para restringir su uso a nivel nacional.

La decisión se basó en la evaluación de seguridad de la Agencia Europea de Alimentos y la Agencia Europea de Productos Químicos sobre el impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, donde no se identificó áreas críticas de preocupación que impidieran una renovación de la aprobación.

La decisión fue celebrada por la empresa alemana Bayer y condenada por grupos agrícolas y ecologistas, como la Confederación Paysanne de Francia y GreenPeace, argumentando sobre los efectos negativos del glifosato sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Un estudio del Pesticide Action Network Europe, en conjunto con el Partido Verde del Parlamento Europeo, encontraron glifosato en las aguas de 11 de 12 países del continente. En 17 de 23 muestras el nivel de glifosato excedió los niveles máximos recomendados. 

Las muestras fueron tomadas luego del periodo agrícola, por lo que demuestra la generalización de la contaminación de las aguas. 

Control de Agrotóxicos en Argentina

La Auditoría General de la Nación analizó el uso de agroquímicos en el país a través de cinco informes. Cuatro fueron realizados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El restante fue realizado al Plan Nacional de Gestión de Plaguicidas de Uso Sanitario, dependiente de la Subsecretaría de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. 

En el último informe se evaluó cómo se evita la comercialización de productos de terapéutica vegetal que estén prohibidos por sus efectos negativos en la salud y el ambiente. Se encontró que el SENASA no controla como debería. Hay un déficit en materia de recursos humanos lo que involucra a varios agentes realizando diferentes tareas, por lo cual el trabajo de esas tareas se ve debilitado. 

En el resto de los informes la AGN pone en evidencia los débiles controles sobre los agroquímicos y productos de terapia vegetativa por parte del SENASA. Además, en todos hallaron debilidades en la fiscalización de los productos utilizados.