La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos halló que, desde marzo de 2020 hasta junio de 2023, al menos 1399 personas o empresas fueron declaradas culpables o responsables en casos de fraude relacionados con programas federales por la pandemia de COVID-19 y aún quedan más cargos pendientes.

En el informe la GAO explica que un par de meses después de comenzada la pandemia, el gobierno federal y el Congreso fueron proporcionando billones de dólares en fondos de ayuda tanto para responder al Covid como para superarlo. Las agencias del Ejecutivo “actuaron rápidamente para implementar nuevos programas y ampliar en gran medida los programas existentes”, indicaron.

Sucede que el contexto generó, según el organismo de control, “una demanda sin precedentes de beneficios”, lo cual hizo que aumente el riesgo de fraude desde los ciudadanos y desde los privados. Entre los delitos más comunes hubieron dos que fueron moneda corriente: fraude a beneficiarios (mentir para entrar en un programa de ayuda) y fraude de identidad (robar información personal de otra persona con el mismo objetivo).

Para la GAO lo que sucedió es que durante la pandemia las agencias federales no gestionaron estratégicamente los riesgos de fraude y no estaban adecuadamente preparadas para prevenirlos cuando comenzó la alta demanda. “Si bien eliminar todo el fraude no es un objetivo realista, existen recursos para lograr una gestión estratégica”, indicaron.

El propio organismo de control ya tenía creado el Marco de Riesgo de Fraude, conocido como Antifraud Resource, el cual proporciona prácticas y herramientas interactivas para ayudar a las agencias a combatir el delito. Contiene 142 recomendaciones de la GAO para que los distintos organismos alineen sus esfuerzos.

A su vez, la GAO también sugirió acciones que el Congreso puede tomar, como restablecer la presentación de informes de las agencias sobre la gestión del riesgo de fraude y mejorar las capacidades de análisis de datos. “Estas acciones y el uso de los recursos de la GAO por parte de las organismos, los posicionarían para prevenir mejor el fraude tanto en operaciones normales como en emergencias”, sostuvieron.

Como conclusión, el organismo de control sostuvo que la gestión del riesgo de fraude es responsabilidad de los directores de programas e incluye evaluar los potenciales delitos como implementar estrategias para mitigar adecuadamente los riesgos. Además, afirmaron que comprender mejor la naturaleza de estos esquemas delictivos y los recursos disponibles para combatirlos puede mejorar los esfuerzos para prevenir, detectar y responder al riesgo durante operaciones normales y emergencias.