Según un informe del Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Buenos Aires, en el país se generaron durante junio 2022 a junio 2023 más de 18 millones de toneladas de residuos peligrosos de los cuales solo se trataron el 7,10%.

El Observatorio genera informes bimestrales y anuales desde 2021. De los análisis se desprende la falta de tratamiento de los residuos peligrosos por parte de las empresas generadoras. En Argentina hay unas 402.711 compañías responsables de producir este tipo de desechos. Y unas 33.983 empresas que tratan estos residuos.

“En el último informe - realizado por el Observatorio - pudimos observar un aumento de la cantidad de residuos generados. Esto está relacionado con el crecimiento de la actividad minera durante el periodo analizado. También notamos un crecimiento en el procesamiento, pero se mantiene el porcentaje similar al informe anterior”, señaló Laureano Sammartino, director del Observatorio en comunicación con El Auditor.info.

En el análisis anterior, el organismo relevó 11 millones de toneladas de residuos peligrosos generadas de las cuales solo el 8% se trataba correctamente. En el nuevo estudio, notaron crecimiento en la generación, pero no se vio reflejado en el tratamiento. “No aumentó en cantidad proporcional en función de ese aumento de generación”, expresó Sammartino.

El 7,10% de los residuos peligrosos generados en el país son tratados

Desde el Observatorio envían un formulario online a las empresas, las cuales responden con la información solicitada. “Salvo las empresas nuevas que se van incorporando, es un proceso bastante sistematizado. Las empresas fueron aprendiendo a cargar los datos y designar un responsable de la tarea”

Observatorio de Residuos Peligrosos

El Observatorio surgió en 2021 gracias a un convenio que firmaron la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales (CATRIES), y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA). La misión de este organismo es monitorear los residuos generados, si son tratados adecuadamente y la contaminación ambiental producida.

Con sus informes buscan crear un nuevo Índice de Generación y Tratamiento para contar con información pública ambiental verificada de forma científica. Siguiendo a Sammartino, “el objetivo es generar este informe para poder contar con información que actualmente no existe en el sector público o privado. A partir de este informe esperamos que se genere normativa, controles y políticas concretas para atender la problemática”.

Controles y multas

En Argentina los controles que se realizan a los residuos peligrosos son. para Sammartino, nulos. “Realmente las provincias y el Estado Nacional, en la mayoría de los casos, no hacen nada para controlar cuántas empresas tratan estos desechos en el país”, alertó.

A partir de los datos que brindan las cámaras empresarias y las empresas, desde el Observatorio confeccionan los informes y realizan las estimaciones. “El tema es complejo y peligroso para la salud humana y el ambiente. La falta de tratamiento de residuos peligrosos puede contaminar cursos de aguas, la tierra, el aire y afectar la salud de las personas” , señaló Sammartino. “La industria agropecuaria, la manufacturera y la minería son las que en general más residuos peligrosos generan. También los patogénicos son importantes y hay una gran cantidad que no se están procesando debidamente”, agregó.

Para el director del Observatorio, esta problemática se podría resolver con mayores monitoreos.  “Sin controles y sin multas debidamente cuantificadas y valoradas es imposible. Pero independientemente de las multas, esto requiere control por parte del Estado Nacional, provincial e incluso los gobiernos locales. Además hay que garantizar que exista presupuesto para que estos monitoreos puedan hacerse”, aclaró.

En 2022 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la Ley 24.051 de residuos peligrosos. La iniciativa tiene como objetivo actualizar los montos de las multas aplicadas por infracción, los cuales tienen más de 30 años y están en australes convertibles. De esta forma, se propone fijar el valor de las sanciones en una escala de 900 a 9000 mil unidades retributivas, con lo cual, su actualización estaría atada a las paritarias de los sueldos estatales. De momento, las multas aplicadas rondan entre los $100 mil y los $300 mil, una suma que no cumple con su rol preventivo.

Con más de 400 mil empresas distribuidas por el país, “es muy difícil que la Nación pueda controlarlo, pero si pueden garantizar presupuestos, marco normativo, leyes actualizadas que permitan controlar a las provincias. Lo mismo para las provincias y municipios, porque todas las situaciones de contaminación se dan en localidades, y los intendentes se ven excedidos porque no disponen de las herramientas, ni de los presupuestos suficientes para remediar el daño ambiental que suele ser muy caro”, finalizó Sammartino.